Así lo considera el Ing. Agr. Oscar Bohl de Villa María, que explicó los alcances de la normativa vigente en esa ciudad, similar a Rafaela.
Con unos cien mil habitantes entre ambas, tiene una geografía muy similar a la nuestra, pero sorprende el establecimiento de industrias lecheras y alimenticias, el vínculo del campo y la ciudad, pero también el avance que supieron hacer en la formación de recursos humanos para sostener económicamente ese aspecto, con la Escuela Superior Integral de Lechería, que se combina con la Universidad de Villa María, para generar una instancia de formación superadora.
Algunos aspectos similares y otros en un escalón superador son los que nos hacen espiar un poco la forma de trabajar de Villa María en cuanto a los fitosanitarios, para entender cómo una comunidad puede promover el trabajo agropecuario, fomentar un mayor arraigo industrial, con sus consecuencias positivas en lo social y comercial, sin interferir en un crecimiento abarcativo de una comunidad.
Desde 2009
Los lineamientos allí están dados por la Ordenanza Nº 6.118 que dispone
que la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Villa María es la
autoridad de aplicación, para una zona de resguardo de 200 metros, desde los
núcleos urbanos, donde no se pueden hacer pulverizaciones de fitosanitarios ni
fertilizantes, salvo productos destinados a la práctica de la agricultura
orgánica. Esto surgió por solicitud de un grupo de concejales y un estudio
realizado en ese momento.
Aprobada el 20 de agosto de 2009, dispone entre la zona de resguardo y
los 1.500 metros sólo puede haber aplicaciones terrestres con productos de
clases toxicológicas II, III y IV. Después de los 1.500 metros sí se pueden
hacer aplicaciones aéreas, en línea con la normativa provincial.
Sobre la base de la Ley 9.164 de la provincia de Córdoba y el Decreto
Reglamentario Nº132/05, cada aplicación debe comunicarse con fecha y hora
concreta con 48 horas de antelación, con máquina habilitada y operario con
carnet, tipo de cultivo, dosis y registro completo en receta fitosanitario.
“La autoridad municipal podrá realizar la inspección in situ”, además de
estar facultado el funcionario para tomar tres muestras del contenido del
tanque de la máquina, para poder analizarla si se considera, quedando
precintadas, una en laboratorio, otra en la Municipalidad y otra para el
aplicador. Del mismo modo, si las condiciones meteorológicas no son aptas se
podrá suspender la aplicación.
En el área de resguardo no pueden limpiarse maquinarias o equipos
utilizados en aplicaciones, en tanto se prohíbe la circulación de las mismas
por el sector restringido al momento de estar cargadas. El abandono de envases
también se restringe.
Los usuarios responsables son las personas físicas o jurídicas que administran
las tierras, mientras que en caso de arrendamiento los dueños reales son
solidariamente responsables de las infracciones.
Las multas van de mil a cinco mil unidades de multa (cada una es un
litro de nafta super) en la primera infracción, la primera reincidencia de
cinco a diez mil unidades, mientras que la segunda infracción tiene multas de
diez a veinte mil unidades de multa, secuestro de elementos y clausuras.
Para los productores de frutas, verduras y hortalizas del contorno de la
ciudad de Villa María se los obliga a tener asesores fitosanitarios,
presentación de recetas agronómicas en línea con las restricciones, para poder
participar del Mercado de Abasto. El incumplimiento tiene multas de cien a dos
mil unidades mencionadas.
Argumentos sólidos
RAFAELA NOTICIAS habló con el ingeniero agrónomo Oscar Bohl, integrante
del Consejo Directivo de la entidad que agrupa a sus colegas en la provincia de
Córdoba y a la vez delegado en todo el departamento San Martín, del cual Villa
María es cabecera.
“A partir de la Ley provincial, hay algunos municipios que deciden ser
más restrictivos respecto a las pulverizaciones en el límite con los predios
urbanos”, teniendo en cuenta que la normativa vigente en Córdoba habla de
limitaciones de aplicación hasta los 500 metros desde el límite periurbano de
los productos con toxicidad IA, IB y II en máquinas terrestres, pero si se
habilitan los considerados en los grupos III y IV. En cuanto a las aplicaciones
aéreas, se restringen hasta los 1.500 metros los IA, IB y II, mientras que en los
radios desde los 500 metros de la planta urbana sólo se permite el uso aéreo de
productos clase III y IV que son “productos fitosanitarios, de una toxicidad
regulada por el Senasa”.
Bohl sabe del mal uso habitual de los términos, que con intencionalidad
se ligan a agrotóxicos o fumigaciones, para hablar de prácticas normadas en el
ámbito agropecuario y científico, a lo que podríamos agregar ejemplos como
“monocultivo” para degradar la posición rural en cualquier discurso contrario a
la producción.
“Es bueno saber que se puede retirar más la zona de aplicación, pero si
no la voy a controlar como corresponde, no estoy solucionando el problema de
base. Simplemente esto puede mostrar alguna intencionalidad política, porque
está de moda, o por cuestiones inmobiliarias, porque en muchas localidades
donde se avanza sobre el campo, algunos lotes que quedan metidos dentro de una
zona conflictiva, terminan aumentando los problemas”, por eso este especialista
recomienda un asesoramiento profesional correspondiente.
Cabe aclarar que en la provincia de Córdoba existe la figura del asesor
fitosanitario, que son ingenieros agrónomos que tienen registro, que son
quienes visan la receta agronómica que emite el asesor fitosanitario que tiene
el productor, “por lo tanto hay un doble control”, chequeando las condiciones
fundamentales que establece la Ley y que de esta manera dejan certeza de “un
compromiso legal tácito, en calidad de declaración jurada, tanto del
profesional, del productor, como del aplicador”.
Bohl es claro, “la Ley está, las reglas están, por lo tanto si alguna
parte no las cumple tendrán una sanción”.
Este profesional entiende que “tiene que haber siempre zonas de
resguardo, pero cuando las restricciones de metros van mucho más allá de lo que
la Ley estipula, no puede ser porque si, se tienen que tener argumentos
suficientes, sólidos y no sesgados, lo cual siempre termina siendo débil en la
mayoría de las ordenanzas”.
Pero el eje de los cuestionamientos siempre está en la debilidad de los
controles, si no mejora ese aspecto “siempre se pueden seguir redactando
ordenanzas”.
Tal como sucede en el resto de las zonas productivas, en el área de
influencia y en Villa María, a pesar de no tener controles estrictos de cada
aplicación, Bohl explica que “hoy por hoy el productor se cuida mucho para no
recibir ningún tipo de queja por parte de los vecinos”, ya que están disponible
contactos por mail, celular o a través del 0800-8888-2476,
para que la Policía Ambiental actúe ante las irregularidades y se cobren las
multas correspondientes, e incluso se avance en decomisos de maquinaria o
clausura de establecimientos.
Si la política sólo será de restricciones, sin sustento científico, será
complicada la evolución de la comunidad, por eso, el Ing. Bohl explica que “no
sólo tiene que haber un corrimiento del periurbano, sino que debe haber una
planificación que permita atender al entorno de cada localidad, porque hay
muchas veces en las que las condiciones dadas para la producción orgánica no
responden a lo pretendido, pudiendo si abarcarse de mejor manera por las
producción extensivas. Pero siempre debe tallar el Municipio, al menos, en la
sugerencia de alternativas, con una conversación directa con el número acotado
de productores que conforman el contorno de cada localidad, con quienes se
deben establecer las reglas para trabajar en el periurbano. Cada productor debe
poder decidir qué es lo que quiere seguir produciendo, aunque deba cambiar
algún procedimiento particular”.
Pretender que tierras de alta productividad se transformen en huertas
orgánicas es una utopía que tenderá entonces, por la baja rentabilidad, a la
venta de lotes con destino inmobiliario, que teniendo en cuenta el avance
progresivo de las ciudades con características mixtas no harían más que
acelerar procesos de inestabilidad socio-económica, ya que industrias o
comercios no están preparados para absorber a toda la mano de obra.
Bohl recomienda herramientas lógicas de las Buenas Prácticas Agrícolas,
pero también los lineamientos de la certificación con normas IRAM que Aapresid
hace en el programa Municipios Verdes, tal como se hizo en Monte Buey,
Cosquín, Cañada Rosquín, Casilda, Los Surgentes, San Genaro y Junín. Todo está ayudado por la tecnología, que
permite tener un detalle de cada caso, e incluso favorece al hecho de no tener
que tener a una persona presente en cada punto de control, sino valerse de los
datos registrados en las máquinas de aplicación, para contrastarlos con las
regulaciones dispuestas por la Ley.
“Cuando uno quiere hacer política de la buena en este y otros temas, hay
un plan de gestión y un programa para desarrollar, se escribe, se establece de
común acuerdo con las partes intervinientes, de esa forma no falla”, concluye
Bohl.
Más reglas claras, más control y menos restricciones es lo que permite
un mayor entendimiento y seguimiento, sobre la idea de figuras “coherentes” que
no queden en “imágenes etéreas que hagan difícil la convicción de los demás
para que cumplan con fundamento una norma”.
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