La cooperativa láctea enfrenta una merma significativa en la recepción de materia prima, complicaciones laborales, e incluso SanCor recibe en estas horas el rechazo formal a despidos.
La historia reciente de la láctea es turbulenta. Con la intención de un grupo empresario de entrometerse en la posesión de la firma valiéndose de dineros públicos que no resultó, la presión y bloqueo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina que desencadenó diez meses de imposibilidad de producción, se llegó a la firma de un acuerdo destructivo para pagarle deuda al gremio antes de poder normalizar la industrialización.
Eso llevó a retrasos en el pago de salarios y de liquidaciones de materia prima a los tamberos que hoy siguen teniendo pendientes desde octubre pasado y ese tambaleo llevó a recortar la planta laboral con despidos repentinos, con ello la caída abrupta de socios-tamberos y con ello se desencadenó el pedido de apertura de concurso de acreedores.
De ese 3 de febrero, en el que el trámite quedó en el Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Denominación de Rafaela, que es la fecha en la que opera la gestión de deudas, no se termina de poder estructurar el normal funcionamiento de las plantas, la provisión de productos en heladeras y góndolas, ni tampoco poder ordenar la exportación, que es la que ayudó a la Cooperativa en tiempos de bloqueo.
No hay cifras certeras sobre la cantidad de litros y de socios que tiene hoy SanCor, si se sabe que son 900 los empleados que conserva, con plantas que no se pudieron reactivar por completo, aunque por definición del Juez Guillermo Vales, se deben restablecer todos los servicios, incluidos los que cortó la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Balnearia Ltda, en la planta de esa localidad, que podría volver a estar activa con el comienzo de abril.
De forma esporádica, el resto de las ubicaciones productivas trabaja y la mayoría de los empleados están en el esquema de “jornadas libres”, sin tareas activas. Todos señalados por Atilra para entrar en ese sistema, antes cobraban el 75 por ciento del sueldo, pasaron al 50 por ciento y según cuentan los propios empleados, ahora percibirían el 30 por ciento del salario, a lo que se deben sumar pagos semanales ocasionales, que no superan las entregas de 150 mil pesos, cuando ocurren.
En cuanto a los tambos, las demoras en los pagos de la leche que se habían privilegiado a partir del concurso, para asegurar la continuidad productiva, volvieron a tener demoras significativas y esto vuelve a replantear la lista de los socios siguen entregando materia prima con cierta constancia.
Rechazo de despidos
El
recorte de personal se dio por jubilaciones, retiros voluntarios,
pero sobre todo por despidos a fines de enero, de todas las plantas,
pero con meno injerencia en Sunchales.
En
concreto, los 63 trabajadores despedidos del Centro de Distribución
del Acceso Norte, en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires,
enviaron con el inicio de esta semana telegramas a través de los
cuales rechazan la decisión de la empresa.
Los
que habían detectado el vaciamiento del lugar a mediados de enero y
días después comenzaron a recibir las notas de desvinculación de
la Cooperativa, por considerarse el CDAN uno de los espacios de más
complejo manejo en tiempos de baja producción, las indicaron como
“improcedente, persecutorio, discriminatorio, antisindical e
ilegal. Niego y rechazo razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad
de la compañía. Niego y rechazo que la supuesta fuerza
mayor sea de público
conocimiento. Rechazo despido conforme art. 247
LCT por improcedente”.
Lo
que explican es que se “pretende trasladar los riesgos propios de
la actividad empresarial a los trabajadores, lo que resulta
improcedente. El despido por ud. dispuesto transgrede la naturaleza alimentaria del salario, la protección y/o derecho al trabajo, por
resultar el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional,
así como no se ajustó a los procedimientos legales”.
Esgrimen
que se “viola la protección al ejercicio del derecho fundamental
de Libertad Sindical garantizado por la Constitución Nacional, los
Convenios 87 y 98 O.I.T., la ley de asociaciones sindicales 23.551 y
configura discriminación antisindical vulnerando de tal manera la
garantía antidiscriminatoria
consagrada por la ley 23.592, y por lo tanto dicho acto resulta nulo
de nulidad absoluta conforme Cód. Civil y Comercial y 1º ley
23.592, por lo que lo intimo plazo de 48 hs. deje sin efecto el mismo
y proceda a mi inmediata reincorporación, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales que por derecho me corresponden y el
resarcimiento de los daños y perjuicios que su obrar ilegal me
ocasione”.
Entra
en juego entonces que “no habiendo abonado la liquidación final
así como tampoco abonó la indemnización que ud. afirma que me
correspondería (Art. 247 LCT), sin perjuicio de ratificar la
improcedencia del despido así como la improcedencia de la aplicación
del art. 247 LCT, para el caso de no decretarse judicialmente mi
reincorporación efectiva, intimo 96 horas abone las indemnizaciones
que por derecho me corresponden, bajo apercibimiento esta vez de
instalar el cobro por vía judicial”, se agrega que se adeudan los
salario de noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025, diferencias
salariales de aguinaldo, SAC segundo 2024 y diferencias salariales
por incorrecta liquidación.
Este
jueves, una represetación de estos trabajadores se acercó al
Municipio de Tigre, que es a dónde corresponde por jurisdicción,
para intentar conseguir algún tipo de acompañamiento en el reclamo,
teniendo en cuenta que el propio gremio que debería representar a
los trabajadores fue el que los marcó para ser despedidos, el que no
puede increpar a las autoridades de la Cooperativa, por acompñar
estas acciones.
Según
pudo saber este medio, trabajadores despedidos de la planta de
Gálvez habrían tenido intenciones similares respecto a SanCor, sin
embargo, aún no hay accionado en tal sentido.
Buscando protección
Entre
los despedidos del CDAN hay dos delegados, a pesar de lo que había
intentado aclarar el secretario general del gremio, Héctor Ponce,
sobre la protección de su gente. De los cuatro delegados que había
en el lugar, justamente los dos que no apoyaban su gestión se
incluyeron en la lista de cesanteados. Esto se dio de tal forma en
todos los casos.
No
hay despedidos que hayan participado de los bloqueos de fines de 2023
e incios de 2024.
Lo
que sucede es que del caso SanCor depende en mucho al reelección de
“Etin” al frente del gremio que conduce desde 2001 y cuyas
elecciones se deberán dar entre agosto y octubre próximos, con
fecha a definir.
Es
llamativo el silencio político respecto a la situación de SanCor,
pero el mutismo es mayor en Sunchales, donde la complicidad del
Municipio en todas las últimas gestiones fue acompañando cada
movimiento de Atilra.
Es
sabido que el sostenimiento de la estructura de la planta es inviable
para el progreso de la Cooperativa, por la obsolesencia de los
fierros, por la apabullante cantidad de gente empleada en relación a
los litros procesados, pero todo se genera para que la centralización
del poder gremial se conserve en el centro de Santa Fe.
Todo
lo que sucede en SanCor tiene su raíz en las decisiones de la propia
cooperativa, pero también a la obediencia con el gremio, en haber
ido caminando al ritmo que el propio Ponce imprimió desde su gestión
sindical.
Hoy
la opción del desembarco de un inversor queda muy lejos, a pesar de
las diferentes versiones que trata de instalar Atilra en las
diferentes plantas a través de los delegados. Claro que lo podría
facilitar el concurso, sin embargo, no hay certezas, ni estrategias
en marchas que permitan tentar la llegada de fondos concretos que
puedan cambiar el panorama hacia adelante.
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