Entre el martes y el jueves, distintos sectores decidirán acciones de reclamo ante una inmovilidad ejecutiva. Tamberos y zonas de sequía, entre las alternativas críticas de hace años, piden ayuda y desde la Nación, sólo hay anuncios, compromisos vanos y opciones inconsistentes.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - Ya está perdida la cuenta sobre la cantidad de veces que los dirigentes del campo, e incluso los mismos productores levantaron su voz para reclamar previsibilidad, dentro de lo que a políticas se refiere la actividad en agropecuaria. Sumada a la inestabilidad que propone la conducción nacional, la sequía generó una mella más en un vínculo jamás sanado desde mucho antes de 2008. La necesidad de respuestas, de asistencia, imprimió una urgencia particular en muchos de los que generan un volumen impositivo interesante a la hora de cobrarlo, pero casi despreciable al momento de atenderlo.
Sinceramente, las reuniones de la Comisión de Emergencia convocadas por el Ministerio de Agricultura nacional, siempre permitieron abrir un espectro de duda en cuanto a la convicción oficial sobre la ayuda. Era el comienzo de enero, cuando la falta de precipitaciones seguía siendo una realidad dolorosa en gran parte del país y se iniciaban los encuentros. Quienes andan en esto del campo pudieron oler, así como se hace con la misma lluvia antes que llegue, que la situación iba para largo.
Pasaron cinco encuentros y nada de lo tratado en ese espacio de tan reiteradas fotos del Ministerio pudo ver la luz.
Pasaron los presidentes de las cuatro entidades que conforman la Comisión de Enlace, se llevaron propuestas y diversas alternativas de ayuda, pero nada consiguió destrabar una definición que de antemano parece tomada.
Al inflar los números de una supuesta ayuda, el Gobierno creyó conformar a todos los sectores. Se sumaron los 500 millones disponibles del fondo de emergencia a unos supuestos 1.500 millones de créditos a través del Banco Nación; y a otros 800 que quizá daría el Banco Provincia de Buenos Aires, con lo cual hace dos semanas eran inmensos anunciando ayudas por 2.800 millones que hoy no están ni cerca de activarse. Lejos de tasas al ocho por ciento subsidiadas con plazos a cinco años, ahora encuentran condiciones distorsivas para el objetivo que dio origen a este esfuerzo por ayudas.
Ya lo decíamos desde nuestras páginas y el tiempo parece encaminarse a ello, la poca voluntad de acción sigue firme; y ante esto el campo no está dispuesto a aceptar el agravio.
Las voces oficiales hablan de una continuidad de reuniones por la emergencia, sin embargo los que de ellas participaron no opinan lo mismo.
La seguidilla de encuentros tuvo un quiebre el jueves pasado, se pasó a “un cuarto intermedio” de siete días ya que “lo que el Gobierno propuso en cuestiones crediticias no llega a ser ni el cinco por ciento de lo que nosotros esperamos, o mejor dicho, lo que nos planteó el Ministro Yauhar, cinco días atrás de ello”. La decepción es parte fundamental de la relación campo-Gobierno, sin embargo las entidades, tal como confirmara LA OPINION, “decidimos esperar una semana para no romper relaciones; y que sea el Gobierno el que revise nuevamente las propuestas hechas”, comentó uno de los presentes a este medio, que remarcó lo más saliente de un encuentro con segundas líneas del Ministerio.
Las discusiones fueron muchas e intensas el jueves, no hubo entendimiento posible entre las cuatro entidades y el Ministerio. No hay ayudas para los productores y en esto no habrá negociación posible con la Comisión de Enlace, “porque las pérdidas están y existen”, dicen los representantes de los productores que buscan beneficios de ayuda.
La intención del campo no es romper el diálogo, pero a la par, la del Gobierno es no avanzar.
Esta semana, todas las entidades analizarán la situación, teniendo en cuenta que la sequía acecha desde diciembre, que desde hace un mes y medio hay tratativas de auxilio que no avanzan y que los que perdieron lotes enteros de siembra, quienes tuvieron que salir a descartar animales, e incluso tuvieron bajas por la falta de agua entre los rodeos, no entienden de relaciones tortuosas y encuentros inconducentes.
Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas tienen entre martes y miércoles encuentros para este análisis y de allí surgirán propuestas de reclamo, de no mediar soluciones concretas. Queda la definición de la tensión del lado del Ministerio, que deberá saber actuar consistentemente para evitar alterar un ánimo sostenido en la calma luego de julio de 2008.
A todo esto, los decretos de emergencia que en los últimos encuentros habían pedido las provincias de Buenos, Aires, Entre Ríos y Santa Fe, aprobados por la Comisión Nacional, aún no están activos, lo cual es poco entendible si se considera que los pedidos se hacen por condiciones extremas en cada territorio.
EL SEGUNDO
PAGO, LEJOSFue el pasado 23 de enero que el Ministro de Agricultura percibió desde la ventanilla de un avión lo que era la sequía en el Departamento Nueve de Julio. Sólo aterrizó para entregar cheques por cinco millones de pesos; y retomó su agenda en Buenos Aires. Sin pisar la tierra seca, el funcionario que comprometió 15 millones en total para ese sector de Santa Fe aún no tiene estimado cuándo será el segundo pago del acuerdo que rubricó con el Gobernador Bonfatti.
El norte provincial también espera.
TAMBEROS
ACTIVOSSerá la Comisión de Lechería de Federación Agraria Argentina la que este martes se reúna en Rosario para tomar una decisión concreta en cuanto a activar una lucha por la recomposición del precio por litro, que es la medida de pago que se sigue utilizando hasta que la liquidación única reine en el sector.
Con un consenso inédito, tamberos de la Mesa Nacional y sus opuestos, más ligados al Gobierno, acordaron hace semanas pedir conjuntamente una mejora del 15 por ciento del precio que ronda los 1,40 a 1,50 peso por unidad de medida, a partir de la liquidación de enero. Sin embargo, las industrias y el Gobierno, en la figura del Subsecretario de Lechería negaron esa opción trasladando ciertas posibilidades a partir de los pagos de marzo, pero sólo con un ocho por ciento de suba, mientras desde Comercio Interior se habilitaron aumentos para los lácteos al consumidor, una vez más.
Precios relegados con una inflación cercana al 30 por ciento anual, con sequía mediante, hablan de una situación atendible, pero que una vez más es pasada de largo por quienes deben mediar entre partes, claro que sin atención alguna a las distorsiones que el segmento comercial genera en la cadena. Una historia cíclica, difícil y sin mandantes coherentes.
Claramente habrá protestas, a las que se sumarían los productores trigueros, tan afectados por los recortes en la exportación, a pesar de la vigencia de un sistema irregular de ventas; así como los ganaderos, que padecen las malas decisiones desde el año 2006, entre tantos otros productores regionales.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - Ya está perdida la cuenta sobre la cantidad de veces que los dirigentes del campo, e incluso los mismos productores levantaron su voz para reclamar previsibilidad, dentro de lo que a políticas se refiere la actividad en agropecuaria. Sumada a la inestabilidad que propone la conducción nacional, la sequía generó una mella más en un vínculo jamás sanado desde mucho antes de 2008. La necesidad de respuestas, de asistencia, imprimió una urgencia particular en muchos de los que generan un volumen impositivo interesante a la hora de cobrarlo, pero casi despreciable al momento de atenderlo.
Sinceramente, las reuniones de la Comisión de Emergencia convocadas por el Ministerio de Agricultura nacional, siempre permitieron abrir un espectro de duda en cuanto a la convicción oficial sobre la ayuda. Era el comienzo de enero, cuando la falta de precipitaciones seguía siendo una realidad dolorosa en gran parte del país y se iniciaban los encuentros. Quienes andan en esto del campo pudieron oler, así como se hace con la misma lluvia antes que llegue, que la situación iba para largo.
Pasaron cinco encuentros y nada de lo tratado en ese espacio de tan reiteradas fotos del Ministerio pudo ver la luz.
Pasaron los presidentes de las cuatro entidades que conforman la Comisión de Enlace, se llevaron propuestas y diversas alternativas de ayuda, pero nada consiguió destrabar una definición que de antemano parece tomada.
Al inflar los números de una supuesta ayuda, el Gobierno creyó conformar a todos los sectores. Se sumaron los 500 millones disponibles del fondo de emergencia a unos supuestos 1.500 millones de créditos a través del Banco Nación; y a otros 800 que quizá daría el Banco Provincia de Buenos Aires, con lo cual hace dos semanas eran inmensos anunciando ayudas por 2.800 millones que hoy no están ni cerca de activarse. Lejos de tasas al ocho por ciento subsidiadas con plazos a cinco años, ahora encuentran condiciones distorsivas para el objetivo que dio origen a este esfuerzo por ayudas.
Ya lo decíamos desde nuestras páginas y el tiempo parece encaminarse a ello, la poca voluntad de acción sigue firme; y ante esto el campo no está dispuesto a aceptar el agravio.
Las voces oficiales hablan de una continuidad de reuniones por la emergencia, sin embargo los que de ellas participaron no opinan lo mismo.
La seguidilla de encuentros tuvo un quiebre el jueves pasado, se pasó a “un cuarto intermedio” de siete días ya que “lo que el Gobierno propuso en cuestiones crediticias no llega a ser ni el cinco por ciento de lo que nosotros esperamos, o mejor dicho, lo que nos planteó el Ministro Yauhar, cinco días atrás de ello”. La decepción es parte fundamental de la relación campo-Gobierno, sin embargo las entidades, tal como confirmara LA OPINION, “decidimos esperar una semana para no romper relaciones; y que sea el Gobierno el que revise nuevamente las propuestas hechas”, comentó uno de los presentes a este medio, que remarcó lo más saliente de un encuentro con segundas líneas del Ministerio.
Las discusiones fueron muchas e intensas el jueves, no hubo entendimiento posible entre las cuatro entidades y el Ministerio. No hay ayudas para los productores y en esto no habrá negociación posible con la Comisión de Enlace, “porque las pérdidas están y existen”, dicen los representantes de los productores que buscan beneficios de ayuda.
La intención del campo no es romper el diálogo, pero a la par, la del Gobierno es no avanzar.
Esta semana, todas las entidades analizarán la situación, teniendo en cuenta que la sequía acecha desde diciembre, que desde hace un mes y medio hay tratativas de auxilio que no avanzan y que los que perdieron lotes enteros de siembra, quienes tuvieron que salir a descartar animales, e incluso tuvieron bajas por la falta de agua entre los rodeos, no entienden de relaciones tortuosas y encuentros inconducentes.
Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas tienen entre martes y miércoles encuentros para este análisis y de allí surgirán propuestas de reclamo, de no mediar soluciones concretas. Queda la definición de la tensión del lado del Ministerio, que deberá saber actuar consistentemente para evitar alterar un ánimo sostenido en la calma luego de julio de 2008.
A todo esto, los decretos de emergencia que en los últimos encuentros habían pedido las provincias de Buenos, Aires, Entre Ríos y Santa Fe, aprobados por la Comisión Nacional, aún no están activos, lo cual es poco entendible si se considera que los pedidos se hacen por condiciones extremas en cada territorio.
EL SEGUNDO
PAGO, LEJOSFue el pasado 23 de enero que el Ministro de Agricultura percibió desde la ventanilla de un avión lo que era la sequía en el Departamento Nueve de Julio. Sólo aterrizó para entregar cheques por cinco millones de pesos; y retomó su agenda en Buenos Aires. Sin pisar la tierra seca, el funcionario que comprometió 15 millones en total para ese sector de Santa Fe aún no tiene estimado cuándo será el segundo pago del acuerdo que rubricó con el Gobernador Bonfatti.
El norte provincial también espera.
TAMBEROS
ACTIVOSSerá la Comisión de Lechería de Federación Agraria Argentina la que este martes se reúna en Rosario para tomar una decisión concreta en cuanto a activar una lucha por la recomposición del precio por litro, que es la medida de pago que se sigue utilizando hasta que la liquidación única reine en el sector.
Con un consenso inédito, tamberos de la Mesa Nacional y sus opuestos, más ligados al Gobierno, acordaron hace semanas pedir conjuntamente una mejora del 15 por ciento del precio que ronda los 1,40 a 1,50 peso por unidad de medida, a partir de la liquidación de enero. Sin embargo, las industrias y el Gobierno, en la figura del Subsecretario de Lechería negaron esa opción trasladando ciertas posibilidades a partir de los pagos de marzo, pero sólo con un ocho por ciento de suba, mientras desde Comercio Interior se habilitaron aumentos para los lácteos al consumidor, una vez más.
Precios relegados con una inflación cercana al 30 por ciento anual, con sequía mediante, hablan de una situación atendible, pero que una vez más es pasada de largo por quienes deben mediar entre partes, claro que sin atención alguna a las distorsiones que el segmento comercial genera en la cadena. Una historia cíclica, difícil y sin mandantes coherentes.
Claramente habrá protestas, a las que se sumarían los productores trigueros, tan afectados por los recortes en la exportación, a pesar de la vigencia de un sistema irregular de ventas; así como los ganaderos, que padecen las malas decisiones desde el año 2006, entre tantos otros productores regionales.
Comentarios