Los productores agropecuarios de Rafaela padecen las inclemencias climáticas y las lluvias, al no tener obras en caminos, ni mantenimiento alguno se hace intransitable el entorno de la ciudad. Reclamos formales se acumulan y las resupuestas no llegan.
Misiones corre hacia el sur, partiendo de la Ruta 70, en sentido contrario del desvío de tránsito pesado. A unos dós kilómetros de su nacimiento, entre las vías del ex Ferrocarril Belgrano y el siguiente camino rural, es casi intransitable la zona.
El perfil transversal del camino, lejos de presentar su punto más alto en el centro de la calzada, se encuentra al mismo nivel que las cunetas, e incluso por debajo. Se genera así una situación de ausencia de drenaje, con una superficie que no logra secarse, por lo que se ha convertido en una zona de anegamiento permanente.
Cuando se habla del mantenimiento de caminos rurales, no sólo se hace referencia a la necesidad de ripiado o arenado para su transitabilidad, o incluso el trabajo de maquinaria para aplanar la superficie, sino la imperiosa necesidad de generar esa caída en el camino, con la consecuente limpieza y profundización de las cunetas y canalizaciones anexas.
En un reclamo efectuado el 11 de marzo pasado, se manifestó que personas desconocidas habían cortado alambrados perimetrales de un campo, ingresado al predio, dejando las huellas de su circulación por el mismo en forma paralela y coincidiendo con el tramo de vía pública anegada. Quienes circulan a pie o en vehículos de menor porte en la zona buscan alternativas para poder moverse e invaden propiedades privadas.
Como consecuencia de la “intransitabilidad” de los caminos públicos, los vecinos rurales han sido víctimas en reiteradas oportunidades de la invasión de sus propiedades lo cual genera un riesgo anexo que es la fuga de animales destinados a la producción.
Con las reiteradas lluvias, se exacerban cada vez más los problemas estructurales de los caminos rurales, lo que complica seriamente la circulación de quienes deben utilizarlos por cuestiones laborales. No sólo genera graves inconvenientes para el retiro de la producción, principalmente en el caso de los tambos con la leche cruda que se colecta todos los días, el envío de hacienda a remates con fecha fija, el arribo de insumos, pero más aún, se impide el acceso a los campos para la atención de emergencias, ya sean de salud o cuestiones vinculadas a la inseguridad, o el mantenimiento de la red eléctrica, por ejemplo.
No poder llegar de manera ágil a la ciudad todos los días del año, complica incluso el acceso a alimentos, a la educación o para la atención médica.
Destacan los productores agropecuarios que además de pagar el Impuesto Inmobiliario Rural (tributo provincial) aportan sumas extraordinarias al Municipio a través del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) que afecta al sector rural periurbano. Esta carga impositiva resulta muy difícil de sobrellevar, sobre todo por la falta de prestaciones en el mantenimiento del entorno que debería concretar el propio Municipio de por sí y mucho menos luego de los reclamos, cuando las obras no llegan.
Las tasas municipales son pecuniarias, se deben pagar como retribución de servicios pública prestados, orientados a la asistencia pública, alumbrado, barrido, riego, recolección de residuos, arreglo de calles y caminos rurales y conservación de plazas, paseos, red vial municipal, desagües, alcantarillas, realización y conservación de las obras públicas necesarias para la prestación de servicios municipales y los servicios complementarios y conexos que se presten a la propiedad inmobiliaria.
El aporte de los vecinos de la ciudad, en el ejido urbano, pero también en el sector rural es alto y lo que está a la vista es que los servicios no son equivalentes.
El reclamo de atención es constante, la respuesta nunca está a la altura de la demanda.
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