En resumidas cuentas, las grandes empresas del sector se manifestaron en contra de las pequeñas industrias involucradas en el tema, o más concretamente las que no están integradas a su representación.
Entre los datos que se ofrecieron desde CIARA, se explicó que Argentina produce unas 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las pymes de biodiesel consumen apenas 650 mil toneladas anuales, por lo tanto con un mes y medio de producción se cubre todo el segmento.
El cuestionamiento que hacen los grandes industriales es porque las 28 plantas de biodiesel nunca invirtieron en producir su propio insumo principal. De alguna manera, quieren obligarlos a hacerse de los granos, del aceite y del producto final, sin ser una obligación fundamental para la industria.
Lo que explican es que en el país hay 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en ocho provincias y una capacidad instalada de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión. En este sentido, desde la Cámara manifiestan que el precio del aceite debe analizarse en relación con inversión, escala e integración productiva, pero no como un costo aislado. La ley original de 2006 buscaba promover nuevas empresas y competitividad, pero la falta de inversión contradice ese espíritu, explican.
Lo que no considera el texto son las contradicciones políticas vividas por el sector, donde los combustibles fósiles siempre superaron en el lobby legislativo y afectaron la rentabilidad real del sector, la recuperación de las inversiones originales y la estabilidad de un negocio que no tiene otro sustento más que la venta de bioetanol y biodiesel, donde la escala no permite integrar todo el proceso como pueden por diversidad de negocios las grandes.
Explica también CIARA que Argentina fue entre 2016 y 2018 el primer exportador mundial de biodiesel, con 2,8 millones de toneladas producidas y 1,8 millones exportadas, además de inversiones por más de USD 2.500 millones. Sin embargo, las trabas de Estados Unidos y la Unión Europea complicaron la continuidad de ese desarrollo. Lo que no se indica es que en medio hubo denuncias y sanciones por dumping en ambos destinos.
En su difusión, CIARA subraya que los derechos de exportación son impuestos distorsivos y no subsidios, aunque por momentos el negocio múltiple ha generado algunas ventanas de ganancias; y que el debate de fondo debe ser cómo construir una política que incentive inversión, eficiencia e integración productiva.
“No falta aceite, abundan empresas proveedoras. Lo que falta es una ley que promueva la participación activa de toda la industria”, concluye el mensaje en apoyo al proyecto de la senadora Bullrich.
Se hace referencia a uno de los cinco proyectos que están en debate y que el miércoles tendrán una suerte de puesta en común en la Comisión de Energía del Senado, antes de llegar al recinto.
Lo propuesto por Patricia Bullrich tiene un buen capítulo sobre bioetanol, porque con maíz y caña de azúcar no segmenta las capacidades productivas. Esto si sucede en el capítulo de biodiesel, donde hace una diferencia sobre la materia prima, diferenciando entre la propiedad de la materia prima. Esto es algo que se apunta para poder igualar en ambas producciones, para que sea equitativa la condición industrial.
Subyace en el planteo de las grandes la intención de hacerse fuertes por la posibilidad de tener en el caso de biodiesel el acceso directo y a mejores valores sobre el aceite de soja, producto que al tercerizarse en el procesamiento para su transformación se llega a vender con precios que llegan a oscilar entre 6 y 15% por encima del valor de exportación, ante volúmenes fijos que no abren la chance al crecimiento.
Con facturaciones en dólares y pagos donde la fluctuación del cambio siempre le genera riesgos a las empresas no integradas que compran el aceite, las ventas en el mercado interno para el corte de combustibles se hace en pesos y eso plantea desventajas económicas fundamentales.
Quizá la intención de las aceiteras sea fortalecer a sus propias plantas de biodiesel, sin embargo este quiebre que pretenden no hace más que debilitar al sector y seguir sumando a las petroleras, en una puja donde un mejor corte es la clave, pero que no logra sumar con consistencia, ni siquiera en tiempos de ventajas en valores a nivel global.
Con estos tironeos se puede llegar a desaprovechar la oportunidad de actualizar una ley fundamental para el sector.
Los biocombustibles tienen que acceder a acuerdos, más allá de los tamaños de industrias y sus representaciones, para que la expansión ansiada por todos sea una realidad.
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