Tres diputados estuvieron en SanCor y trabajarán para que los empleados denuncien los aprietes de Atilra
De los bloqueos iniciados con formato de asamblea el 17 de octubre, que se terminaran por conciliación obligatoria en los últimos días de diciembre, que luego se retomaran hace unas semanas, sigue habiendo situaciones violentas y preocupantes que este viernes fueron vistas y escuchadas por tres diputados nacionales.
Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz que son legisladores por Santa Fe, fueron los primeros en involucrarse en esta situación. Recorrieron la planta escoltados por los delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, para conocer de primera mano la situación de los empleados que están activos; y luego se reunieron con el Consejo Directivo de la Cooperativa.
“Nada justifica el bloqueo, el bloqueo es un delito, está prohibido” dijo firmemente Razzini que fue creadora y presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, luego de la irrupción de camioneros en su empresa de materiales en Rosario.
“Acá no pueden venir treinta muchachos a parar un camión y no permitir que se descargue la leche, no es legal, lo dice la Constitución Nacional. El derecho a huelga consiste simplemente en la posiblidad de dejar de trabajar, ahora, amenazar a quienes quieran hacerlo es un delito, la turbación de la posesión es un delito, las amenazas, los golpes son delitos”.
La legisladora explicó ante Bichos de Campo el concluir el recorrido en la planta central de Sancor, “nos encontramos con que hay un montón de trabajadores que necesitan apoyo, porque están dispuestos a denunciar. Vine a responder a la cantidad de llamados de trabajadores que denuncian que son amenazados para parar, que les dicen que los van a dejar sin obra social, que se sienten indefensos frente a semejante estructura”.
Por su parte Bongiovanni indicó que “si la empresa mañana se funde porque toma malas decisiones, es problema de la empresa. Nosotros estamos acá porque hay una flagrante violación a las leyes. Como se está usando la fuerza, no se puede argumentar más nada. Hay que usar la fuerza pública, para evitar que este gremio siga delinquiendo. Por eso estamos ayudando a los trabajadores a que no tengan miedo”.
Con múltiples llamados al número 134 del Ministerio de Seguridad, se empezaron a recopilar pruebas y la cúpula de la Cooperativa láctea trabaja en el tema. “Estamos haciendo denuncias, actas con escribanos, tenemos denuncias de empleados; y la próxima semana vamos a presentar todas las pruebas en Fiscalía”, agregó Alberto Sánchez, presidente de SanCor que ofició de anfitrión a casi cuatro meses de inicio de la alteración de la producción.
“La imagen que nos dejó marcados a nosotros es la de los trabajadores que caminaban frente a estos piqueteros, a estos mafiosos, como en un campo de concentración, mirando para abajo, para tratar de pasar desapercibidos para que no los agredan, nunca vi una cosa así, frente a una patota. A esto hay que ponerle fin, ya”, apuntó Bongiovanni, que no dudó en agregar que “estamos trabajando para que vayan presos de verdad”.
Razzini fue concreta, “si hay deudas o cuestionamientos, se tiene que discutir en los ámbitos que corresponde, en la Secretaría de Trabajo. No hay razón alguna para que vengan a patotear a los trabajadores que quieren cumplir con sus tareas. Vinimos a contarles a las víctimas de la mafia sindical cuáles son sus derechos”.
Finalmente adelantó, “estuvimos iniciando gestiones con la Ministra de Seguridad, que está diseñando un departamento antibloqueo. Tiene especial interés en saber lo que está pasando en SanCor, por eso estoy acá, estoy trabajando con Patricia Bullrich y le estoy contando mi expertise en el MEAB”.
Seguramente la semana próxima habrá más novedades sobre esta crisis que pretende desarticular a SanCor, fundirla y así el gremio desembarcar junto a empresarios que ya estaban vinculados a aquel fideicomiso que se venció en tiempos del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, junto a Sergio Massa, los abogados Leandro Salvatierra y Diego Feser, el empresario lechero Jorge Estévez y Gustavo Scaglione, dueño de medios.
Ahora el gremio tiene una faltante de fondos para pagar a quienes hacen paro, de manera irregular, incrementando el malestar entre quienes forzosamente apoyan.
Entre jueves y viernes pasado el impedimento de descarga de materia prima fue constante. El lunes se dio una toma de la guardia de ingreso a la planta, requiriendo presencia policial y del coordinador operativo regional del Ministerio de Seguridad provincial.
El miércoles lo habían citado a Héctor Ponce a presentarse en persona en la Secretaría de Trabajo de la Nación para dar explicaciónes sobre el conflicto y se negó a hacerlo.
En Sunchales los trabajadores tienen mucho temor, pero también el resto de la comunidad.
Es entendible que esto sea así, porque viviendo en la ciudad Héctor Ponce, la presencia de Atilra es constante, porque el sindicato tiene servicios para sus afiliados y la población en general, con el supermercado más grande la localidad, un boliche, un centro de capacitación, un hotel de 62 habitaciones y complejo deportivo, una clínica y un centro de salud de alta complejidad.
La expansión del sindicato que no tiene similitud en ninguna de las otras ciudades cabecera de las diferentes cuencas lecheras, fue acompañado desde hace décadas por la política.
Ahora Pablo Pinotti, actual mandatario de la ciudad, que en su cuenta de Instagram intercambia elogios hacia el Secretario General, pero también mensajes de afecto con la mano derecha de Ponce, jamás desde que asumió hizó alguna declaración respecto al conflicto y a pesar de consultarlo, tampoco se manifestó. El anterior gobernador Omar Perotti, también estaba en la misma sintonía, e incluso favorecía las intenciones del gremio y los empresarios.
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