Por Elida Thiery (redacción LA OPINION) - En gastronomía se habla de maridajes, para entender las combinaciones correctas de platos, ingredientes, e incluso de las bebidas con ciertas comidas. Esta misma lógica la podemos aplicar a muchas cuestiones, sobre todo las relacionadas con la política, con énfasis en la agropecuaria.
En un mismo plato las mezclas no resisten muchos paladares. Salvo algunas carnes vacunas con algo de jamón, o el atún casi oculto en el clásico vittel tonnè, no es factible entrecruzar demasiado y con éxito estas fuentes de proteína animal.
Puede que de esta manera se entiendan algunos arrebatos recientes del Gobierno, pero en este llamado a la lógica se encuentre la alternativa de no superponer, sino acomodar las cuestiones.
Esta referencia culinaria está dada sobre la iniciativa presentada el jueves por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, para modificar por completo la estructura del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Un organismo que funciona bien, que tiene participación de múltiples sectores y una caja suculenta y ordenada, de acuerdo a los aportes de distintos ámbitos, desde hace años tienta al Gobierno Nacional. Avanzar sobre un espacio así desvela a muchos y hace largo tiempo, al menos unos tres años, pero el adelanto se estaba haciendo esperar, porque aún no hallaban la forma de poder concretarlo.
En el escenario favorito de la presidente, el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, a pesar de su ausencia, se explicitaron las ganas de aplicar modificaciones muy importantes en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, así como algo dentro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y nuevas normas para Acuicultura.
Según se explicó, el proyecto modifica el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para profundizar el trabajo sobre el consumo diversificado de las carnes, creando así al Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA), informaron oficialmente, basándose en el auge del consumo diversificado, pero que en otros casos que no son proteínas vacunas aún se está lejos de las cifras que impulsan al organismo original.
"Con este proyecto de Ley estamos dando un paso fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de mercados que se encuentran en un crecimiento constante. Incluir a las cadenas productivas de carnes como la aviar, la porcina, la ovina, la caprina y de las provenientes de la pesca y la acuicultura, fomentarán aún más los diferentes hábitos de consumo del pueblo argentino", destacó Casamiquela.
Uno de los puntos más discutidos es el cambio de conformación de la actual de la Asamblea de Representantes, la cual estará compuesta por un presidente y 16 miembros, cuatro del sector productivo, tres del sector industrial, cuatro del gobierno nacional; y cinco de las provincias productoras, mientras que el titular del Instituto será designado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la vicepresidencia la ocupará un representante del sector privado. El voto del presidente será doble.
Al respecto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó que "las autoridades oficiales procuran destruir todo lo que todavía funciona en materia de impulso a la producción agropecuaria. El IPCVA es un organismo que se orienta a consolidar la imagen de la carne vacuna argentina a nivel mundial, aprovechando la historia, tradición y prestigio del país en esta materia". Buscando la competitividad a pesar de las políticas adversas, desdibujarlo sería como implementar los mismos criterios de venta para la soja y la cebada, producciones tan disímiles como sus mercados.
Las entidades explican que "el IPCVA funciona con fondos privados, aportados en un 70% por los productores ganaderos de todo el país y el 30% restante por los frigoríficos. Este organismo creado en 2001 se consolidó como un ejemplo de convivencia entre la producción, la industria y el sector público que por ley tiene participación en el Consejo de Representantes de la entidad". Por lo tanto la intromisión no es más que caprichosa.
"Una vez más, el Gobierno Nacional pretende intervenir de forma inconsulta aquellas instituciones que funcionan exitosamente. Como lo hizo hace dos años, al expropiar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), un ejemplo de diálogo social reconocido a nivel mundial, que reunía a las entidades agropecuarias y al gremio de trabajadores rurales más representativos del país".
Entonces, ¿cuál es el sentido de intromisión en un ámbito que no es más que de gestión y promoción, donde nada tienen que ver los ámbitos políticos?, quizá esté claro que el caudal económico que se maneja sea un detalle suficiente.
Luego de participar en la manifestación en el centro de Córdoba Ciudad junto con la Comisión de Enlace, Rubén Ferrero llamó a los productores "a pedirle a sus representantes que no sigan avalando cada uno de los proyectos que van en contra del campo".
"Ahora se pretende la estatización del IPCVA, un instituto bancado por los productores, que viene trabajando muy bien en materia de capacitación y promoción, pero tiene una caja que interesa", explicó el rafaelino en diálogo con LA OPINION. "Uno de los detalles que más llama la atención es la forma en la que se quiere hacer y cómo se comunicó, en una conferencia de prensa y de manera inconsulta, sin haber consultado o convocado a absolutamente nadie. Esto va a terminar como terminaron todas las leyes de los últimos tiempos, con un día de debate en comisión y automáticamente los diputados oficialistas levantando la mano para aprobarlo. Entendemos que no es la forma, porque como en este caso, hay organismos que funcionan bien y si deben ser mejorados deberíamos juntarnos, charlarlo, pero no repetir el mal ejemplo del Renatre", completó.
Para Ferrero, este es un caso más de las "múltiples intromisiones que se vienen dando en las actividades ligadas a la producción agropecuaria".
DOS PROYECTOS MAS
En el paquete de medidas enviado por el Gobierno al Congreso "en beneficio del sector agropecuario argentino que estarán destinadas a optimizar la producción y comercialización, transparentar procesos, mayor regulación en materia sanitaria, defender el medio ambiente e impulsar buenas prácticas agrícolas", según el texto oficial, está el proyecto de ley Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
El SENASA inspecciona, fiscaliza y certifica productos por más de 30.000 millones de dólares al año, al tiempo que emplea a 5.984 agentes, distribuidos en 290 unidades con presencia en todo el territorio nacional. Se pretende a partir de este mejorar las actuaciones, con diligencia ante situaciones de emergencia sanitaria y manejo más eficiente de su planta de personal y presupuesto.
Por otra parte, el proyecto de ley de Acuicultura intenta impulsar el consumo de pescado de nueve a 12 kilos anuales por persona, para 2020, por eso se entiende que la actividad que actualmente emplea a 12 pequeños pesqueros se debe fomentar con un adecuado marco regulatorio y jurídico, además de disponer de fondos específicos para abarcar microemprendimientos.
En estos dos casos no hay polémica posible y quizá se hayan utilizado para distraer del foco principal, dado por la carne vacuna. Lamentablemente, productores y entidades están muy alertas y estos cambios, que intentan dificultar el tránsito por el último año del Gobierno, no se darán libremente, al menos tendrán el rechazo manifiesto de quienes son afectados por decisiones arrebatadas.
En un mismo plato las mezclas no resisten muchos paladares. Salvo algunas carnes vacunas con algo de jamón, o el atún casi oculto en el clásico vittel tonnè, no es factible entrecruzar demasiado y con éxito estas fuentes de proteína animal.
Puede que de esta manera se entiendan algunos arrebatos recientes del Gobierno, pero en este llamado a la lógica se encuentre la alternativa de no superponer, sino acomodar las cuestiones.
Esta referencia culinaria está dada sobre la iniciativa presentada el jueves por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, para modificar por completo la estructura del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Un organismo que funciona bien, que tiene participación de múltiples sectores y una caja suculenta y ordenada, de acuerdo a los aportes de distintos ámbitos, desde hace años tienta al Gobierno Nacional. Avanzar sobre un espacio así desvela a muchos y hace largo tiempo, al menos unos tres años, pero el adelanto se estaba haciendo esperar, porque aún no hallaban la forma de poder concretarlo.
En el escenario favorito de la presidente, el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, a pesar de su ausencia, se explicitaron las ganas de aplicar modificaciones muy importantes en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, así como algo dentro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y nuevas normas para Acuicultura.
Según se explicó, el proyecto modifica el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para profundizar el trabajo sobre el consumo diversificado de las carnes, creando así al Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA), informaron oficialmente, basándose en el auge del consumo diversificado, pero que en otros casos que no son proteínas vacunas aún se está lejos de las cifras que impulsan al organismo original.
"Con este proyecto de Ley estamos dando un paso fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de mercados que se encuentran en un crecimiento constante. Incluir a las cadenas productivas de carnes como la aviar, la porcina, la ovina, la caprina y de las provenientes de la pesca y la acuicultura, fomentarán aún más los diferentes hábitos de consumo del pueblo argentino", destacó Casamiquela.
Uno de los puntos más discutidos es el cambio de conformación de la actual de la Asamblea de Representantes, la cual estará compuesta por un presidente y 16 miembros, cuatro del sector productivo, tres del sector industrial, cuatro del gobierno nacional; y cinco de las provincias productoras, mientras que el titular del Instituto será designado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la vicepresidencia la ocupará un representante del sector privado. El voto del presidente será doble.
Al respecto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó que "las autoridades oficiales procuran destruir todo lo que todavía funciona en materia de impulso a la producción agropecuaria. El IPCVA es un organismo que se orienta a consolidar la imagen de la carne vacuna argentina a nivel mundial, aprovechando la historia, tradición y prestigio del país en esta materia". Buscando la competitividad a pesar de las políticas adversas, desdibujarlo sería como implementar los mismos criterios de venta para la soja y la cebada, producciones tan disímiles como sus mercados.
Las entidades explican que "el IPCVA funciona con fondos privados, aportados en un 70% por los productores ganaderos de todo el país y el 30% restante por los frigoríficos. Este organismo creado en 2001 se consolidó como un ejemplo de convivencia entre la producción, la industria y el sector público que por ley tiene participación en el Consejo de Representantes de la entidad". Por lo tanto la intromisión no es más que caprichosa.
"Una vez más, el Gobierno Nacional pretende intervenir de forma inconsulta aquellas instituciones que funcionan exitosamente. Como lo hizo hace dos años, al expropiar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), un ejemplo de diálogo social reconocido a nivel mundial, que reunía a las entidades agropecuarias y al gremio de trabajadores rurales más representativos del país".
Entonces, ¿cuál es el sentido de intromisión en un ámbito que no es más que de gestión y promoción, donde nada tienen que ver los ámbitos políticos?, quizá esté claro que el caudal económico que se maneja sea un detalle suficiente.
Luego de participar en la manifestación en el centro de Córdoba Ciudad junto con la Comisión de Enlace, Rubén Ferrero llamó a los productores "a pedirle a sus representantes que no sigan avalando cada uno de los proyectos que van en contra del campo".
"Ahora se pretende la estatización del IPCVA, un instituto bancado por los productores, que viene trabajando muy bien en materia de capacitación y promoción, pero tiene una caja que interesa", explicó el rafaelino en diálogo con LA OPINION. "Uno de los detalles que más llama la atención es la forma en la que se quiere hacer y cómo se comunicó, en una conferencia de prensa y de manera inconsulta, sin haber consultado o convocado a absolutamente nadie. Esto va a terminar como terminaron todas las leyes de los últimos tiempos, con un día de debate en comisión y automáticamente los diputados oficialistas levantando la mano para aprobarlo. Entendemos que no es la forma, porque como en este caso, hay organismos que funcionan bien y si deben ser mejorados deberíamos juntarnos, charlarlo, pero no repetir el mal ejemplo del Renatre", completó.
Para Ferrero, este es un caso más de las "múltiples intromisiones que se vienen dando en las actividades ligadas a la producción agropecuaria".
DOS PROYECTOS MAS
En el paquete de medidas enviado por el Gobierno al Congreso "en beneficio del sector agropecuario argentino que estarán destinadas a optimizar la producción y comercialización, transparentar procesos, mayor regulación en materia sanitaria, defender el medio ambiente e impulsar buenas prácticas agrícolas", según el texto oficial, está el proyecto de ley Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
El SENASA inspecciona, fiscaliza y certifica productos por más de 30.000 millones de dólares al año, al tiempo que emplea a 5.984 agentes, distribuidos en 290 unidades con presencia en todo el territorio nacional. Se pretende a partir de este mejorar las actuaciones, con diligencia ante situaciones de emergencia sanitaria y manejo más eficiente de su planta de personal y presupuesto.
Por otra parte, el proyecto de ley de Acuicultura intenta impulsar el consumo de pescado de nueve a 12 kilos anuales por persona, para 2020, por eso se entiende que la actividad que actualmente emplea a 12 pequeños pesqueros se debe fomentar con un adecuado marco regulatorio y jurídico, además de disponer de fondos específicos para abarcar microemprendimientos.
En estos dos casos no hay polémica posible y quizá se hayan utilizado para distraer del foco principal, dado por la carne vacuna. Lamentablemente, productores y entidades están muy alertas y estos cambios, que intentan dificultar el tránsito por el último año del Gobierno, no se darán libremente, al menos tendrán el rechazo manifiesto de quienes son afectados por decisiones arrebatadas.
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