Se
trata de una puesta en común para dar respuesta definitiva a la
Justicia y determinar las condiciones para el artículo 4 de la
Ordenanza vigente, que fuera suspendido en 2023. Sin denuncias, ni
conflictos vigentes, la producción es la primera que aporta
especialistas para aclarar las dudas en el Concejo Municipal.
Con una agenda de exposiciones que desde el sector agropecuario se darán entre este lunes y el jueves, se inicia esta ronda de consultas en el Concejo Municipal, para luego dar lugar a los activistas ambientales, como contraparte.
La jueza Natalia Carinelli, subrogante de primera instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación, convocó a la Municipalidad a responder con plazo al mes de octubre sobre la definición en cuanto a los metros establecidos para las aplicaciones, que es el detalle del artículo 4, que fijaba distancias de aplicación, el que vuelve a ser el centro de la escena, pero ahora con un giro hacia la evidencia científica y la comparación internacional.
Cabe recordar que en la Ordenanza Municipal N° 5.331 de diciembre de 2021 se disponía una suerte de "cinturón ecológico", donde la prohibición de aplicaciones estaba dada hasta los 50 metros del límite periurbano, mientras que entre 51 y 200 metros se habilitaba la aplicación de fitosanitarios biológicos. Sin embargo, por el principio precautorio, en 2023 la Justicia local decidió anular el artículo para su revisión y volvió al establecimiento de las prohibiciones hasta los 200 metros.
Esto es precisamente lo que se evalúa ahora en el Concejo Municipal, para luego elevarlo al Ejecutivo y así responder al requerimiento judicial para su definición concreta. De todas maneras, durante las exposiciones hay legisladores que no prestan real atención, con charlas o dedicación a otras tareas en sus computadoras que nada tienen que ver con el tema.
Lejos ya de aquel proyecto descabellado que pretendía restringir hasta los dos mil metros las aplicaciones, para dar lugar a un gran negocio inmobiliario, la ciudad logró conservar su producción agropecuaria insignia, con buenas prácticas y sin registro alguno de denuncias por irregularidades al ahora de desarrollar las aplicaciones.
No es un problema de metros
José
Jáuregui, ingeniero agrónomo y reconocido divulgador fue uno de los
primeros expositores en la convocatoria. Planteó que “seguimos
hablando de restricciones de metros cuando el mundo ha avanzado a
otro tipo de legislaciones, a boquillas antideriva, a cortinas
forestales”. Para él, la discusión sobre la distancia es un
rezago frente a tecnologías que ya permiten reducir la deriva en
porcentajes superiores al 90%. “Hoy tenemos toda la información,
sabemos que lo importante es hacer un uso responsable, aplicar el
producto en condiciones adecuadas de humedad y sin viento. Las
restricciones de distancia tienen poco sentido”, afirmó.
Insistiendo
en que la sociedad debe incorporar mejor información. “Solo la
dosis hace al veneno. En nuestros hogares usamos insecticidas y
herbicidas sin cuestionarlo, pero cuando aparece un mosquito (máquina
aplicadora de fitosanitarios) en el campo se genera alarma. Falta
información y también nos falta como sector comunicar
mejor”.
Jáuregui aportó datos que dimensionan el tema.
Argentina ocupa el puesto 31 a nivel mundial en aplicación de
fitosanitarios por hectárea, con un promedio de 5 kilos, muy por
debajo de países con regulaciones más estrictas. El 75% de los
productos utilizados son clase 4, los menos tóxicos, y el uso de
clase 1 prácticamente desapareció. Recordó que las boquillas
antideriva reducen entre un 75 y un 90% la deriva, mientras que las
cortinas forestales pueden disminuirla hasta un 97,9% en condiciones
óptimas, aunque no son la única herramienta para tener en cuenta.
“Menos
relato, más datos”, sintetizó, tras enumerar estudios que el
glifosato es banda verde y que “se necesitan 22 veces más
glifosato que cafeína para generar un riesgo tóxico”, insistiendo
en que el concepto de dosis es central y aún cuesta que la sociedad
lo incorpore.
El contraste internacional refuerza la singularidad
de la situación local. Francia establece entre 5 y 20 metros de
distancia según cultivo y producto, Alemania 10 metros, Dinamarca
entre 5 y 100, Italia 30 en algunas regiones, California 400 metros
solo para escuelas en días de clase, mientras que Suecia y Flandes
no fijan metros rígidos sino restricciones certificadas de deriva.
En ese mapa, Rafaela aparece “en el top mundial” en términos
de restricción, lo que para los productores resulta
desproporcionado.
Teniendo en cuenta restricciones en otras
localidades que las impone la Justicia, sin criterio científico, ni
motivos directos de afección a las personas, “no hay ningún país
que tenga semejantes restricciones respecto a la distancia”.
Más
población, más alimentos
“Todos
los cambios productivos tienen que ser graduales. La agricultura
orgánica baja entre un 30 y un 40% la producción, lo que implica
más tierra para alimentar a la población. Hay necesidad de utilizar
estos productos para sostener el sistema de producción y poder vivir
como lo hacemos”, explicó.
También destacó que Argentina es
uno de los países más evolucionados en tecnología de aplicación
precisa, con sistemas de manejo integrado que permiten reducir el
impacto económico y ambiental. Jáuregui remarcó que “las
cortinas forestales pueden ser una buena herramienta si se quiere
aumentar la contención de la deriva, reducen entre el 50 y el 90% y
en condiciones óptimas llegan al 97,9%”. Señaló que entre 150 y
200 metros no hay más deriva si existe una cortina de diez metros de
altura, lo que demuestra que la tecnología y la planificación
pueden reemplazar la lógica de la distancia fija.
La discusión
que se abre en Rafaela no es menor. Se trata de encontrar un
equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad —social,
económico y ambiental— y hacerlo con respaldo científico, sin
perder de vista que la producción de alimentos es un sistema que
debe sostenerse en el tiempo.
Marcos Delfabro, referente de
Productores Unidos de Rafaela, sumó su mirada desde el plano
productivo. “Necesitamos dejar de debatir sobre este tema, porque
en la ciudad no hay conflictos reales sobre lo que se intenta
plantear desde algunos sectores. Los productores debemos enfocarnos
en nuestra tarea. Para eso estamos poniendo a disposición del
Concejo una serie de especialistas que sólo se basan en la ciencia
para demostrar de qué manera se cumple la producción de alimentos”.
Del mismo modo, enfatizó “hace más de seis años que venimos
argumentando la importancia de sostener al campo en la ciudad de
Rafaela, por su impacto positivo para toda la comunidad, no sólo por
la producción de materias primas y su posterior industrialización,
sino por la consecuencia social, por el trabajo sostenido de muchas
familias y el sustento de centenares de personas en Rafaela y la
región”.
En
consonancia con los expuesto por Jáuregui, subrayó que la
intensificación agrícola no es un capricho, sino una respuesta al
aumento poblacional y a la necesidad de aprovechar la tierra
disponible, dando respuesta a una mayor demanda de alimentos a nivel
global.
La respuesta de octubre será una oportunidad para que
la Municipalidad, los productores, los profesionales y la sociedad
puedan acordar con datos, con evidencia y con la mirada puesta en un
futuro más racional y equilibrado.
El desafío será transformar
la distancia en un concepto más amplio, que contemple tecnología,
comunicación y confianza social y que permita que Rafaela deje de
ser un caso extremo para convertirse en un ejemplo de regulación
inteligente.

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