El sindicato -que promovió durante dos años la conformación de un fideicomiso que tendía al despido de 899 de los más de 1.500 trabajadores y la desarticulación de las plantas- que impide el normal funcionamiento de la láctea desde el mes de octubre- había aprobado el pasado 7 de junio la aceptación de una propuesta de pago de deudas contraídas desde 2017, con los trabajadores y con la gremial.
Lo que fue un pago diferencial de salarios, de aguinaldos e incluso de aportes sindicales se había iniciado en julio de ese año cuando se firmaba en conjunto y con la anuencia del entonces Gobierno, la Resolución 658 que habilitaba incluso al sindicato a seleccionar personal para el esquema de jornadas libres, que significa ausencia laboral y reducción de sueldo.
La reciente propuesta de SanCor indicaba una cancelación de esa deuda en cuotas y a partir de la activación completa de la empresa, para la llegada de fondos que además de la compra de materia prima, de multiplicación de la producción, sirva para cubrir esta demanda.
Atilra no lo quiso entender de esta manera y pretendió con el inicio de julio el pago total de esa deuda y así fue escalando el malestar que llega a este viernes con la afectación de todas las empresas del país. Hoy SanCor tiene una actividad recuperada en la mayoría de sus plantas, salvo en Sunchales, donde una proporción menor del personal sigue paralizando la producción, sobre todo de leche maternizada.
Esta situación amenazante de paro nacional desencadenó ayer por la tarde un reclamo de la dirigencia industrial que fue directo a la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El Centro de la Industria Lechera, con una carta firmada por su titular Ercole Felippa expresó “profunda preocupación por las medidas de acción directa anunciadas”, ya que el dilema con SanCor no tiene relación ni con la cámara, ni con sus asociados. “Las consecuencias del conflicto Atilra ha decidido trasladarlas a toda la actividad, generando con ello en caso de realizarse enormes perjuicios a la producción, al abastecimiento”.
Lo que solicitan las grandes empresas es que se aplique la ley para evitar esta complejidad, en un momento en el que “venimos realizando importantes esfuerzos de manera constante en el mantenimiento de negociaciones paritarias en un marco de diálogo, entendimiento, responsabilidad y paz social”.
Con salarios que se ajustan mensualmente en las empresas, incluso para la planta laboral activa de SanCor, estas medidas de fuerza generarían según el CIL “pérdidas irreparables en términos de materia prima, producción, comercialización y distribución proyectados”, sobre el inicio del fin de semana.
Sugiriendo el dictado de la conciliación obligatoria, el CIL coincide con el pedido hecho a la vez por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas.
Sobre la intención de retener tareas durante cuatro horas por turno, Apymel amplía que se genera una afectación ilegítima de los derechos amparados por la Constitución Nacional a trabajar, ejercer el comercio y la industria. En ese sentido, aclaraban las pymes que la afectación de tareas podía impactar en los salarios, por lo que se instaba a que “en la medida que el gremio no recapacite y revierta las medidas adoptadas de manera inmediata”.
Esto fue atendido por la Nación y poco antes de la medianoche de ayer se conoció la decisión de dictar la conciliación obligatoria, con los argumentos brindados por las entidades industriales y exhortando a las partes del conflicto a retomar el diálogo y la negociación, con normal actividad en todas las empresas.
Una vez más las malas decisiones del sindicato ponen en juego, no sólo a los trabajadores de SanCor, que intentan encontrar normalidad en su desempeño laboral, sino que se pudo llegar a afectar a gran parte de los representados por Atilra, en un conflicto que no demuestra más que intereses puntuales, personales, en un marco de contracción de la producción lechera, del consumo y de amplias necesidades de conservar los ingresos y los puestos de trabajo.
Quizá el problema se pueda resolver poniendo en marcha por completo a SanCor, permitiendo la llegada de fondos para mejorar la productividad, así cumplir con el plan de pagos propuesto y con la tranquilidad de quienes ahí se desempeñan, redundando esto en una mejora considerable para la cotidianeidad de toda la cadena lechera.
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