Lo hizo durante esta mañana la AER Rafaela del INTA, para las comunas del Departamento Castellanos, con un detalle de la normativa y ejemplos de buenas prácticas que se aplican en San Vicente.
Luego de cinco años de trabajo, junto con profesionales de la agronomía, e incluso con referentes de los municipios y comunas, luego de varias revisiones se arribó a esta herramienta para solucionar o mitigar el problema que se cierne en las localidades frente a la actividad vinculada a la agricultura, generando confianza en la población, con información concreta y transparente. Lejos de tender a la confusión o el engaño que algunos sectores intentan instalar sobre la actividad productiva rural, este protocolo plantea pautas claras que se suman a la Ley provincial de aplicación de fitosanitarios.
El Lic. Cristian León fue el encargado de aportar todos los detalles sobre este desarrollo que intenta servir de modelo de ordenanza con un protocolo que se enfoca en las necesidades de los 46 distritos del Departamento Castellanos, donde abunda la falta de normativa, pero que tiene como interesante esta alternativa de unificar criterios en todo el territorio, sin excepcionalidades exageradas.
La problemática urbana-rural avanzó con la urbanización de tierras productivas, sin embargo “es posible producir en las tierras del periurbano, con control estatal y valiéndonos de la confianza de la comunidad, porque nadie quiere perjudicar a nadie y todos vivimos en una misma comunidad”.
Con la posibilidad de revisarlo anualmente y ajustar una ordenanza en base al avance de cada comunidad, apunta al uso racional de tecnología e insumos, donde “los metros son más una formalidad, porque una aplicación con malas condiciones llegará a la población, más allá de dónde se ubique”, ya que el control químico para la protección de cultivos debe ser eficaz, eficiente y racional, con el objetivo fundamental de la producir de manera sustentable para la salud y el ambiente.
El manejo de fitosanitarios tiene que tener un aspecto técnico, tecnológico, sabiendo que de 4.161 productos aprobados por Senasa, casi el 70 por ciento son de banda verde o azul de baja toxicidad, 27 por ciento de banda amarilla y el porcentaje restante rojo, que es lo que su usa de manera excepcional y lo que no prefieren ni profesionales, ni productores, en una tendencia que mejora campaña tras campaña.
“Mantener un complejo y envidiable entramado social, económico, rural, educativo, de esparcimiento, encuntra en la actividad agropecuaria interferencias y es allí donde las buenas prácticas agropecuarias se tornan obligatorias, junto con un buen ordenamiento territorial”, explicó el referente del INTA.
Cada pueblo o ciudad debe tener su línea agronómica perfectamente delimitada y correspondería la instalación de mangas de viento en el contorno de las localidades, como sucede en Cañada Rosquín, para que cualquier persona pueda estar al tanto de las condiciones mínimas del clima, porque siempre es mejor mantener informada a la población.
Además de fomentar el monitoreo integrado de plagas, no sólo en los periurbanos, este Protocolo explica que en la figura de veedores, los ingenieros agrónomos que tengan a su cargo el control por parte de los estados, podrán abarcar una o más localidades, para permitir que se cumpla una normativa futura y que el costo de esa tarea no sea la limitante para poder establecerla. El pago por hectárea que deben hacer los productores en cada aplicación se puede definir en el valor del litro de gasoil, como lo hace actualmente la vecina localidad de San Vicente.
Distancias en el plano
Tomando la última línea de casas en una localidad, se deberán dejar diez
metros para el área de seguridad desde la línea agronómica, mientras que sobre
lo que sería el alambrado del campo deberán ser forestados los límites para
generar una barrera natural para proteger aún más a la población lindera.
Pudiendo existir una restricción de más metros para las aplicaciones, como es
el caso actual de Rafaela con 200 metros, se tiene en cuenta que desde el
inicio y hasta los 1.500 metros se genera un área de aplicaciones restringidas,
con la utilización exclusiva de productos banda verde y en menor medida banda
azul.
Se tienen que comunicar por escrito 48 horas antes la aplicación de
productos, de forma terrestre o aérea, con receta firmada y sellada por un ingeniero
agrónomo inscripto como asesor y agente técnico en el Ministerio de la Producción,
que tendrá que estar presente durante la aplicación para poder constatar la ausencia
de personas ajenas a la aplicación, el registro de matrícula del equipo y el
operario, chequear condiciones meteorológicas (temperatura, humedad y Delta T).
De los 1.500 a 2.500 metros, el área de responsabilidad social rural, contempla
una capacitación anual para realizar correctamente la aplicación, donde se
amplía la opción de productos, aunque con los mismos recaudos de las BPA.
El área rural protegida, que corresponde a mil metros alrededor de las
escuelas rurales o de espacios de esparcimiento, sólo permite aplicaciones terrestres,
sólo durante los fines de semana y desde los cien metros desde la línea
agronómica.
León explicó que los resultados esperados son más recetas y más áreas
controladas, una disminución de toxicidad de productos, mantenimiento de
producción, mayor conformidad de los productores, menos denuncias de vecinos y
consultas médicas, mayor monitoreo de salud de la población, todo tendiente a disminuir
los conflictos.
“Todos nosotros queremos lo mejor para la población, urbana y rural,
buscando siempre mejores y más eficientes formas de producción, con mayor
control municipal y social”.
A esto agrego el titular de la AER INTA, Carlos Callaci que “esto propone
dar un orden y la intención es organizarlo en todo el departamento para que sea
algo homogéneo. Esta es una idea, es un modelo que se pone a consideración,
para poder empezar a ordenar la situación en la región. Es empezar a tener un
protocolo, que tiene un costo mínimo para las comunas y debemos avanzar para
reducir los problemas”. Añadió que “como INTA estamos con la agroecología y
esta alternativa es la manera de empezar a reducir el uso de agroquímicos”, sin
prohibiciones irracionales y extremistas, con la coherencia que permiten tener
las normativas de consenso.
El rol de las BPA
En el segundo tramo del encuentro se brindó una experiencia sobre
buenas prácticas a cargo de la experiencia del Ing. Agr. Miguel Gauchat, que es
asesor de la localidad de San Vicente, con experiencia en el centro-norte santafesino
y en algunos campos de Santiago del Estero, es también productor en campo
arrendado.
Desde 2013 trabaja con un esquema de agricultura y buenas prácticas
certificadas. “Es nuestro deber que se combina con una demanda social, que no
tiene marcha atrás, por eso debemos trabajar con la razón y por eso sin
asesores capacitados no hay protocolo posible. Deben basarse en la formación,
la actitud y el grado de compromiso con la actividad”.
Claro que las buenas practicas significan “salir del facilismo y el
monitoreo nos permite entrar en acción, trabajar en equipo con un nivel
diferente de asesoramiento, con más información compartida”, lo cual permite
una mayor racionalización de todos los aspectos, agrícolas y no.
Agronomía Gauchat releva hoy, tres pueblos y dos ciudades, que incluyen
a dos guarderías caninas, tres productores apícolas, 16 establecimientos, 46
casas rurales y cinco campos en el periurbano.
“Certificar los campos con un sistema de gestión de calidad, para
producir respetando un protocolo de buenas prácticas, con optimización de
procesos, conservando los ambientes”, como lo explicó Gauchat, es una manera de
reafirmar un compromiso con la sociedad.
“Formarnos, entrar en acción, tener actitud y compromiso para ser
ambientalistas razonables”, es parte del trabajo que deben seguir haciendo los
profesionales, con un monitoreo de malezas más dedicado, atendiendo los
aspectos de la receta agronómica, dosis y bandas toxicológicas, los equipos
pulverizadores con matricula y monitoreo climático, para completar las buenas
prácticas en el periurbano, donde lo esencial es hacer un uso razonable de
químicos, como lo debe ser en el resto de las actividades.
“Sin monitoreo no hay protocolo”, dijo apuntando a una integración de
las tecnologías de manejo e insumos, en favor de la producción y las
comunidades, para minimizar el impacto químico.
“Los cultivos transgénicos son una excelente herramienta para los
periurbanos”, explicó Gauchat, añadiendo que el próximo paso es poder
certificarse como municipio verde, como en Cañada Rosquín, pero el futuro está
en la agricultura certificada y no sólo en el periurbano.
De todas maneras, “los protocolos no excusan sobre las situaciones
complicadas, sino un modelo que vislumbra la agronomía que viene, basada en
consensos y que acepta modificaciones”.
La intención del INTA es poder hacer una presentación de este protocolo
a los 46 dirigentes políticos del Departamento, convocados por el senador
Alcides Calvo, que fue el que durante estos últimos años promovió los
encuentros y los acuerdos. Este año y quizá en ocasión de la aparición de una
propuesta contraria a esto en Rafaela, que sólo pretende prohibiciones, esa
dinámica se frenó un poco, pero puede retomarse de inmediato sin necesidad de
una reunión presencial, pero si de un acuerdo para avanzar a nivel
departamental en este sentido.
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