Un proceso largo, que comenzó con una medida de fuerza seguida de paro y conciliación obligatoria el mes pasado, que ahora repite el esquema pero con el día de paralización en medio de una semana de trabajo restringido en horas extra y días franco hasta el próximo domingo, tuvo en el medio muchos encuentros para debatir los salarios de los trabajadores frente a la inflación y termina reduciéndose en el conflicto por la búsqueda de fondos para el gremio.
Las empresas hablan de desabastecimiento pero esto no es sólo por un día de falta de producción, sino por la sucesión de días con procesamiento de materia prima reducido, en un marco de pandemia que tiene al 30 por ciento del personal fuera de las empresas desde marzo y que se agrava con esta situación.
Los representantes de los trabajadores aceptaban el viernes un aumento para el primer semestre del año con una suba del 13,6 por ciento remunerativo (incluyendo los bonos dispuestos por el Gobierno Nacional), sumando un ajuste sobre el salario conformado de julio, para los meses de agosto y septiembre con el cuatro por ciento, del ocho por ciento para octubre y noviembre; y finalmente una suba del 12 por ciento en el mes de diciembre, puntos que se incorporarían al básico desde enero de 2021, retomando la paritaria en el próximo abril.
Ante la necesidad manifiesta de tener que mejorar la prestación de la Obra Social del Personal de la Industria Lechera, las empresas ofrecieron nueve mil pesos por única vez, a pagarse por los afiliados que tienen activa la prestación, sin embargo Atilra comenzó a cambiar el tono de la discusión, porque esperaban que sea por cada afiliado al gremio, a pesar que muchos tengan otras prepagas, sobre todo en las plantas más grandes del país. Se dijo la semana pasada que la ambición era de 16 mil pesos.
Pero el sábado llegaba la presión escrita a las empresas, de acceder al pago de un extra de 15 mil pesos por cada trabajador y la misma suma por cada uno para Atilra, para evitar el paro desde las 7 de la mañana del martes, hasta las 7 de este miércoles. Dos empresas los aceptaron, para intentar frenar la sangría, mientras que en la mayoría de las casi 670 empresas de todo el país la paralización fue la constante, los tambos no pudieron entregar la leche e incluso hubo casos de empresas que estuvieron activas porque los propios trabajadores entendieron que era lo adecuado.
Ausencia
En una carta presentada esta mañana en el Ministerio de Trabajo, Atilra,
representada por su apoderado el Dr. Alberto Coronel manifestó no haber
recibido respuestas de las empresas sobre las paritarias, desconociendo las
actas que fueron firmando en los encuentros y advierten que seguirán con “las
actividades sindicales delineadas”.
Hablando de “sectores reaccionarios” que no entienden la importancia de
las obras sociales sindicales explican que “se califica de pretensión desmedida
o extraordinaria la necesidad de proteger la salud”, indicando que no se puede
desdoblar esto del tratamiento del salario.
Aluden a un “reclamo justo y legal” en el final de la misiva y sin
mediar diálogo con las cámaras empresariales dejaron en claro verbalmente una
ambición mayor sobre el aporte propuesto por las mismas, contradiciendo aquí lo
que se plasma en el texto y así ausentándose del encuentro que de alguna manera
quedó formalizado.
Fuentes ministeriales manifestaron no comprender la situación drástica
que se plasma en las medidas de fuerza, en el paro y seguidas por esta actitud,
sin embargo están dispuestas a darle continuidad a la mediación de partes.
Mientras el gremio citaba virtualmente a sus secretarios generales, las
cámaras empresariales firmaban el acuerdo de sostener su propuesta, la parte
que ya aceptó el gremio con la suba del 27,8 por ciento anual e incluso poder
negociar el capítulo de conflicto.
Con una postura muy sólida, lejos de generar otras fuentes de
financiamiento directas para el gremio, Atilra deberá aceptar el bono de nueve
mil pesos sólo para los usuarios de Ospil, o el famoso artículo 6 de un acta de
mayo de 2017.
Pendiente de revisión, en la misma se disponía el recorte del aporte
solidario por empleado, por mes, para el gremio que llegó a los 3.850 pesos y
quedó en 1.500 para las empresas grandes y 750 para las pyme, e incluso puntos
como los escalafones, la situación esencial de la actividad y la necesidad de
mejorar el esquema de trabajo, entre otros. El plazo manifestado frente al
Ministerio para esto es el inicio de 2021.
Ante todo esto, se aguarda algún tipo de respuesta de la Asociación de
Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, aunque los
rumores no descartan nuevos paros y más afección a toda la cadena, con riesgo
severo sobre la materia prima y la provisión de productos al consumo.
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