Hace un año y medio que la política contraria a la agroindustria viene generando un malestar que este domingo se vio en las urnas y Rafaela no se exceptuó del resultado.
Por Elida Thiery (Rafaela Noticias) - Era junio de 2019 y Alberto Fernández llegaba Rafaela en campaña. Se le preguntó por primera vez, cuál era su mirada sobre el campo y cuáles iban a ser sus decisiones sobre el retenciones. Su respuesta fue muy liviana, pero siempre orientada al caudal de dólares que tenía el sector agropecuario entre sus manos.
El no dudó, ni bien asumido se elevaron las retenciones, la tensión con el espectro productivo creció y en la Argentina se volvió una vez más a atacar al segmento que más dólares le aporta a la caja nacional y que en definitiva sostiene a la economía.
La voluntad de diálogo estuvo pero las posibilidades de definir políticas se ausentaron de inmediato. Incendios intencionales, delitos contra los silobolsas en todo el país, robo de ganado, todo tipo de hechos de inseguridad en el área rural, en el medio de una buena campaña agrícola, ganadera, lechera y de otras economías regionales, se siguieron con la decisión de expropiar Vicentín, el hecho que muchos comunicadores oficialistas quisieron disfrazar en un inicio, pero que fuera confirmado por el propio Presidente de la Nación en una conferencia de prensa.
A disgusto el campo empezó a pedir una revisión de la medida, incluso hubo conversaciones políticas que vincularon a la provincia de Santa Fe en este tema y que lo llevaron al gobernador Omar Perotti a la misma quinta de Olivos a intentar frenar esta situación que pudo haber barrido con algunos integrantes de su gabinete.
El gobierno siguió adelante, más allá de los errores de una empresa privada que aún sigue sin resolver su falta de pago en múltiples empresas y proveedores, pero el campo se manifestó y a partir del 20 de junio de 2020 comenzaron una serie de reclamos que tuvieron su corolario en este último 9 de julio con dos grandes concentraciones en San Nicolás y en Avellaneda, al norte de nuestra provincia.
Los temas sobre la debilidad de la propiedad privada empezaron a crecer con usurpaciones, pero también con la toma que Juan Grabois motivó en la estancia de la familia Etchevehere, con un Proyecto Artigas, vacío y diluido después de la constación de un delito de la mano de una jueza entrerriana muy sólida.
La Justicia también se pretendía torcer a gusto, cuando comenzaban a faltar cubiertas para los tractores, para los camiones, repuestos y los combustibles multiplicaban su valor cada mes.
La pandemia justificaba todo, todas las prohibiciones recaían en la población. Se hacía imposible transitar por el país, cruzar entre provincias para trabajar, para producir, para ver a la familia, mientras en los círculos de poder el libertinaje era lo habitual. Cuando aparecieron las vacunas, esto transformó el orden de la fila para la inoculación y algunos se protegieron antes que los que más lo necesitaban.
Parece que todo esto no era suficiente y este administración decidió retomar políticas que no habían funcionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin abandonar los rumores de más subas de retenciones, hace casi cinco meses que están cerradas las exportaciones de carne.
Argentina vuelve a perder su lugar en el mundo, a pesar de la tradición ganadera.
Sólo se dejaron abiertas cuotas de ventas al exterior muy puntuales y el efecto buscado que era bajar el precio para los consumidores jamás llegó.
La inflación sigue avanzando y ya nos acostumbramos a más de tres por ciento mensual, porque es parte de lo habitual que cada compra en el supermercado, en la carnicería, en el almacén y en el kioskito del barrio, nos representen más dinero para comprar lo mismo, e incluso nos hace comprar cada vez menos, afectando la oferta nutricional de cada familia.
El consumo de carne está en un pico negativo histórico, algo por encima de los 47 kilos por habitante al año. Sin embargo, hay una convicción en cierto segmento del Gobierno de estar por el camino correcto, aunque signifique la pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país.
El deterioro económico de municipios y comunas donde existen frigoríficos, donde el campo tiene una incidencia directa, parecen no internalizarlo. Casos como el de la provincia de Santa Fe, donde el propio gobernador Omar Perotti es el que rechazó la medida en un principio a través de un tweet, pero luego no se manifestó más públicamente en contra del hecho, no consiguió aliviar la medida y puso a sus candidatos a desentenderse del tema.
Rafaela lo está sufriendo con dos frigoríficos y lo sentirá aún más de no revertirse esto.
El problema no es del campo, es de todos, incluso de los que recaudan impuestos.
El campo argentino siente que el Gobierno lo rechaza, sin embargo no deja de trabajar y aportar dinero para que se utilice en todas las acciones.
En 2019 el centro del país dijo no, incluyendo a nuestra región, pero dejaba lugar a variantes, sin embargo ahora no hubo duda alguna sobre el mensaje que los ciudadanos le acercaron a los mandatarios y candidatos.
Ya no sólo el campo sufre el impacto, sino que la industria, el comercio, los profesionales, los monotributistas, todos vienen sintiendo la transición negativa entre tantos desaciertos. Hay miles de personas sin trabajo y en ese aspecto en Rafaela los números pueden compararse a los de 2009, a los de 2012, e incluso a los de 2019, aunque se marquen decimas de diferencia. Todos percibimos el deterioro del ritmo de vida y eso nada tiene que ver con la ubicación en la que se viva o la clase social, aunque claramente a los más débiles reciben un empujón más grande.
Existe entre los sindicatos vinculados a la producción agroindustrial en la Argentina un silencio muy cómplice respecto a las acciones tomadas por este Gobierno, aunque eso signifique el deterioro de los trabajadores, llegando incluso hasta la estatización de la hidrovía aunque no se cuente con la infraestructura para su mantenimiento y la empresa interancional que hacía el dragado lo deba seguir haciendo hasta que se presente una nueva licitación.
Mientras tanto, tampoco se pudo lograr debatir una Ley como lo pidió el Consejo Agroindustrial Argentino a todos los referentes del Gobierno y la oposición. Esa desatención constante se registra en las urnas y tendrá hacia noviembre una nueva prueba.
Todo suma, todo resta
Una idea de la concejal justicialista Brenda Vimo sobre prohibir la aplicación de cualquier tipo de producto en los mil metros desde el límite periurbano y con más restricciones en los siguientes mil, redactada en un proyecto de ordenanza que fue presentado en el final del año pasado, duerme el sueño de los injustos en el sexto piso de la Municipalidad.
Todavía tiene estado parlamentario y nadie se anima a someterlo a votación, porque básicamente nunca tuvo el proyecto el aval de intendente, Luis Castellano.
Puede ser por la falta de tecnicismo, por los errores en los que incurre, por la irracionalidad de la medida, por no entender una actividad productiva, por sólo cuestionar al sector productivo y de gran influencia laboral de la ciudad y desconocer lo que pasa más allá de la mirada propia, demasiado lejos del velo justificatorio del impacto en el ambiente que no tiene en la ciudad denuncias por irregularidades en las aplicaciones y mucho menos malformaciones o intoxicaciones informadas a la autoridad nacional de salud.
Ahora un nuevo proyecto de Lisandro Mársico, con mayor criterio, al menos propone una perspectiva para poder seguir trabajando y que no se elimine la producción rafaelina agropecuaria.
Ese tironeo de ideas, esa falta de comprensión de la realidad de actores fundamentales de la sociedad, determinaron en Rafaela, en el Departamento, en la Provincia y a nivel país son las que generaron parte de los resultados que conocimos este domingo a la noche.
La prédica del apoyo al sector productivo, pero las decisiones en contra del mismo, son las que hicieron que la gente vote en contra de los oficialismo en los tres niveles del Estado.
La falta de reacción del Gobierno en la en esta primera jornada después de resultados en absoluto desfavorables para el oficialismo es lo que hace convencer a los dirigentes de las cuatro principales entidades del campo, pero también a los autoconvocados, que las medidas de fuerza que se vienen proyectando y se van postergando para no incidir en los comicios, se deberán llevar a cabo de una manera mucho más intensa y sin muchas más demoras.
El Gobierno no quiere al campo, pero lo necesita y las urnas dijeron eso. La elección unificó criterios y ya no hay campo contra ciudad, o campo contra industria, sino que se debe aportar una mirada integradora de actividades, políticas y estrategias que sólo nos lleven a crecer.
Comentarios