Fue el lunes sobre el camino 5, al norte de la ciudad.
Por Elida Thiery (Rafaela Noticias) - Estamos en plena temporada de trabajo agrícola, con movimiento de maquinaria para la cosecha pendiente o la siembra de cultivos gruesos, que traerán allá por abril el oxígeno financiero que el Gobierno busca. A pesar de esto, la política sigue sumando interrogantes, que son más grandes que los climáticos, pero nunca cesa el vandalismo en igual sentido.
El lunes por la tarde, en el camino público número 5 de Rafaela, ir dónde se traslada el tránsito pesado, a la altura de la prolongación de la calle Aconcagua, uno de los tantos montículos de basura que se desechan a gusto y sin penalidad en cualquier punto de la ciudad fue prendido fuego de manera intencional.
El campo lindero, con rastrojo de trigo que en los próximos días esperaba ser sembrado fue el espacio ideal para continuar las llamas.
Pero la rápida reacción del productor agropecuario, el personal del campo y los bomberos lograron controlar una situación que pudo ser muy compleja y que se hace cada vez más habitual.
Teniendo en cuenta este tipo de ataques constantes que sufre la producción en el periurbano de Rafaela, sumado a más amenazas sobre le futuro de las actividades, siempre con prohibiciones y nunca con procedimientos que las impulsen, es difícil planificar ante tanta desprotección.
Hay que tener en cuenta que las toneladas de basura que se depositan en los caminos rurales, contaminan al suelo con todo tipo de materiales, generando de manera constante este tipo de hechos, además de lo que se conoce como contaminación blanca, los plásticos volátiles que terminan alterando el medioambiente porque demandan unos mil años para su degradación, depositándose en la tierra luego de haber volado cientos de metros, un fenómeno de absoluta afección en el entorno amplio del Complejo Ambiental Rafaela.
Estos delitos ambientales directos, constantes y absolutamente urbanos no tienen regulación, control o castigo alguno.
Si bien la recientemente aprobada Ley de Manejo del fuego dispone que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural", se establece una prohibición de 30 años para "cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".
La gran incógnita es en qué quedarán estos lotes al atravesar los distintos tironeos políticos que no hacen más que desalentar a la producción, esa que es el sustento económico del país y mucho más de las comunidades de menores dimensiones tal como está en la que nos desenvolvemos.
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