EN EL MARCO DE LA REFORMA TRIBUTARIA, RECHAZO A LA SUBA DESMEDIDA DEL INMOBILIARIO RURAL
Tanto la Sociedad Rural de Rafaela, como el Distrito XII de Federación Agraria Argentina, rechazan el modo de ajustar cuentas del estado provincial. Con el pedido de un encuentro con funcionarios, todas las entidades intentarán reflejar una realidad de precios estables, ante una inflación y suba de costos exagerada. Triplicar la recaudación sectorial es lo que quiere la Provincia.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - Mientras el oficialismo provincial ya no sabe cómo acomodar la economía desestabilizada que en los últimos cuatro años se llenó de creación de cargos y de gastos excesivos, se terminó de confirmar la semana anterior que la administración Bonfatti proyecta triplicar la recaudación en el Inmobiliario Rural, además de generar otros artilugios que den liquidez a la caja santafesina.
Fue el ministro de Economía de la provincia, Angel Sciara, quien aseguró la semana anterior que el gobierno pretende triplicar la emisión del impuesto inmobiliario rural, de 200 a 600 millones de pesos anuales, a través del proyecto de readecuación tributaria que enviará próximamente a la Legislatura, luego de intentar la aprobación de la emisión de 556 millones de pesos en letras, donde la suba del impuesto a la propiedad, tanto urbana como rural, es el nudo de los cambios fiscales, que en teoría darán más beneficios a municipios y comunas.
Desde la Sociedad Rural de Rafaela, alineando la postura de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Fernando Calcha explica que “luego de haberse atravesado una sequía tremenda, con los precios estables en la leche y los granos, porque valen exactamente lo mismo que hace un año, ante una suba de costos que ronda el 30 por ciento, se nos hace difícil afrontar una nueva suba de impuestos”. Lo que el presidente de la entidad indicó es que no sólo en el campo, como en la ciudad se debería encarar esta remarcación, sino que hay que tener en cuenta que ya con el aumento de la tarifa de la EPE, para muchos tambos se desestabiliza la economía y la administración, teniendo en cuenta la dependencia de los equipos de frío para conservar la materia prima.
“Desde 2009 hemos sacado comunicados en los que estábamos en contra de los aumentos de impuestos, locales, nacionales y provinciales, aún sabiendo que el Inmobiliario Rural está desfasado, pero este no es el momento; y mucho menos de la manera en la que se lo pretende hacer”. Calcha apuesta a que al menos la administración provincial “presente un plan de obras en el que se vaya a invertir el dinero extra que se va a recaudar”.
Están paralizados los trabajos en cuanto a la extensión de la red eléctrica, el mantenimiento y/o ripiado de los caminos rurales, la promoción de obras en los comités de cuenca para mejorar los desagües, e incluso una mejora en la seguridad rural, todos temas dependientes de la provincia y descuidados, sobre todo en los últimos años.
“Hoy tenemos caminos trazados hace 120 años, que o se han perdido, o que no sirven para circular con la maquinaria actual que es muy ancha”, entre uno de los detalles destacados en la falta de obra.
Ante la intención de exigir más, la provincia deberá enfrentar más pedidos por parte de la producción.
Desde Federación Agraria Argentina existe una postura que también analiza la intención de las provincias de incrementar su caja a través de lo que aporta el campo. Es así que el Distrito XII, que abarca nuestra zona, reconoce el atraso de un Impuesto Inmobiliario que tiene varias décadas de atraso, sin embargo “consideramos que el aumento es desmedido, al darse todo junto, en vez de poder hacerlo más progresivo. En vez de aumentar un 300 por ciento de golpe, se podría repartir de a un 50 por ciento en unos años”. Diego Sara, el presidente de FAA Presidente Roca, remarcó en diálogo con LA OPINION que “en este momento el productor está viendo que las cosechas van a ser mucho menores a lo que se calculaba, que el precio de la leche no se recompone, entonces este es el momento desacertado”.
“Lo que vemos como más grave es el revalúo fiscal de las tierras. El proyecto que FAA recibió es que por ejemplo, en la zona de Rafaela, una hectárea de campo que estaba a 1.100 pesos, obviamente muy atrasado el valor, va a pasar a 45 mil pesos. Eso va a repercutir directamente en el pago de los impuestos relacionados a bienes personales, a ganancias”. Sara entiende que “los diputados y senadores provinciales tendrán que analizar la situación de los productores, porque los más grandes siempre son los que menos pagan, porque el cobro se da por partidas y no por propiedades. Hay muchas vueltas que se deben analizar en profundidad, para no seguir atacando al pequeño productor”.
Las cuatro entidades madre del campo están trabajando en este aspecto, atendiendo a las situaciones planteadas en cada territorio. En Santa Fe, las posturas coinciden, “no estamos en contra de una actualización, pero no se puede dar ahora”, según Diego Sara, que coincide con la mirada de la SRR y su bagaje institucional. Es por eso que se avanzará en el pedido de una audiencia al Gobierno Provincial, para que tanto economía como Producción puedan recibir a representantes de todos los sectores agropecuarios y de cada rincón provincial, para poder plantear alternativas a la medida, realidades concretas -como es el caso del norte y la pérdida de cosechas y ganado-, para combinar una medida consensuada que favorezca a la provincia, sin herir a este segmento productivo tan fundamental para la recaudación santafesina.
Tanto la Sociedad Rural de Rafaela, como el Distrito XII de Federación Agraria Argentina, rechazan el modo de ajustar cuentas del estado provincial. Con el pedido de un encuentro con funcionarios, todas las entidades intentarán reflejar una realidad de precios estables, ante una inflación y suba de costos exagerada. Triplicar la recaudación sectorial es lo que quiere la Provincia.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - Mientras el oficialismo provincial ya no sabe cómo acomodar la economía desestabilizada que en los últimos cuatro años se llenó de creación de cargos y de gastos excesivos, se terminó de confirmar la semana anterior que la administración Bonfatti proyecta triplicar la recaudación en el Inmobiliario Rural, además de generar otros artilugios que den liquidez a la caja santafesina.
Fue el ministro de Economía de la provincia, Angel Sciara, quien aseguró la semana anterior que el gobierno pretende triplicar la emisión del impuesto inmobiliario rural, de 200 a 600 millones de pesos anuales, a través del proyecto de readecuación tributaria que enviará próximamente a la Legislatura, luego de intentar la aprobación de la emisión de 556 millones de pesos en letras, donde la suba del impuesto a la propiedad, tanto urbana como rural, es el nudo de los cambios fiscales, que en teoría darán más beneficios a municipios y comunas.
Desde la Sociedad Rural de Rafaela, alineando la postura de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Fernando Calcha explica que “luego de haberse atravesado una sequía tremenda, con los precios estables en la leche y los granos, porque valen exactamente lo mismo que hace un año, ante una suba de costos que ronda el 30 por ciento, se nos hace difícil afrontar una nueva suba de impuestos”. Lo que el presidente de la entidad indicó es que no sólo en el campo, como en la ciudad se debería encarar esta remarcación, sino que hay que tener en cuenta que ya con el aumento de la tarifa de la EPE, para muchos tambos se desestabiliza la economía y la administración, teniendo en cuenta la dependencia de los equipos de frío para conservar la materia prima.
“Desde 2009 hemos sacado comunicados en los que estábamos en contra de los aumentos de impuestos, locales, nacionales y provinciales, aún sabiendo que el Inmobiliario Rural está desfasado, pero este no es el momento; y mucho menos de la manera en la que se lo pretende hacer”. Calcha apuesta a que al menos la administración provincial “presente un plan de obras en el que se vaya a invertir el dinero extra que se va a recaudar”.
Están paralizados los trabajos en cuanto a la extensión de la red eléctrica, el mantenimiento y/o ripiado de los caminos rurales, la promoción de obras en los comités de cuenca para mejorar los desagües, e incluso una mejora en la seguridad rural, todos temas dependientes de la provincia y descuidados, sobre todo en los últimos años.
“Hoy tenemos caminos trazados hace 120 años, que o se han perdido, o que no sirven para circular con la maquinaria actual que es muy ancha”, entre uno de los detalles destacados en la falta de obra.
Ante la intención de exigir más, la provincia deberá enfrentar más pedidos por parte de la producción.
Desde Federación Agraria Argentina existe una postura que también analiza la intención de las provincias de incrementar su caja a través de lo que aporta el campo. Es así que el Distrito XII, que abarca nuestra zona, reconoce el atraso de un Impuesto Inmobiliario que tiene varias décadas de atraso, sin embargo “consideramos que el aumento es desmedido, al darse todo junto, en vez de poder hacerlo más progresivo. En vez de aumentar un 300 por ciento de golpe, se podría repartir de a un 50 por ciento en unos años”. Diego Sara, el presidente de FAA Presidente Roca, remarcó en diálogo con LA OPINION que “en este momento el productor está viendo que las cosechas van a ser mucho menores a lo que se calculaba, que el precio de la leche no se recompone, entonces este es el momento desacertado”.
“Lo que vemos como más grave es el revalúo fiscal de las tierras. El proyecto que FAA recibió es que por ejemplo, en la zona de Rafaela, una hectárea de campo que estaba a 1.100 pesos, obviamente muy atrasado el valor, va a pasar a 45 mil pesos. Eso va a repercutir directamente en el pago de los impuestos relacionados a bienes personales, a ganancias”. Sara entiende que “los diputados y senadores provinciales tendrán que analizar la situación de los productores, porque los más grandes siempre son los que menos pagan, porque el cobro se da por partidas y no por propiedades. Hay muchas vueltas que se deben analizar en profundidad, para no seguir atacando al pequeño productor”.
Las cuatro entidades madre del campo están trabajando en este aspecto, atendiendo a las situaciones planteadas en cada territorio. En Santa Fe, las posturas coinciden, “no estamos en contra de una actualización, pero no se puede dar ahora”, según Diego Sara, que coincide con la mirada de la SRR y su bagaje institucional. Es por eso que se avanzará en el pedido de una audiencia al Gobierno Provincial, para que tanto economía como Producción puedan recibir a representantes de todos los sectores agropecuarios y de cada rincón provincial, para poder plantear alternativas a la medida, realidades concretas -como es el caso del norte y la pérdida de cosechas y ganado-, para combinar una medida consensuada que favorezca a la provincia, sin herir a este segmento productivo tan fundamental para la recaudación santafesina.
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