Después de años donde se dio una batalla ante los embates de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, habiendo superado lo que fueron casi diez meses de bloqueos y de impedimento de funcionamiento de la láctea, no se logra una salida optimista de todo ese atocigamiento.
Un acuerdo sellado en julio y firmado el 6 de agosto pasado, no comenzaba por la puesta en marcha de todas las plantas, la normalización de la Cooperativa, sino que lejos de pensar en la generación de condiciones adecuadas para la llegada de inversores, arrancaba con el pago de deuda al gremio. Así nada podía resultar bien.
Lo contamos en ese momento, era Atilra la que debaja trascender que los trabajadores que habían retenido tareas, por propia voluntad o por presiones, recibirían una cifra cercana a los 18 millones de pesos, pagaderos a partir de diciembre y en 60 cuotas, a lo que deberán descontar los aportes que les hiciera Atilra en efectivo y en negro, para sostener la medida de fuerza, de forma inmediata.
Quienes estaban bajo el régimen de “jornada libre”, sin asistencia a los puestos de trabajo y con la percepción del 70 por ciento del salario, así como quienes se quedaron sin trabajo al cerrar en noviembre de 2023 la planta de San Guillermo, percibirían unos 12 millones de pesos, menos los respectivos pagos que debían devolver desde agosto al sindicato.
Pero sin movimientos significativos de negocios, con un consumo deprimido a nivel nacional, con exportaciones sin precios importantes, los engranajes de la maquinaria de una Cooperativa agotada comenzaron a girar más lento, teniendo en cuenta que se seguían pagando deudas acordadas con organismos, servicios y estados desde 2017 cuando se dio la reestructuración de la firma.
Fue inmediato el impacto. En septiembre lo que eran cuatro pagos mensuales, uno por semana, para completar los salarios se empezaron a postergar, a segmentar aún más y al día de hoy hay entregas de cien o 150 mil pesos para intentar terminar de cancelar aquel noveno mes del año.
Lo que no se podía postergar era el pago de la deuda en cuanto a los aportes sindicales, eso era lo primero, porque así se había acordado desde adentro de SanCor, por las rémoras que desde hace años se lían siempre más a los intereses de una dirigencia que está cada vez más lejos de los trabajadores. Siempre se supo que esta sería la herida que de inmediato se iría agrandando.
Los tamberos, que son los dueños reales de la Cooperativa, pero que no tienen voz suficiente para torcer algunas decisiones, vienen de más de un año de complicaciones con su materia prima, con los pagos y hoy también esperan que se cancelen las liquidaciones de septiembre.
Esta semana la planta de Devoto, en la provincia de Córdoba, la que espera una habilitación para el secado de leche para exportación, la que pudo sostener en los meses más intensos del bloqueo la producción, está fuera de actividad hasta nuevo aviso. Podría ser la semana próxima, con la producción de manteca, pero todo depende de combinaciones muy puntuales para el aprovechamiento de insumos.
En este contexto complejo, con la firma del abogado y apoderado de Atilra, Alberto Coronel, este martes un correo electrónico le advierte un reclamo “previo a la intervención de la Secretaría de Estado de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación” al nuevo presidente de SanCor, Oscar Sapino; y a su gerente general, Marcelo Gornati, que es quien firmó el acuerdo.
Atilra pide para los afiliados que bloquearon la empresa y a los que pareciera que sólo representa, “el pago de $ 750.000 correspondientes a la cutoa del mes de noviembre de 2024”, “de esa suma, la deducción de $ 250.000 en fabor de Atilra por asistencia económica brindada a dicho personal durante el conflicto laboral que desembocara en la firma de dicho acuerdo”.
Lo que indican es que faltan esos depósitos de 500 mil pesos para cada trabajador y de 250 mil pesos por cada uno para el gremio, reclamando que esto figura en los recibos de sueldo, considerando que “constituye lisa y llanamente una estafa”.
Menciona el correo que este incumplimiento no sólo puede llevar el tema al ámbito de la cartera de trabajo nacional, sino también ser pasibles de “eventuales denuncias penales a los responsables por el delito de estafa”.
A esto que lo toman como notificación lo concluyen señalando que “ellos sin perjuicio de denunciar también el incumplimiento del pago de haberes mensuales dentro delos plazos establecidos por la LCT”.
Pareciera que aquí no importa el destino, ni el sustento de más de 1.400 familias que dependen de forma directa de la Cooperativa. Lo que cuenta es el pago pendiente a la ínfima proporción de trabajadores que apoyaron la medida de fuerza que bloqueó las plantas, paralizó a la láctea, le generó pérdidas por miles de millones, la que generó situaciones de aprietes y violencia que fueron denunciadas o no ante la justicia penal (procesos que fueron frenados luego por directivos que sellaron el acuerdo).
Atilra no tendría interés en el padecimiento de los trabajadores y mucho menos de los productores en los tambos, quiere salvar su caja, la idea que propuso su Secretario General para la empresa que lo formó y que le puede dar la reelección nacional por un período más en 2025.
Esa intención única es la que puede hacer perder la posibilidad de inversiones, la que puede ser una última alternativa de seguir siendo lo que queda de la Cooperativa que fue en sus 86 años, de difícil tránsito en las últimas dos décadas.
A pesar de tantos rumores, aún hay oportunidades de cambiar un destino dificil, pero para eso se necesita un cambio drástico y rápido de estrategias, donde la gente esté por encima de las dirigencias.
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