El decreto se publicó esta mañana en el Boletín Oficial. Un nervioso Julián Domínguez se desligó del control de la medida. El sector agropecuario endurece su postura y se encaminan los reclamos activos.
A través del decreto 132/2022 se determinó la creación de un fondo fiduciario público, que se denomina “Fondo Estabilizador del trigo Argentino”, “con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.
En el formato que más le gusta al Gobierno, “será conformado como un fideicomiso de administración y financiero” que será suscripto por el Ministerio de Desarrollo Productivo y una entidad pública bancaria. Será la Secretaría de Comercio Interior será la responsable del mismo.
“El Fondo estará compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación en virtud de la aplicación del Decreto N° 131/22”.
La medida está firmada por el presidente, Alberto Fernández y llamativamente por su Gabinete, Juan Luis Manzur, Eduardo Enrique de Pedro, Santiago Andrés Cafiero, Martín Guzmán, Matías Sebastián Kulfas, Julian Andres Dominguez, Alexis Raúl Guerrera, Gabriel Nicolás Katopodis, Martín Ignacio Soria, Aníbal Domingo Fernández, Carla Vizzotti, Juan Zabaleta, Elizabeth Gómez Alcorta, Jaime Perczyk, Tristán Bauer, Daniel Fernando Filmus, Claudio Omar Moroni, Juan Cabandie, Matías Lammens y Jorge Horacio Ferrares.
Domínguez, nervioso
Fue
después de las 11 de esta mañana que en una conferencia de prensa
convocada anoche y transmitida por el canal de YouTube del Ministerio
de Agricultura, Julián Domínguez se presentó con su gabinete para
intentar explicar una medida que venía negando.
Mordiéndose
los labios, leyendo sus palabras, levantando poco la mirada y en
múltiples oportunidades repitiendo conceptos escritos trató de
convencer que el Decreto que vuelve atrás supuestamente de forma
temporal a lo definido en octubre de 2020 es una suspensión
transitoria que eleva dos puntos las retenciones a dos subproductos
de la soja.
La
medida sumaría unos 430 millones de dólares, para contener los
precios del pan y los fideos en el consumidor final, hecho que no
sabe cómo explicar Domínguez que realmente logre ese efecto.
Siempre
aludiendo a la determinación del Presidente, el Ministro habló de
“estabilizar a valores prebélicos”, e incluso “desacoplar
precios argentinos de los internacionales”, en una estrategia que
podría “cuidar a los consumidores” y “que no perjudiquen a la
producción”.
Reconoce
que en el país “los productores han provocado una cosecha récord
de trigo” y que lo mismo iba a suceder con el maíz si no hubiese
ocurrido la sequía. Por eso sostiene que “todos los esfuerzos de
este Ministerio van en esta dirección, generar confianza y
previsibilidad”, porque cree que al anunciar que se abren los
registros de exportación de trigo por ocho millones de toneladas de
trigo más, de la campaña que viene, es suficiente como para que
todos decidan salir a sembrar, sin que medie otro cambio de políticas
en el medio.
Lo
que tampoco pudo explicar es cómo se puede ajustar la medida si esta
semana la caída de los precios de la soja estuvo en el órden de los
44 dólares y eso si afecta a la producción.
Pero
Domínguez siempre tiene el facón bajo el poncho y sugirió que como
la industria le cobra a todos el 33 por ciento de retenciones, para
después definir si exporta el poroto o algún subproducto, “apelo
a la solidaridad y al sentido común de quienes conducen esas
empresas” porque en medio hay “razones justas y de
razonabilidad”, ya que “a la medida la tomamos pensando en el
bien común y de la nación”.
No
pudo explicar que pasó con el anterior fideicomiso triguero en el
que venían trabajando desde diciembre y siempre con una excusa
exógena, redujo esta decisión que se presenta ahora como temporal a
“un problema que tiene la humanidad”, lo que no parece entender
es que las retenciones son constantes en Argentina y que es este
Gobierno el que las subió y abandonó un esquema de contracción.
Tampoco pudo defender la situación de ilegalidad del impuesto, tal
como lo hacía durante los días de Expoagro.
Reclamos y movilizaciones
Hace
algunas horas la Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina emitió un comunicado en el que rechaza la suba de derechos
de exportación explicando que es una “medida primarizante que
atenta contra la industrialización del poroto”.
Indicando
que no se quisieron aceptar otras alternativas para un mayor ingreso
de dólares al país, “esta medida es una clara indicación que el
Gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo
industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires”.
Abordando
la ilegalidad de la decisión por haber vencido el régimen
impositivo con el presupuesto que no fue aprobado, ahora esto debería
ser aprobado por la Comisión Bicameral del Poder Legislativo, por lo
tanto no se descarta una presentación judicial de no revertirse.
“Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre
la población argentina es una obligación del Estado y de las
empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación
es el peor de los caminos”concluyeron.
Rafaela
Noticias consultó a Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones
Rurales Argentinas por los pasos a seguir por parte de las entidades
de productores y la decisión es clara, obedecer a la voluntad del
eslabón primario.
Días
atrás el Consejo de CRA definió “apoyar todos los productores que
vayan haciendo todos los productores en el interior del país,
perfilando hacia una movilización nacional, si es que así se va
definiendo”. Esto responde a encuentros que se vienen realizando
desde la semana anterior y que cobran fuerza durante este fin de
semana, principalmente desde los movimientos autoconvocados.
“Hemos
pedido una audiencia a todos los presidentes de bloques de la Cámara
de Diputados y Senadores de la Nación y podría ser el próximo
martes a la tarde y estamos teniendo buena respuesta, queremos que en
una misma reunión estén todos”, explicó.
Lamentablemente
desde el Ejecutivo no entienden que no hay confianza en ningún
segmento cuando quienes deciden faltan a su palabra, mienten o
engañan. La realidad se complica cada vez más y por las propias
decisiones de este Gobierno.
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