Los responsables de un estudio de cobertura nacional dieron indicios de los protocolos de trabajo y las sugerencias para la convivencia lógica de la producción agropecuaria en los entornos de pueblos y ciudades, en una actividad virtual organizada por la SRR.
Con la asistencia de productores, dirigentes, e incluso de representantes de la Municipalidad de Sunchales y de los integrantes de la oposición en el Concejo Municipal de Rafaela, una vez más el oficialismo legislativo local no participó, a pesar de ser el espacio que estaría promoviendo cambios en la ordenanza vigente, con la intención de correr de los 200 metros actuales a mil la limitación de aplicaciones en los límites de la ciudad, afectando esto a unas 4.800 hectáreas de alta productividad y calidad de suelo.
Apostando a la responsabilidad, la producción sustentable y adaptabilidad, la charla repasó junto a los Ing. Agr. Federico Elorza y Eduardo Moavro los resultados de un documento de divulgación científico-técnica sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios, que publicara la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y el ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) a comienzos de agosto, tiene una tarea ininterrumpida en los últimos seis años que se vienen desarrollando en diferentes regiones del país.
Surgiendo de una preocupación que fuera presentada ante el Ministerio de Agricultura en el año 2013, por la cantidad diversa de normas vigentes y la heterogeneidad respecto de las zonas de exclusión donde se prohíbe el uso de productos fitosanitarios, que sólo apunta a prohibir el uso de un insumo clave del sistema de generación de alimentos y no al ordenamiento socio-productivo.
En 2013 se elaboró un documento sobre las “Pautas” que estuvo avalado por instituciones públicas y privadas. Esto sistematizó las ideas y puso al alcance de los decisores políticos las definiciones que son clave en esta temática e incluso se abordó la gestión del riesgo, basada en una aplicación de fitosanitarios de manera responsable y segura. Estas recomendaciones abarcan a todos los actores de la situación, donde se sugería una zona de amortiguamiento de cien metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aplicaciones aéreas.
Un documento sin demasiado eco, a pesar de la presentación oficial en ese momento, generó una demostración a campo de todo lo que se expresaba en el mismo, con jornadas a partir de 2014 y con 39 capacitaciones en nueve provincias del país. Rafaela fue parte de ese cronograma, ahora discontinuada por las situaciones de aislamiento.
Con un público diverso, se apuntaba a quienes no pertenecen al sector para poder capacitarlos en cuanto a las buenas prácticas, pero también a quienes pertenecen al agro para fomentar una conversación positiva y que capacite a quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la actividad. Con charlas técnicas a salón que incluían variables de toxicología y tecnología, se agregaban demostraciones a campo, basándose en las recomendaciones climáticas y ambientales, más allá de la fecha establecida para esa formación.
“El hecho de aplicar agua tiene más deriva que si tuvieran algún líquido fitosanitario, porque se generan gotas con menos peso” se explicó sobre la modalidad utilizada en cada una de las capacitaciones.
El registro de temperatura, humedad, velocidad del viento y el cálculo del Delta T, que permite entender la velocidad de evaporación de la gota, son cruciales al momento de decidir la aplicación y con estos parámetros se detectó que incluso con condiciones adversas, en cada experiencia fue de 9,7 metros la deriva en aplicaciones terrestres (el 40 por ciento cayó por debajo de los diez metros de distancia) y 45 metros en las aéreas en promedio (43 por ciento cayeron por debajo de los 40 metros), respecto al balance de las 39 experiencias mencionadas.
Todos estos datos se pueden consultar en la publicación mencionada que está disponible en http://ruralrafaela.com.ar/Archivos_2020/Publicacion_BPAF.pdf
La desviación estándar y los coeficientes de variación permiten entender que la deriva llega a estar por debajo de los 13 metros en aplicaciones terrestres y menos de 45 metros en las áereas, muy por debajo de la zona de amortiguación sugerida por aquellas Pautas oficiales de cien metros, que es la mitad de lo que rige actualmente en Rafaela.
“Siempre hubo un compromiso muy fuerte del Estado Nacional y desde Casafe”, explicó el Ing. Elorza sobre la continuidad de las jornadas de capacitación a través de los diferentes tres gobiernos nacionales de los últimos años.
“Hoy hay más conocimiento y tecnología para poder hacer las aplicaciones adecuadas, hacen a las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, sobre todo cuando se está cerca de una zona sensible”, agregó.
Se explicó que lo que abunda actualmente en nuestro país, a diferencia del resto de los países del mundo es “el establecimiento de las zonas de exclusión en general se hacen en base a percepciones y no en base a datos reales”, mientras que el Ing. Moavro agregó que “con la tecnología de procesos se puede hacer de manera eficiente una gestión de riesgos”.
No hay demostración contraria que llevar a cabo las Buenas Prácticas Agrícolas en aplicación de fitosanitarios minimiza la ocurrencia de derivas. Las zonas de exclusión no resuelven el problema sanitario que se pleantea, porque se basan siempre en el principio precautorio sin base científica ni técnica. Pero el establecimiento de zonas de amortiguamiento, donde se permita el trabajo con productos habilitados y con protocolos determinados, son una solución recomendable, con la toma de recaudos extraordinarios, para tener una eficaz aplicación y evitar problemas conexos, ya que estas formas tienen resultados son coincidentes con las regulaciones de Europa y el Hemisferio Norte.
“Es necesario tener un ordenamiento territorial en cada municipio, porque si los límites son móviles se genera un problema aún mayor”, entendiendo que a nivel de los estados locales se tiene que dirimir con un consenso social y contemplando los intereses contradictorios que muchas veces se plantean en medio del debate. Un acuerdo concreto puede evitar conflictos futuros y constantes.
Presencia y sistematización
Tener un fiscalizador durante la aplicación, en la zona de
amortiguamiento, es una forma de demostrar a la ciudadanía que el Municipio se
ocupa de la cuestión. El control presencial es clave para dar tranquilidad a la
comunidad, ya que el monitoreo constante de las condiciones climáticas, es lo
que puede asegurar que se suspenda la aplicación cuando las variables cambien.
Cada aplicación tiene que estar basada en una receta fitosanitaria, con
monitoreo previo sobre las necesidades del lote, que es una declaración jurada.
Con matrículas para las pulverizadoras vigentes, que asegura la calidad
de cada aplicación, teniendo en cuenta que se manipula una sustancia tóxica, al
usarse de manera correcta y por un operario capacitado está demostrado
científicamente que no tiene consecuencias negativas, ni en personas, ni en
cursos de agua lindantes, ni en napas.
Siempre se debe avanzar entre la seguridad y la calidad de aplicación.
Productos de síntesis química, biológica y natural están registrados ante el
Senasa, que les indica su nivel toxicológico y ninguno es inocuo. Cada uno
presenta diferente efectividad, e incluso destino, ya que no hay al momento un
producto de síntesis biológica para el trabajo sobre malezas. Todos los
productos se deben combinar según se necesite, teniendo en cuenta que trabajar
con productos de banda verde es lo recomendable para aplicar.
Existen productos de síntesis natural aptos para emprendimientos
orgánicos que son de banda roja. A la agroecología, a la agronomía aplicada,
también se la debe hacer de manera correcta, para no generar consecuencias
ambientales.
Quedando vedadas las aplicaciones en cercanías de las escuelas rurales o
espacios donde haya gente al momento, se tienen que ajustar los horarios y días
para poder hacerlo.
Disponer de estaciones meteorológicas, pero también de cajas negras para
poder guardar la información de la maquinaria al momento de la aplicación para
poder chequearla de forma posterior si es necesario, tener normas de calidad
como la IRAM 14.130 que certifiquen los equipos, van a combinarse para asegurar
una aplicación eficiente y segura.
Esto es parte de un proceso, por lo tanto frente a las tensiones en los
periurbanos, junto con un protocolo de trabajo muy preciso y auditable es la
forma correcta de abordar el tema. Se debe trabajar en una manera ordenada, con
protocolo establecido y siguiendo un esquema que pueda chequearse siguiendo el
proceso, por eso las normas deben disponer una fiscalización estatal para
resolver los problemas planteados.
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