La mañana del miércoles desató un relevamiento de la
Justicia Federal, orientado a la gremial de los lecheros y a su titular Héctor
Ponce. Ya hay una convocatoria para movilizarse al atardecer frente al CET en
Sunchales, epicentro de todo este movimiento de las últimas horas.
Por Elida Thiery (EDairyNews) - Un mensaje dice “están allanando el CET de Atilra”, la
primera reacción es responder, “¿en serio?”. Lo que muchas veces se supuso, al
menos en los últimos meses, sucedió a media mañana de ayer en Sunchales.
Dábamos la primicia nacional y si no hubiera sido por las
cuestiones de lavado de activos por parte de padre e hijo Moyano, esta podría
haber calificado como la novedad sindical del día. No deja de serlo, porque la
Justicia Federal le cayó a un secretario general más.
Héctor Ponce fue el objeto de este avance de la Policía
Federal, con exhorto derivado desde
Buenos Aires y ejecutado por el Juzgado Federal de Rafaela -hecho no confirmado
fehacientemente- pero con efectivos de la Federal radicados en Santa Fe, sin
intervención de ninguno de los dos juzgados federales radicados en la capital
provincial. El delito que se inscribía en la orden de allanamiento era “sospecha
de delito”, derivado de una denuncia de hace algunas semanas, que no sólo
tuvieron derivaciones en acciones dentro de Sunchales, sino que se abarcaron
diversas filiales del gremio en todo el país, que rondarían los 18 domicilios.
La orden surge del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº9
a cargo de Luis Rodríguez -en la Secretaría Nº18 del Dr. Juan Manuel Grangeat- el
mismo que tramita causas contra Ricardo Jaime, Jorgelina Abbona, Juan José
Aranguren y Julio De Vido.
El primer desembarco se hizo en el Centro Educativo
Tecnológico de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la
República Argentina, que incluye salas de capacitación, un restaurante, un
auditorio, e incluso un hotel con 14 habitaciones completamente equipadas. Los
efectivos federales, durante la mañana, también llegaron a supermercado y a la
sede gremial, además de la casa del propio Ponce, e incluso a la vivienda que
pertenecía a Hilario Valinotti, el piloto de 82 años que en octubre pasado
falleció en un accidente aéreo en la zona de Tacural, al enredarse con líneas de
media tensión. Se supone que en documentos hallados en el procedimiento se
encontró algún vínculo de este hombre con Atilra, para la adquisición de un
avión sanitario.
Otro relevamiento se hizo en la Clínica 10 de Septiembre, en
su ubicación actual donde también se colectó material para la causa. Cabe
destacar que sigue en construcción el nuevo establecimiento, para el cual desde
2009 el gremio recauda el Fondo Solidario, un pago extraordinario que llegó a
superar los 3.500 pesos por empleado al mes y que ahora abonan 1.500 pesos las
industrias grandes y 750 las pymes, punto que deberá debatir su continuidad en
el inminente cierre de paritarias, que tendrá un nuevo encuentro la semana
entrante luego de la oferta del nueve por ciento por parte de las industrias.
El silencio del gremio dejó traslucir la tensión, mientras
los “trolls” de Ponce se ponían muy nerviosos en las redes y con amenazas
cobardes se entremezclaban con lo que comenzaba a ser una convocatoria a los
trabajadores de todas las seccionales, que culminaría esta tarde a las 19 con
una movilización frente al propio CET de Atilra en Sunchales, donde comenzó
todo.
Cabe destacar que el avance de la Justicia no subraya los
derechos de los trabajadores, sino que se enfoca en el gremio y sus
administradores, por supuestos delitos de índole federal.
Mientras se aguardan los resultados de los allanamientos, Héctor Ponce sería defendido por el
abogado mediático, Gabriel Iezzi, quien deberá demostrar la inocencia del
dirigente que venía siendo observado por sus actividades, las derivaciones de
su gestión en el sindicato y la exposición desde el corazón de la cuenca
lechera central.
Comentarios