La próxima semana se presentaría el proyecto para actualizar la normativa que tiene más de cuatro décadas, para generar un fondo propio de más ágil disponibilidad para atender ayudas ante sequías, inundaciones y situaciones climáticas extremas. También se subiría el presupuesto para los Caminos de la Ruralidad.
Es complejo hacerlo cuando la infraestructura disponible es mínima, pero también cuando los fondos para tal fin son escazos, se entregan con demoras y la inestabilidad política-económica nunca mejora.
La Provincia de Santa Fe empezó esta semana a entregar los primeros pagos del fondeo por sequía originados en enero, pero a la vez, está terminando de gestar un proyecto de Ley de reforma de Emergencia Agropecuaria.
La novedad la comentó este miércoles el ministro de la Producción provincial, Daniel Costamagna en ocasión de entregar fondos para la prevención de emergencias en la ciudad de Rafaela.
“Esta es la antesala a una vuelta de página que queremos hacer en la provincia del manejo del riesgo agropecuario”, explicó sobre la presentación que se hará en los primeros días de agosto para modificar la normativa que rige para las emergencias y que data de la década del ´70.
Ante productores y presidentes comunales del Departamento Castellanos indicó que “el 70 por ciento de la producción en la provincia está sobre campos arrendados, por eso entendemos que el aggiornamiento que tiene que tener el marco jurídico tiene que ver con tener herramientas para darle al productor agropecuario los elementos que necesita para prevenir eventos, con obras dentro de cada predio, obras en conjunto entre varios productores; que permitan inyectar capital de trabajo de manera más directa, eludiendo los costos y los trámites bancarios; y además se estimulará el uso de seguros agrícolas”.
Costamagna argumenta que “esto se hace no sólo por lo que el campo genera en sí mismo, sino porque cuando el campo funciona se activa el comercio, la industria y funciona el país”.
La medida que está transitando instancias administrativas antes de llegar a la Legislatura provincial, generaría en definitiva un fondo santafesino para enfrentar emergencias que podría surgir de un porcentaje de lo que se recauda a través del impuesto inmobiliario rural, que incluso llegaría a tener carácter acumulativo, por lo tanto de no tener ejecución completa durante un período, podría sumar fondos para atender de una manera más ágil las emergencias.
De esta forma, las demoras ante situaciones climáticas extremas no deberían aguardar por la llegada de fondos nacionales, como sucedió este año, con una demora de seis meses desde que ocurriera el fenómeno de sequía y a partir del momento en el que el Ministerio de Agricultura de la Nación prometiera auxilios que hoy llegan demasiado tarde, con una devaluación constante y que no permiten recuperar las pérdidas que han sido de varios millones en cada campo.
Teniendo en cuenta que en Santa Fe lentamente se empieza a estructurar el presupuesto para 2023, que será un año electoral, el Ministro también anticipó que “en Caminos de la Ruralidad tenemos un proyecto muy ambicioso, por lo tanto los presupuestos que comenzaron con cien millones de pesos en diciembre de 2020, ahora estamos pensando en tener un presupuesto en 2023 de alrededor de tres mil millones de pesos”.
Agregó “queremos que Santa Fe sea la provincia que mejor infraestructura tenga, ese es el desafío, esa es la mejor contribución que vos le podes dar a la gente que vive en el campo, no sólo para la producción, sino también en educación, en salud, que se suma a la conectividad”.
En este programa la provincia aporta fondos para la compra de piedra que se destina al ripiado que es planificado y concretado por comunas y municipios, en las principales trazas de los distritos, para mejorar el tránsito hacia tambos y establecimientos educativos.
Frente a la decisión del Banco Central de generar un esquema de agilización de la liquidación de granos, Costamagna manifestó que “a estas cosas hay que dejarlas rodar, la mejor respuesta la vamos a tener en los próximos días”.
El santafesino indicó que “la medida pone a la soja a un diez o un 15 por ciento arriba del valor actual, entonces hablamos de una tonelada de 50 mil pesos, a unos 57 mil pesos. La decisión de vender o no la tiene el productor y nosotros somos respetuosos de eso, tal como lo hace cualquier otro empresario de la provincia de Santa Fe, del rubro que sea”.
También como productor agropecuario expresó que “lo que se tiene en los silosbolsa se puede utilizar para inversiones, para las inversiones de todos los meses, para resolver sus problemas financieros, o por ejemplo para financiarse porque los próximos ingresos del campo van a ser en la gruesa del año que viene, entonces es largo el período”.
“Si no entendemos esto, no sabemos de lo que estamos hablando. No es una reserva especulativa, sino que se trata de darle previsibilidad a los sistemas productivos de la provincia y a mi me alegra enormemente que los productores tengan sus reservas para afrontar sus compromisos, dar trabajo, generar arraigo y hacer de esta provincia lo que es hoy”.
Mencionó el “respeto” a la actividad, pero también entiende que existe una falta de confianza ante el cambio de rumbo en las decisiones oficiales, pero del mismo modo frente a la diferencia de exigencias con rubros como la energía y la minería, que no tienen la misma presión que el propio sector agropecuario.
Mientras tanto, “el productor se abstrae de las cuestiones políticas y va a vender en la medida de sus necesidades. Esto lo coloca en una mejor posición para hacer inversiones, porque le aporta un 15 por ciento más de poder adquisitivo, eso es algo real, por eso sería bueno que dure más allá del 31 de agosto y muchas de las decisiones tienen que ver con la siembra de la gruesa”, concluyó.
Menos de un millón
El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología inició la entrega de fondos a través de las asociaciones para el Desarrollo, que en este caso se destinaron a 47 productores de 23 localidades a los que les correspondieron 45 millones de pesos, a razón de 950 mil pesos cada uno, para invertir en infraestructura de las unidades productivas, como aguadas o sombras en tambos, pero también en compra de insumos, correspondientes a la línea de prevención.
En tanto, los cuatro que se presentaron por la emergencia y con certificado son cuatro productores más que recibirán un millón de pesos cada uno en los próximos días.
Todo este dinero geneará un fondo rotatorio que cuando se inicie la devolución con un año de gracie y sin intereses, servirá para atender otras necesidades productivas en la región, derivado todo de la caja nacional.
La asistencia financiera del Gobierno Nacional ascendió para Santa Fe a mil millones de pesos, que se repartió en 750 millones para la prevención, que incluyen inversiones en los campos con montos de hasta un millón por unidad; 200 millones para la línea de Recomposición Productiva, que son quienes fueron afectados por la pérdidas por sequía; mientras que los 50 millones restantes se destinan al Fomento de Plantación de Arboles en zonas rurales.
En Santa Fe se estima en menos de mil los productores que se abocaron a la presentación de solicitudes en cuanto a la disponibilidad de créditos surgidos de la emergencia agropecuaria.
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