Esto se explicó hoy en una jornada virtual convocada por la entidad, para avanzar con datos concretos y propuestas sólidas en el control de la aplicación de fitosanitarios en la ciudad, frente a los integrantes del Concejo Municipal.
Norma Bessone, la presidente de la entidad encabezó el encuentro en el que se referenció la intención de generar conceptos de base científico-técnicas a partir de las cuales se “proponen medidas y tecnologías comunes para alivianar el impacto posible en la comunidad. Se busca el consenso a nivel local y regional, con foco en la salud humana y los recursos naturales. Pretendemos un debate racional, basado en la ciencia, con investigaciones que avalen los conceptos”, para que de esta manera se consiga “una propuesta superadora en la ciudad.
A continuación el Ing. Agr. Jorge Ghiano, especialista en producción lechera e integrante de la entidad, detalló que Rafaela tiene 15.800 hectáreas de suelo clase 1, de los más fértiles del país, de las cuales el 23 por ciento corresponden al ejido urbano. Dentro de la zona de exclusión para aplicaciones, de 200 metros desde el límite urbano-rural, son 760 hectáreas inutilizadas, que hoy presentan malezas, roedores y sobre todo basurales a cielo abierto. De ese total, son 20 explotaciones agropecuarias las afectadas, entre 20 y 50 por ciento de su superficie por esas restricciones, entre las cuales se incluyen cinco tambos, siendo dos de ellos cabañas de cría de la raza Holando reconocidas a nivel nacional.
Con experiencia internacional, el profesional e integrante de la comisión directiva de la SRR explicó que “una aplicación segura es fundamental para generar confianza en la ciudadanía, para resguardar la salud y el medio ambiente”.
La extensión a mil metros del límite de aplicación abarcaría a 4.358 hectáreas, equivalentes al 28 por ciento del distrito, superando al ejido urbano y con ello, “los productores verían comprometida el cien por ciento de la producción”, con consecuencias complejas si esto se extrapolara a todo el territorio provincial.
La producción agropecuaria hoy es el motor de la economía nacional, es la base de la producción de alimentos, por lo tanto no se puede plantear simplemente “agrotóxicos no, agroecología si”, como se hiciera recientemente para destinar todo ese espacio a huertas agroecológicas, pasturas, cortinas forestales y mucho menos a la cría de ganado por la inseguridad vigente y los múltiples casos de abigeato. Suelos de alta calidad quedarían por debajo de los márgenes de rentabilidad mínimos.
“Decenas de tambos estarían obligados a cerrar si esta medida se replicara en otras localidades”, subrayó Ghiano, apostando a las Buenas Prácticas que no dañan la salud, ni el medio ambiente, que propenden a la buena información y acción, reduciendo incluso las aplicaciones de fitosanitarios.
Las nuevas AgTech, tecnologías de precisión, permiten detectar en tiempo real la deriva de pulverizaciones e incluso dosificar de mejor manera su uso, para la eficiencia y eficacia que destacan a la producción agrícola nacional en el mundo.
Casi el 70 por ciento de los productos que se utilizan en el país son de banda verde, que no presentan peligros directos para la salud, si bien no son inocuos, su uso adecuado y responsable no genera afecciones a las personas o al medio ambiente y se añadió que los datos que surgen desde las ART, los aplicadores no han presentado casos de toxicidad o efectos crónicos por la trea desempeñada en contacto con estos productos.
Ghiano concluyó que “hablar de metros de una línea agronómica queda demostrado que no tiene sentido”, además no ha habido denuncias en Rafaela sobre esta temática en los últimos años que hicieran que la Justicia avance en algún sentido, a diferencia de otras localidades santafesinas.
Metodología
Según la Ing. Agr. June Thomas, se debe avanzar a un sistema de inspección
y control que utilice la estructura actual, pero adecuándose al programa AlGeFit
(Algoritmo para la Gestión de Fitosanitarios de la UNL), que además de
identificar las necesidades del sistema de aplicaciones y de los recursos
humanos, recomienda generar un protocolo de comunicación, para brindar
transparencia a la población, que servirá para cualquier reclamo posterior.
Se debe diferenciar el peligro y el riesgo, en referencia a los
fitosanitarios. Será entonces la percepción del riesgo que tiene que estar
basado en información completa, veraz, real para no subestimar, ni sobreestimar
el caso.
La propuesta incluye a los domisanitarios, que son las sustancias que
en el hogar combaten a insectos y plagas, utilizándolas con máximas
exposiciones, sin mayores criterios, generando en estos casos mayores riesgos
para la salud que cualquier otro producto.
Los responsables de cada operación pueden lograr el control con
capacitación sobre BPA, desde los comercios, las maquinaria, los depósitos, los
aplicadores, el manejo, operaciones y aplicación deben estar contemplados en la
ordenanza futura, basada en el programa AlGeFit, las BPA, con los controles
prestados por el Municipio, con un protocolo informativo claro orientado para
la población, cumpliendo así su responsabilidad quienes tienen la función de formular políticas públicas que cuenten con medidas eficaces para
controlar y demostrar ese control.
Partiendo de esto, “cualquier propuesta que se base en distanciamiento
y prohibición de las aplicaciones, no tienen ningún fundamento científico. La
respuesta está en la ciencia y en la técnica”, explicó entendiendo que es la
metodología del manejo del riesgo, que es la que se emplea en la industria
alimenticia.
Propuesta
Fue Cristian León, Lic. en Edafología de la Agencia de Extensión Rural
del INTA Rafaela, el encargado de hablar sobre los protocolos de aplicaciones
en periurbanos ampliados, para producir de forma sustentable, propender al
trabajo mancomunado, ofrecer una herramienta útil a ciudades y pueblos,
brindando confianza entre las partes.
El 9 de marzo se presentó este proyecto ante el Concejo Municipal,
luego de un trabajo regional, en el que incluso estuvo presente el senador
departamental, Alcides Calvo.
“Desde el INTA estamos convencidos que el trabajo conjunto es lo más
conveniente, se pueden generar lazos fuertes entre el campo y la ciudad,
pudiendo producir de manera segura los alimentos”. Siendo la prioridad la
salud, la conservación de recursos naturales y la producción agrícola, no hay
que dejar de lado el control químico de la producción que “debe tener un alto
grado de racionalidad, basada en la ética”.
Cada vez son menos las aplicaciones, según los datos del Senasa, en una
tendencia creciente del uso de los productos de banda verde o azul, mientras
que la línea agronómica debe estar claramente delimitada e informada, además de
tener que promover el monitoreo integrado de plagas para minimizar estas
aplicaciones, en días que meteorológicamente lo permitan, bajo el control de un
profesional capacitado para verificar los elementos, las recetas agronómicas,
con autoridad para detener las aplicaciones de ser necesario.
Lo indicado en la propuesta es que a partir de la línea agronómica, los
primeros diez metros deben ser forestados para generar un área de seguridad
obligatoria.
A partir de ese rango, por 1.500 metros el área de aplicaciones
restringidas deberá estar señalizada y allí sólo se podrán aplicar productos de
banda verde. Se tiene que comunicar por escrito 48 horas antes de la aplicación
el detalle del trabajo al Municipio, con la receta del trabajo firmada y
sellada por un ingeniero agrónomo, que sea asesor técnico y que estará presente
durante la aplicación.
Los siguientes mil metros serían un área de responsabilidad social
rural, para la realización correcta de cualquier aplicación.
El área rural protegida es la zona cercana a escuelas rurales o zonas
de esparcimiento, que sólo podrán tener aplicaciones terrestres durante los
fines de semana y al final del día, requiriendo la información de cada acción. Las
aplicaciones aéreas deberán darse a partir de los 2.500 metros de la línea
agronómica y con similares protocolos que las aplicaciones terrestres.
Así se puede conseguir “responsabilidad y empatía entre el campo y la
ciudad”.
Hacer las cosas bien
Luis Carrancio, director de la EEA Oliveros del INTA, apuntó a “no caer
en reduccionismos que no alcanzan a las soluciones en cuanto a productos o
distancias”.
El uso de fitosanitarios es necesario y requiere “un manejo racional”.
Hay que tener en cuenta que “la agroecología está en línea con las buenas
prácticas, pero tiene una aplicación compleja que incluso requiere un cambio
cultural”, explicando que en su Experimental sólo el diez por ciento del área
tiene un trabajo de este tipo. Son las tareas más complejas y la baja
rentabilidad, algunos de los puntos más salientes para complejizar su
activación.
Además de contar ejemplos de lo que en Arequito se consiguió con el
avance del programa AlGeFit, fue contundente al mencionar que “debatir la
distancia no tiene sentido si no se hacen las cosas bien”.
El bioquímico Fernando Manera, desde Córdoba, comenzó diciendo que con
su exposición pretendió “cambiar temor por conocimiento”, ya que se tiene que
generar “educación y responsabilidad en el uso de productos químicos en el
campo y la ciudad”.
Su exposición mostró un recorrido por los productos químicos con los
que convivimos diariamente, los riesgos de cada uno, e incluso enfatizó en los
que son considerados a nivel internacional y nacional como cancerígenos de
manera directa y los de probable afección a la salud en este sentido, entre los
que se encuentra el glifosato.
Finalmente, el ministro de la Producción de la provincia, Daniel
Costamagna, reconoció el compromiso de los dirigentes presentes en este
encuentro y manifestó que “el gran desafío pasa por la diversidad, el potencial
y los recursos humanos, que se tienen que construir en base a consensos y
disensos. Hay que ir avanzando con la vara bien alta, pero hay que ir avanzando
en firme”. Sin hablar de manera directa sobre las controversiales distancias y
sus opciones de cambio hasta los mil metros, como se manifestó desde el
oficialismo rafaelino en el Concejo, “lo agro-urbano es sumar” dijo, añadiendo
que es fundamental “proteger la salud de los santafesinos y mantener el
equilibrio productivo”.
En tanto, los parámetros científicos brindados en este encuentro son
los que pueden generar los “argumentos suficientes”, mientras que “plantear
cien metros más o cien metros menos es una cuestión secundaria”, mientras que
están pendientes cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial, urbano y
rural, que pueden permitir una mejora en esta convivencia pretendida.
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