El diputado del Frente Renovador, Gilberto Alegre, que preside la Comisión de Agricultura nacional presentó un proyecto donde se aborda el "precio sostén" y los contratos.
Por Elida Thiery - Que la lechería necesita reglas claras ya no es una novedad. Si el sector se valiera de la normativa vigente en comercio, la cosa se simplificaría mucho, pero se cree desde algunos sectores que la única manera es tener una ley exclusiva, que aclare los tantos. El intento que se había dado en 2009 y no conformó a las mayorías, en la producción y mucho menos en la industria, dejó adormecida una intención que ahora la intenta recuperar el diputado nacional bonaerense por el Frente Renovador, Gilberto Alegre.
Los lineamientos generales indican que este "Régimen de fortalecimiento para la sustentabilidad del sector" se inicia con que "toda la cadena láctea deberá sostener los ingresos de la producción de leche de los tambos". En su segundo artículo llama a la creación de un "sistema de precio sostén flotante obligatorio para la leche cruda salida del tambo, que recibirá el productor, y será aplicado en todo el territorio nacional al denominado usualmente por la cadena como ´precio leche tranquera´". Seguido así porque "el precio sostén así fijado, no podrá ser inferior al 30 % del valor litro equivalente leche total del sistema que vende la cadena láctea en su conjunto".
En el Artículo 4°, "las personas jurídicas o físicas podrán instrumentar contratos de compra de ´leche tranquera´ con los tamberos por un plazo superior a los 12 meses, el cual funcionara como un sistema de estímulos para la integración y estabilidad de la cadena, fijándose para ello un precio de compra que no podrá superar el 32 % del valor litro equivalente leche total del sistema que vende la cadena láctea en su conjunto".
A continuación en el quinto apartado, "el precio sostén flotante fijado en artículo 3, y el fijado para los contratos por plazos superiores a 12 meses establecido en el artículo 4, tendrán una duración de (3) tres años", siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Lechería, quien "determinará a partir del cuarto año los nuevos porcentajes indicados en el artículo 5 de la presente ley los cuales deberán ajustarse cada cuatro meses". En el artículo octavo se menciona que "la autoridad de aplicación, instrumentará los mecanismos para realizar los estudios económicos de la cadena, para la determinación del sistema de precio de referencia. Asimismo, procederá a instrumentar la comunicación y difusión de los precios de la leche pagada por el consumidor, y coordinará con la Secretaría de Comercio, la instrumentación y el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4". Finalmente, "créase la Comisión Nacional Láctea en jurisdicción del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la cual estará integrada por representantes de la cadena de valor, cuyas actuaciones serán ad honoren. La Comisión tendrá funciones consultivas y velará por el desarrollo competitivo y la transparencia de la cadena".
Los lineamientos generales indican que este "Régimen de fortalecimiento para la sustentabilidad del sector" se inicia con que "toda la cadena láctea deberá sostener los ingresos de la producción de leche de los tambos". En su segundo artículo llama a la creación de un "sistema de precio sostén flotante obligatorio para la leche cruda salida del tambo, que recibirá el productor, y será aplicado en todo el territorio nacional al denominado usualmente por la cadena como ´precio leche tranquera´". Seguido así porque "el precio sostén así fijado, no podrá ser inferior al 30 % del valor litro equivalente leche total del sistema que vende la cadena láctea en su conjunto".
En el Artículo 4°, "las personas jurídicas o físicas podrán instrumentar contratos de compra de ´leche tranquera´ con los tamberos por un plazo superior a los 12 meses, el cual funcionara como un sistema de estímulos para la integración y estabilidad de la cadena, fijándose para ello un precio de compra que no podrá superar el 32 % del valor litro equivalente leche total del sistema que vende la cadena láctea en su conjunto".
A continuación en el quinto apartado, "el precio sostén flotante fijado en artículo 3, y el fijado para los contratos por plazos superiores a 12 meses establecido en el artículo 4, tendrán una duración de (3) tres años", siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Lechería, quien "determinará a partir del cuarto año los nuevos porcentajes indicados en el artículo 5 de la presente ley los cuales deberán ajustarse cada cuatro meses". En el artículo octavo se menciona que "la autoridad de aplicación, instrumentará los mecanismos para realizar los estudios económicos de la cadena, para la determinación del sistema de precio de referencia. Asimismo, procederá a instrumentar la comunicación y difusión de los precios de la leche pagada por el consumidor, y coordinará con la Secretaría de Comercio, la instrumentación y el cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4". Finalmente, "créase la Comisión Nacional Láctea en jurisdicción del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la cual estará integrada por representantes de la cadena de valor, cuyas actuaciones serán ad honoren. La Comisión tendrá funciones consultivas y velará por el desarrollo competitivo y la transparencia de la cadena".
Precio flotante
En diálogo con CASTELLANOS, Alegre detalló que "más allá de ser un hombre de campo, mi primera visión era que este Gobierno había otorgado muchos beneficios y mucho dinero que podían resolver el problema de la lechería, pero esto no era así. Una vez que se plantea el conflicto entre las entidades y el Ministerio (en la reunión fallida del 7 de julio), desde la Comisión de Agricultura, pensé que debíamos presentar un proyecto que satisfaga las demandas del sector".
"Hay que dejar de pelear por la protección de la renta y hay que pasar a un sistema de colaboración entre los distintas partes del sector, por lo tanto el proyecto promueve que el precio que se le paga al tambero en tranquera debe salir de la cadena. Para eso establecimos que los productores deben percibir un mínimo flotante y obligatorio en todo el país que equivalga al 30 por ciento del valor de la leche que se vende en góndola", que hoy parte de algo más de 15 pesos en sachet y 18 en tretra pack.
"Cuando hablamos de lácteos, que tienen mucho valor, hacerlos pelear a los productores por un subsidio no tiene sentido, porque deben recibir un precio justo por lo que producen y lo que hacen", señaló el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados de la Nación, abogando por "tratar de evitar que este sector esencial de la economía del interior del país sufra un deterioro difícil de suplir".
En referencia a la industria, la idea de aplicar contratos es para asegurar el abastecimiento de leche y a la vez un valor para la materia prima, en consecuencia.
Con las intervenciones heredadas del Gobierno anterior, "lo que está ocurriendo hoy en la cadena hay que revertirlo porque no es favorable para hacer rentable a la producción láctea".
Lo interesante es que Gilberto Alegre está abierto a generarle al proyecto los cambios necesarios para que tenga el mayor de los consensos en la cadena láctea, lo cual no es tan común en la política nacional actual. Luego de reuniones con entidades y modificaciones en marcha, "está claro que la aprobación tiene que ser rápida para la Ley, para que haya pronto una solución", concluye.
"Hay que dejar de pelear por la protección de la renta y hay que pasar a un sistema de colaboración entre los distintas partes del sector, por lo tanto el proyecto promueve que el precio que se le paga al tambero en tranquera debe salir de la cadena. Para eso establecimos que los productores deben percibir un mínimo flotante y obligatorio en todo el país que equivalga al 30 por ciento del valor de la leche que se vende en góndola", que hoy parte de algo más de 15 pesos en sachet y 18 en tretra pack.
"Cuando hablamos de lácteos, que tienen mucho valor, hacerlos pelear a los productores por un subsidio no tiene sentido, porque deben recibir un precio justo por lo que producen y lo que hacen", señaló el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados de la Nación, abogando por "tratar de evitar que este sector esencial de la economía del interior del país sufra un deterioro difícil de suplir".
En referencia a la industria, la idea de aplicar contratos es para asegurar el abastecimiento de leche y a la vez un valor para la materia prima, en consecuencia.
Con las intervenciones heredadas del Gobierno anterior, "lo que está ocurriendo hoy en la cadena hay que revertirlo porque no es favorable para hacer rentable a la producción láctea".
Lo interesante es que Gilberto Alegre está abierto a generarle al proyecto los cambios necesarios para que tenga el mayor de los consensos en la cadena láctea, lo cual no es tan común en la política nacional actual. Luego de reuniones con entidades y modificaciones en marcha, "está claro que la aprobación tiene que ser rápida para la Ley, para que haya pronto una solución", concluye.
Apreciaciones
Consultando a estudiosos de la materia lechera en cuanto a sus reglas y cuestiones teóricas, se remarca que además de la Ley de Lechería que promueven los senadores santafesinos y que ahora debatirán los diputados, hay algunos puntos fundamentales a contemplar.
Lo que se destaca es que legalmente no se puede obligar a un privado a pagar un valor por un objeto o servicio, por sobre su voluntad. Además, debe existir en rigor de los derechos, una responsabilidad última del Estado sobre esos valores sugeridos, que además deberían estar dados sobre el cálculo de un mix de productos que no sea fijos, sino que puedan actualizarse al menos quincenalmente, teniendo en cuenta toda la estructura de formación de precios que surge desde la demanda.
Es posible pensar en un mercado lechero formal, como lo tienen los granos y la carne, con un Estado que de las condiciones para esto, pero no se tiene que ver a este espacio de poder como el mediador de la inquietudes de todas las partes, más aún cuando se trata de una cuestión de rentabilidad que tiene en cada uno de sus integrantes una mirada diferente en base a las necesidades.
La oportunidad de pensarlo queda abierta. De salir una Ley lechera, que sea lo más completa posible, pero a la vez simplificada, para que su puesta en marcha no encuentre más escollos de los que tiene ahora el sector.
Lo que se destaca es que legalmente no se puede obligar a un privado a pagar un valor por un objeto o servicio, por sobre su voluntad. Además, debe existir en rigor de los derechos, una responsabilidad última del Estado sobre esos valores sugeridos, que además deberían estar dados sobre el cálculo de un mix de productos que no sea fijos, sino que puedan actualizarse al menos quincenalmente, teniendo en cuenta toda la estructura de formación de precios que surge desde la demanda.
Es posible pensar en un mercado lechero formal, como lo tienen los granos y la carne, con un Estado que de las condiciones para esto, pero no se tiene que ver a este espacio de poder como el mediador de la inquietudes de todas las partes, más aún cuando se trata de una cuestión de rentabilidad que tiene en cada uno de sus integrantes una mirada diferente en base a las necesidades.
La oportunidad de pensarlo queda abierta. De salir una Ley lechera, que sea lo más completa posible, pero a la vez simplificada, para que su puesta en marcha no encuentre más escollos de los que tiene ahora el sector.
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