Ayer no se cumplió el encuentro habitual, por motivos no dados a conocer desde el Ministerio de Agricultura. Se corta así una seguidilla de citas tendientes a resolver la situación de los productores más complicados por el fenómeno, coincidiendo con declaraciones desafortunadas de la Presidenta y el Ministro Yauhar.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - La alternativa de plantear una posible obligatoriedad en los seguros por sequía a la producción agrícola-ganadera nacional fue la posibilidad menos feliz que encontró el Gobierno para comenzar a justificar la intención de no brindar ninguna ayuda a los territorios afectados por la falta de lluvia.
Más allá de algunos pagos que se hicieron a través del fondo dispuesto por presupuesto de 500 millones de pesos para emergencias, entre lo que se incluyó la única entrega, al momento, de cinco millones de pesos para el departamento santafesino de Nueve de Julio, con ciertos otorgamientos para el sur del país, desde el inicio de los encuentros de la Comisión Nacional de Emergencia estaba clara la intención de no dispensar más ayuda que la mínima.
Se dijo en el Suplemento Rural de LA OPINION que las palabras indicaban una positiva intención, pero que el trasfondo era claro de negativa. Así es.
El jueves 9, el encuentro habitual de la Comisión que reúne a representantes de provincias, con las cuatro entidades del campo y el Gobierno Nacional, debió pasar a un cuarto intermedio. Segundas líneas del Ministerio comenzaron a desdecir lo anunciado por el propio Ministro Yauhar, entonces los créditos en vez de poder ayudar iban a complicar las economías de quienes accedieran a ellos en plazos y condiciones distorsivas. Sumado a esto, las nuevas declaraciones de zonas en emergencia tampoco habían avanzado en siete días y fue por eso que se había determinado entre las partes, aplazar las decisiones por una semana.
La señora Presidenta tiró públicamente la temática de los seguros, sin tener en cuenta oportunismo temporal, costos, posibilidades, sumándose luego el Ministro, para llegar al cierre de esta semana sólo con retrocesos.
El miércoles las entidades, al no haber recibido la invitación, con lugar y hora, además de la orden del día del encuentro que se debía dar ayer, se encontraron con la novedad de una negativa de comunicación en la que sólo se les expresó la cancelación del encuentro que desde el inicio de enero se venía dando de manera sostenida todos los jueves. No hubo explicaciones del caso; y esto no pudo evitar las conjeturas.
El Gobierno recorta subsidios de todos lados, niega ayudas y al encontrarse con una falta de liquidez que tendrá mucho que ver con la sequía, por el recorte en impuestos generales y retenciones que se dará en los próximos meses, prefiere callar, no afrontar las responsabilidades adquiridas y pregonadas. Resulta que hace unos días ayudar a quienes padecían la sequía era una cuestión esencial de la política, dependiendo las definiciones de un informe en detalle del INTA que en un mes y medio jamás se conoció, desvirtuado todo esto ahora, cuando parece que en el debe y el haber de los números nacionales no hay posibilidades de alternativas extraordinarias.
Esta administración demuestra una vez más la política de la improvisación, de analizar sobre los hechos las posibilidades. El campo está cansado de esto; y como en 2008, lo hace saber.
Antes que se manifiesten los tamberos de todo el país, el miércoles 14 de marzo con el reparto de leche frente a los supermercados de diferentes localidades y con un precio por demás retrasado, luego de la suba de costos y la inflación conocida por todos; habrá en la localidad bonaerense de Chacabuco un plenario convocado por Carbap, al que asistirán los titulares de la Comisión de Enlace. El jueves 23, los presidentes de CRA, Rubén Ferrero; de Coninagro, Carlos Garetto; de FAA, Eduardo Buzzi; y de la SRA, Hugo Biolcatti, estarán en una asamblea generada en una de las zonas afectadas por el clima, para debatir la forma en la que se continuará en estrategias de reclamo y posibles acciones.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - La alternativa de plantear una posible obligatoriedad en los seguros por sequía a la producción agrícola-ganadera nacional fue la posibilidad menos feliz que encontró el Gobierno para comenzar a justificar la intención de no brindar ninguna ayuda a los territorios afectados por la falta de lluvia.
Más allá de algunos pagos que se hicieron a través del fondo dispuesto por presupuesto de 500 millones de pesos para emergencias, entre lo que se incluyó la única entrega, al momento, de cinco millones de pesos para el departamento santafesino de Nueve de Julio, con ciertos otorgamientos para el sur del país, desde el inicio de los encuentros de la Comisión Nacional de Emergencia estaba clara la intención de no dispensar más ayuda que la mínima.
Se dijo en el Suplemento Rural de LA OPINION que las palabras indicaban una positiva intención, pero que el trasfondo era claro de negativa. Así es.
El jueves 9, el encuentro habitual de la Comisión que reúne a representantes de provincias, con las cuatro entidades del campo y el Gobierno Nacional, debió pasar a un cuarto intermedio. Segundas líneas del Ministerio comenzaron a desdecir lo anunciado por el propio Ministro Yauhar, entonces los créditos en vez de poder ayudar iban a complicar las economías de quienes accedieran a ellos en plazos y condiciones distorsivas. Sumado a esto, las nuevas declaraciones de zonas en emergencia tampoco habían avanzado en siete días y fue por eso que se había determinado entre las partes, aplazar las decisiones por una semana.
La señora Presidenta tiró públicamente la temática de los seguros, sin tener en cuenta oportunismo temporal, costos, posibilidades, sumándose luego el Ministro, para llegar al cierre de esta semana sólo con retrocesos.
El miércoles las entidades, al no haber recibido la invitación, con lugar y hora, además de la orden del día del encuentro que se debía dar ayer, se encontraron con la novedad de una negativa de comunicación en la que sólo se les expresó la cancelación del encuentro que desde el inicio de enero se venía dando de manera sostenida todos los jueves. No hubo explicaciones del caso; y esto no pudo evitar las conjeturas.
El Gobierno recorta subsidios de todos lados, niega ayudas y al encontrarse con una falta de liquidez que tendrá mucho que ver con la sequía, por el recorte en impuestos generales y retenciones que se dará en los próximos meses, prefiere callar, no afrontar las responsabilidades adquiridas y pregonadas. Resulta que hace unos días ayudar a quienes padecían la sequía era una cuestión esencial de la política, dependiendo las definiciones de un informe en detalle del INTA que en un mes y medio jamás se conoció, desvirtuado todo esto ahora, cuando parece que en el debe y el haber de los números nacionales no hay posibilidades de alternativas extraordinarias.
Esta administración demuestra una vez más la política de la improvisación, de analizar sobre los hechos las posibilidades. El campo está cansado de esto; y como en 2008, lo hace saber.
Antes que se manifiesten los tamberos de todo el país, el miércoles 14 de marzo con el reparto de leche frente a los supermercados de diferentes localidades y con un precio por demás retrasado, luego de la suba de costos y la inflación conocida por todos; habrá en la localidad bonaerense de Chacabuco un plenario convocado por Carbap, al que asistirán los titulares de la Comisión de Enlace. El jueves 23, los presidentes de CRA, Rubén Ferrero; de Coninagro, Carlos Garetto; de FAA, Eduardo Buzzi; y de la SRA, Hugo Biolcatti, estarán en una asamblea generada en una de las zonas afectadas por el clima, para debatir la forma en la que se continuará en estrategias de reclamo y posibles acciones.
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