En agosto comenzarán las indagatorias de los cuatro empleados que con otras 24 personas bloquearon la empresa de General Udaondo y transformaron la paz social en el pueblo y la estructura de una pequeña industria familiar. Con 40 por ciento menos materia prima, productos discontinuados y un ritmo laboral perdido, hablamos con Paulina Mayol y su abogado, Juan Beluardo, para actualizar la situación de un reclamo violento de Atilra.
Por Elida Thiery (Agrofy News) - Fue para todos la sopresa, cuando al comenzar marzo, en esas primeras horas se generaba un bloqueo en la planta de Lácteos Mayol.
Abruptamente era el inicio de una crisis que aún ve lejos su normalización.
Empezábamos a conocer por la fuerza de Atilra descargada ante una pequeña empresa láctea la historia familiar, su influencia socio-económica en el lugar, pero sobre todo a la única industria de Gobernador Udaondo, una localidad del partido de Cañuelas, que aún está lejos de llegar a los 400 habitantes.
Luis y Dardo Mayol conducían a la empresa que lleva su apellido por iniciativa de su abuelo, procesando algo más de diez mil litros de leche cruda por día, para transformarlos en dulce de leche o quesos. Pero la irrupción violenta frente a la planta aquel primero de marzo cambió todo. La materia prima que esperaba su proceso ese lunes se tuvo que tirar y a lo largo de la semana la lucha por recuperar el lugar fue ardua.
Amenazas, violencia física y verbal, roturas en las instalaciones, robo de elementos condimentaron una toma que se destrabó en parte, gracias al apoyo popular de un pueblo que depende en gran medida de esta pyme.
Cuando la actividad se pudo retomar, Paulina Mayol, la hija de Luis, tuvo que ponerse al frente de las operaciones, pasando de ser contadora, a comenzar a empujar la empresa y en definitiva ser la única de la familia que actualmente entra a la planta, obligada a superar el estrés y la depresión de lo vivido, a diferencia de quienes hoy deberían poder seguir trabajando en la empresa de su padre, que los tuvo durante toda la vida activos y sosteniendo una historia de 86 años.
“Actualmente estamos trabajando con diez empleados, cuatro menos que antes y con un 40 por ciento menos de materia prima. No hemos podido recuperar los niveles de producción normales y la realidad es que hoy no estamos buscando hacerlo porque estamos todavía viendo de qué manera continuar”.
Con unos 8.500 litros diarios, en estos meses “se perdió el buen ambiente de trabajo en la fábrica después que se retomó la actividad y las cuatro personas que participaron del bloqueo se reincorporan en sus puestos”. La sitaución de tensión, sumado a la imputación que les impuso la Justicia hizo que “el ambiente de compañerismo se había perdido y la actividad no era normal para todo el personal. En cuanto a la familia, a la generación que me antecede, a mi papá y a mi tío les hicieron mucho daño, mi papá no quiso trabajar más, así que todo esto nos pegó muy fuerte”.
Junto a otro de sus tíos, Germán, están llevando adelante la empresa, aprendiendo cada día y con estos cuatro empleados despedidos, no se resignan a perderlo todo.
Udaondo apoyó mucho a la familia para seguir adelante. “El pueblo es muy chiquito y este conflicto rompió la paz social. Tener problemas con estos empleados que son también habitantes del pueblo, nuestros hijos son compañeros de colegio, hacen a una situación socialmente dificil”.
Sin razón
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina tiene un método de reclamo que jamás está cerca del diálogo, el entendimiento o la cordialidad. Siempre se utiliza la fuerza para cualquier pedido.
Este año no hubo bloqueos en medio de la negociación paritaria y puede que la necesidad de mostrar fuerza, sobre todo desde Buenos Aires, en este caso por la motivación de la Seccional Cañuelas, conducida por Guillermo Arregui.
Siempre con la imposición de fuerza mediante, el gremio ha generado crisis, e incluso cierres de muchas empresas en el país, sobre todo de las de menor tamaño, pero también complicaciones en las empresas más grandes.
Llamativo fue el ensañamiento, sin advertencias previas sobre los reclamos que terminaron siendo atendidos.
“La verdad es que todavía no le encuentro explicación, las busqué de todas las maneras, pero no encuentro el por qué. Si había alguna disconformidad de los empleados no estábamos al tanto, no era manifiesta y es la primera vez en nuestra historia que pasó una cosa así”, indica Paulina.
“Nunca desconocimos la legitimidad de los reclamos que nos podían hacer, pero jamás con esta metodología. La forma nos destruyó”.
En su charla con Agrofy News explicó que “firmamos un convenio en el Ministerio de Trabajo, donde accedimos a todos los pedidos del gremio, simplmente con la condición de tener plazos para poder ir reacomodando toda la situación y se está cumpliendo. Más allá de esto, espero que la causa penal avance en las investigaciones, en las declaraciones que aún faltan concretar y que realmente se llegue a una resolución, porque todo lo que se declaró y constató con escribano, es la realidad que vivimos”, sostuvo sobre las instancias que aún faltan definir luego de un padecimiento patrimonial, pero sobre todo personal que afectó a la familia Mayol, al resto de los empleados, al pueblo, pero también a quienes dependen de diferente manera de la empresa.
Mirando la cadena de suministro hacia atrás, “perdimos un tambo que nos dejó de remitir inmediatamente después del conflicto. Ahora nos quedamos con un tambo grande, de volumen, otro que es muy chiquito y que le entrega a la empresa hace muchísimos años, que es de un productor que se compró las primeras vacas trabajando con nostros; y seguimos teniendo nuestro tambo propio”.
Estar de pie en esta situación no es sencillo. Paulina Mayol explica que “cuando se reincorporó a trabajar la planta laboral completa, la cantidad de litros que procesábamos era prácticamente inviable, porque justo nos encontramos con la baja estacional. Fue súmamente dificil poder encontrar leche, a pesar de haber salido a buscar por todos lados. Fue imposible sumar un litro de leche a la planta. Fueron dos meses de desesperación total y se nos hacía complicado mantener a todos los trabajadores”.
Si el objetivo del gremio era debilitar a la empresa, lo consiguieron.
“Hoy no estamos pudiendo cumplir con todos los clientes, por falta de materia prima. Algunos productos los hemos discontinuado, pero seguimos trabajando en nuestro fuerte que es el dulce de leche, que es a dónde apuntábamos el fortalecimiento de la empresa. Seguimos también con queso blando y queso duro”.
Mayol tiene una distribución propia zonal, en Brandsen, Cañuelas, San Miguel del Monte, Las Flores y General Belgrano, además de clientes en La Plata, la zona sur del Gran Buenos Aires, o en el resto del país, con transporte tercerizado.
Faltan varios meses, pero se supone que el clima va a acompañar y la primavera promete buena produccón lechera, sin embargo, las expectativas desde Udaondo son pocas.
“La realidad es que vamos teniendo un día a día. Para mí el conflicto no está cerrado y tenemos siempre el temor de volver a tener problemas derivados de estas cuatro personas que están desvinculadas de la empresa”, dice la responsable de esta pyme. “Lo que más anhelo es poder reorganizarme, poder seguir los planes de crecimiento que teníamos y armonizar la situación gremial”, se ilusiona.
Indagatoria en agosto
Juan Beluardo (T:65, F:340) es uno de los abogados de la familia Mayol. En su comunicación con Agrofy News explicó que el conflicto comenzó de golpe, sin reclamo previos.
Una vez presentado el bloqueo de la industria, “lo que Atilra decía con criterio cierto que de los 14 empleados que tenía la fábrica, siete estaban ya en el gremio y los restantes también debían hacerlo. Si bien estaban en otro convenio colectivo, cosa que no está mal, la empresa no desoyó la necesidad de pasar a todos al convenio 2/88 de los trabajadores lecheros.
Sin embargo pidió un plazo para poder cumplirlo, “porque la diferencia impositiva es muy abultada entre un gremio y el otro. Además pedía el gremio la recategorización, que en principio es algo que le correspondía al Ministerio de Trabajo de la Nación, pero entendiendo que podía ser un reclamo genuino y legítimo accedimos a evaluar la situación de cada uno de los empleados”.
Es muy remarcable que por estos temas, “nunca hubo un reclamo previo y directamente se avanzó hacia la toma de la planta. Ir a una medida directa es una aberración”, manifestó el abogado de la firma que hoy sostiene a diez empleados.
En el medio hubo una conciliación obligatoria incumplida por la gremial, que no fue sancionada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, lo cual les permite un movimiento cubierto de impunidad, frente a una pyme desprotegida y alejada de los funcionarios que deberían operar de manera imparcial.
Hay 28 personas identificadas que se estaban manifestando por Atilra en el ingreso a la planta en los primeros cinco días de marzo, entre los que se encontraban los cuatro trabajadores de la empresa.
“Lo que nosotros hicimos fue ajustarnos siempre a derecho, tratar de seguir los pasos procesales que marca la Ley, dunuciar como corresponde, constatar los delitos que fueron en flagrancia, nos pusimos a disposición de la Justicia Penal y una vez que la fiscal Dra. Norma Pippo de la Unidad Funcional N°2 de Cañuelas , dispone el llamado a indagatoria y nosotros entendemos que ahí empieza el auto de procesamiento y por lo tanto, no podemos tener trabajando en la empresa a personas vinculados a la magnitud de los delitos que están detallados en la causa”.
Lo que el letrado explica es que las imputaciones son robo agravado, coacción agravada en poblado y en banda, atentado y resitencia a la autoridad; y desobediencia. La causa tendrá las primeras indagatorias en agosto, en el marco de un proceso que podría demandar hasta unos cuatro años de desarrollo.
Eduardo Ismael Rodríguez, Néstor Fabián Bordón, Juan Pablo Miño y Ramón Miño, son los cuatro empleados que en una primera instancia fueron suspendidos en sus tareas dentro de la empresa, de forma preventiva, para luego comprender que los vínculos laborales estaban extintos, a causa de las denuncias por amenazas que presentaron sobre Paulina Mayol y al propio Beluardo, por amenazas que fueron rechazadas in limine por la fiscalía, por falta de sustento.
“Vemos una clara intención de entorpecer la investigación judicial”, sostuvo el abogado que trabaja sobre los aspectos laborales junto al Dr. Juan Fontana, que se desempeña en el fuero penal, quien había pedido la detención del delegado sindical de Atilra, Guillermo Arregui.
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