Un proyecto oficialista atenta contra los intereses e inversiones provinciales en el sector y contradice las intenciones de empresas, productores agrícolas, e incluso Estados.
Si bien las principales provincias productoras, como Santa Fe y Córdoba vienen manifestando la necesidad de prorrogar la normativa vigente, el Gobierno sigue dispuesto a no responder a las necesidades e inquietudes de los sectores afectados y se desvía.
Lo que había sido una gesta santafesina del entonces gobernador Jorge Obeid, promoviendo la industria de los biocombustibles hoy tiene un condimento increíble.
En vez de negociar condiciones, con tiempo, el kirchnerismo propone una normativa hasta 2030, con cinco años de posibilidad de prórroga, con la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, como organismo de aplicación.
Para el biodiésel se establece un corte obligatorio del cinco por ciento medido sobre la cantidad total del producto final, reduciendo a la mitad lo que rige hoy. Incluso se podrá reducir hasta el tres por ciento.
El bioetanol mantiene el corte del 12 por ciento, aunque también existe la posibilidad de recortarlo hasta el tres por ciento.
Más allá del impacto en el sector agrícola, en la industria que desde 2006 intenta generarse un espacio, recuperar las millonarias inversiones, hay una consecuencia anexa de esta idea. Argentina tiene un compromiso que incumplirá si emite más con mayor uso de combustibles fósiles.
"Argentina reafirma su compromiso con el Acuerdo de París, a la luz de la ciencia, y adopta al cambio climático como política de Estado. En respuesta al llamado a aumentar la ambición climática, hemos definido, con miras al 2030, una meta que limitará las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel 26 por ciento inferior a la Contribución Determinada Nacional previamente comprometida en 2016", aseguró el presidente Alberto Fernández en el documento Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional, publicado en el portal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Contradicciones, una tras otra, tienen para Santa Fe un condimento más. El proyecto está firmado por 17 diputados, entre ellos dos santafesinos, Marcos Cleri, que no estaría respondiendo a la versión del tema que plantean los senadores nacionales María de los Angeles Sacnún y la mano derecha del Gobernador Perotti, Roberto Mirabella. Pero más interesante es aún saber que Alejandra Obeid, la hija del impulsor del tema en la provincia, está a favor de recortar el corte, de contraer a las empresas, de no querer descontar emisiones de carbono suplantando combustible verde, por fósil.
Comunicado
A última hora de este viernes, el
sector agroindustrial emitió un comunicado pidiendo que se revea la intención,
con las firmas de la Cámara Argentina de Biocombustibles – CARBIO, Cámara de
Bioetanol de Maíz – BIOMAIZ, Asociación Maíz y Sorgo Argentino – MAIZAR, Asociación
de la Cadena de la Soja Argentina – ACSOJA, Cámara de la Industria Aceitera de
la República Argentina – CIARA, Confederaciones Rurales Argentinas – CRA, Bolsa
de Cereales de Córdoba – BCCBA, Bolsa de Comercio de Rosario – BCR, Bolsa de
Comercio de Santa Fe – BCSF, Bolsa de de Cereales de Buenos Aires; y la Bolsa
de Comercio de Chaco.
El texto se reproduce a
continuación.
La presentación de un proyecto de
ley de biocombustibles, que realizó un sector del bloque de diputados del
oficialismo el jueves pasado, puso en estado de alerta a la amplia mayoría de
las cámaras empresarias de esta industria, ya que su eventual sanción pone en
riesgo de desaparición a muchas empresas que invirtieron cientos de millones de
dólares y que aportan empleo y beneficios ambientales, sociales y económicos en
todo el país.
Lamentablemente, los autores del
proyecto solo consultaron a unas pocas entidades y/o empresas productoras de
biocombustibles para realizarlo.
Consideramos que el proyecto
presentado va a contramano con las tendencias ambientales mundiales, reduciendo
drásticamente el uso de biocombustibles y cerrando toda posibilidad de
crecimiento de la actividad.
Los biocombustibles permiten una
reducción de 70% en la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a
los combustibles fósiles y son la herramienta privilegiada para disminuir el
fuerte impacto ambiental y sanitario de los combustibles fósiles, en particular
con el nuevo impulso mundial al Acuerdo Climático de París y el plan del
presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para una revolución de energía
limpia y justicia ambiental.
La iniciativa establece una
reducción de la mezcla de biodiésel en el diésel del 10% al 5%, pudiendo bajar
incluso al 3 %, y abre las puertas a una disminución del 12% actual al 9% en el
caso del bioetanol, discriminando injustamente a las plantas productoras en
base a maíz al hacer caer dicha reducción exclusivamente en las mismas.
De aprobarse este proyecto de ley,
la industria bioenergética iniciará un camino de decadencia, en vez de transformarse
en un vector de desarrollo económico, ambiental, social y regional como fue
hasta ahora.
El sector de los biocombustibles
considera que con el proyecto presentado se desperdicia todo el valor agregado,
las inversiones realizadas y la productividad que ofrece el campo y la
agroindustria, privilegiando el desarrollo de la actividad de refinación de
petróleo, además de retroceder en materia de mejoras medioambientales que van a
favor de la salud de la población.
Asimismo, implicará que la
Argentina desaproveche una capacidad instalada ya existente, la que motiva a
proponer todo lo contrario de lo que este proyecto propicia: Aumentar el uso de
biocombustibles como nuevo paradigma de crecimiento y de beneficio
medioambiental.
Cualquier eventual reducción de
las mezclas atenta contra le legislación vigente, principalmente en cuanto al
principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado
por la Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la Ley N° 27.270,
incluido en la Ley Nacional Ambiental N°25.675 de 2002.
La industria espera que haya una
prórroga de la ley actual, tal cual fue aprobada por unanimidad en el Senado de
la Nación, y que durante el transcurso de la misma se pueda tener oportunidad
de debatir seriamente el futuro de los biocombustibles, evitando así que se
imponga un proyecto improvisado que perjudica a toda la cadena de valor de la
soja y del maíz.
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