Ahora Atilra apura al juez de la quiebra de SanCor porque sufre “un daño pecuniario y social irreparable”

Por Elida Thiery - Detrás de SanCor Cooperativas Unidas Limitada siempre hubo muchos intereses. Ya quebrada la láctea parecía todo encaminarse a una venta de activos ágil, sin embargo, un pedido de extensión de plazos a inicios de julio, sigue teniendo en la nada el destino de las plantas, pero sobre todo el de las personas, los 178 que quedaron vinculadas a ellas, aunque también de los más de mil despedidos en el último año y medio.
Con una presión creciente de quienes no cobran un centavo desde fines de 2024 y fueron despedidos en enero de 2025, los que se sumaron a comienzos de este año con la declaración de quiebra, ahora el sindicato sale a mostrar urgencia, pero sobre todo por sus propias finanzas.
Este martes, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina emitió un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional a través del que intensificó su reclamo al juez Marcelo Gelcich para que fije nuevas fechas en el proceso de liquidación, luego de que la Cámara de Apelaciones de Rafaela suspendiera el cronograma dispuesto, que para fines de julio debiera haber entregado las plantas.
El gremio advierte que la indefinición judicial agrava la crisis social y económica de los trabajadores y acreedores, mientras ocho empresas esperan poder presentar sus ofertas y la cooperativa permanece paralizada.
“Nos encontramos a nueve años desde que comenzara a adeudar salarios al personal, a un año y medio de la apertura concursal y a cuatro meses del dictado de quiebra, sin que aún se haya logrado un pronunciamiento de fondo firme que permita liquidar los bienes y abonar a los acreedores, pese a la existencia de múltiples oferentes dispuestos a invertir para reactivar la producción y suministrar ocupación efectiva”.
La organización sindical subraya que la demora está provocando un daño irreparable a los trabajadores y sus familias, muchos de ellos sin cobertura de salud y con indemnizaciones pendientes. Eso si, al momento de generar un bloqueo de diez meses a la empresa, de hacer caer los acuerdos de producción para terceros, parecía no haber tanta urgencia gremial.
El juez Gelcich había fijado un calendario con apertura de sobres para el 20 de julio, en el que se anotaron ocho interesados. Adecoagro, Savencia, Elcor, Punta del Agua, Fidulac, Jewel Especialidades SRL (Grupo Ceibo), Fransro SRL y Sancor Seguros. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a un recurso de Fidulac SA, encabezada por Gustavo Scaglione, cuestionando la validez del pliego y la fragmentación de los activos. Esa medida dejó sin fecha la licitación y generó incertidumbre sobre el futuro de la cooperativa, que desde hace meses permanece sin actividad en sus plantas.
Entre líneas, la mayor molestia del empresario de medios rosarino no serían los plazos, sino las condiciones de compra, que no pueden ser con dineros de terceros, mucho menos de fondos de inversión, a lo que se suma la fundamental presentación de los fondos en efectivo, teniendo en cuenta una valuación general que roza los 53 millones de dólares.
ATILRA remarcó que “la prolongada demora en la reactivación total de las plantas está provocando un daño pecuniario y social irreparable, tanto a los trabajadores y sus grupos familiares como al resto de los acreedores”. Primero el efecto financiero, luego el de las personas.
El gremio denuncia que las dilaciones benefician a quienes “especulan con el hambre y la necesidad” y advierte que no permanecerá pasivo. “Seguramente también comprenderán que no permaneceremos de brazos cruzados, y la necesidad de marchar, manifestarnos y peticionar, realizando las acciones legales sindicales previstas en el Art. 14 BIS de nuestra Constitución Nacional”.
El trasfondo revela una tensión creciente entre la necesidad de celeridad que plantea Gelcich, en nombre de los acreedores y los más de 700 trabajadores despedidos este año, sumados a los 450 de 2025 y las estrategias judiciales de Fidulac, que buscan ganar tiempo para conseguir financiamiento. A esto se añade una ruptura en el alineamiento de Atilra con el sindicato que se revelara hace unos meses, con un comunicado anterior.
La Cámara de Apelaciones, al frenar el proceso, dejó en suspenso la definición sobre el futuro de SanCor, generando un vacío que se traduce en más incertidumbre para la región, en tiempos donde se precisan reactivar plantas, con las capacidades de SanCor o las de Lácteos Verónica, otro caso que tiene al gremio en medio de las indefiniciones.
La organización sindical advierte que sus recursos para asistir a los trabajadores están agotados y que la situación se acerca a un límite crítico. De todas maneras, la gente vienen denunciando un abandono muy visible. “Durante este largo tiempo, con recursos propios y un gran esfuerzo, ATILRA brindó contención y asistencia solidaria que hoy se encuentra agotada, enfrentándose las y los compañeros a las puertas del hambre, la desesperación, el descontrol y la anarquía”.
La presión gremial busca que la Justicia retome el rumbo y evite que la crisis derive en un escenario de mayor conflictividad social. El pedido concreto es que el juez Gelcich convoque nuevamente a los oferentes y establezca un nuevo cronograma de venta, garantizando transparencia y participación.
Un contexto complejo, de muchos intereses cruzados se contrapone con las necesidades reales de cientos de trabajadores que durante años quedaron en medio de las ambiciones de una organización que perdió de vista el que debería ser su objetivo central, pugnar por los derechos de todas las personas representadas.