Situaciones de violencia, amenazas y la falta de cumplimiento de los turnos laborales de 26 empleados habían generado un despido, que luego de informarse fue frenado por una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina. La situación fue debilitándose, a medida que se fueron generando acuerdos de desvinculación, más allá de la tramitación de una causa penal que tiene continuidad en Tribunales de Trenque Lauquen.
Sin embargo, hace unas semanas los últimos ocho trabajadores vinculados a la firma accedieron a la solicitud de liquidación final de haberes, sin embargo, días atrás fue el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69 de la Capital Federal, definió trabar un embargo por más de 168 millones de pesos “para responder a intereses y costas”.
Justamente la cifra se asemeja al cálculo que en audiencia previa había deslizado el abogado de la gremial, Alberto Coronel, no siendo la primera oportunidad en el caso que los ámbitos judiciales en los que se ha tratado el caso registran ciertas vinculaciones entre quienes definir el caso y el sindicato involucrado en el tema.
Es a raíz de todo esto que en el día de ayer, el apoderado de la empresa Lácteos Vidal, Dr. Eduardo Darriba presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, para que “se investigue la misma y se determine si los hechos configuran o no causal de mal desmpeño y/o delito”, en referencia a los jueces que vienen interviniendo en el caso.
En un extenso detalle, donde se hace referencia a la intención del gremio de forzar la reincorporación de los trabajadores despedidos, sobre los que la empresa justifica causa por ausencia y por pérdida de confianza para la fabricación de alimentos, el juez José Ignacio Ramonet acompaña esta intención, exige el pago de astreintes diarios por cada trabajador cesanteado, hecho que en cada decisión fue acompañada por la Sala IX de Apelaciones.
Como nudo de la denuncia se expresa que “la Sala IX se arroga la facultad de usar discrecionalmente dicha prohibición porque se arrogan la postestad de ver que recursos conmueven la inapelabilidad legalmente dispuesta y lo peor de todo es que lo dicen expresamente una y otra vez. Los jueces no están facultados para decidir cuándo se aplica un artículo de una norma procesal y cuando no, menos si no declaran la inconstitucionalidad del mismo y menos aún si utiliza dicho argumento de maneras diferentes según se trate de una u otra parte del proceso”.
En el escrito de las últimas horas se detaca “no estamos haciendo una denuncia por el contenido de las sentencias ni por lo decidido por los jueces, sino que la estamos haciendo porque no se aplicó la ley que debía aplicarse al caso y cuando se lo hizo fue para perjudicar solo a una de las partes”.
Se hace referencia a la diferenciación de los protagonistas de la causa ante la ley, siendo los jueces Edmundo Balestrini y Roberto Pomba los apuntados, ya que en el tribunal está excusado Mario Fera, por haber referenciado vínculos previos con Atilra. El mismo había admitido el cobro de honorarios por actividades académicas por parte del gremio Atilra a través de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y de la ONG Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas, que integra y dirige el gremio para cursos de capacitación.
“Argumentaciones amañadas de la ley vigente habrían logrado sortear la limitación recursiva de los juicios sumarísimos a los efectos de beneficiar a una parte en detrimento de la otra”, es lo que explica Darriba pidiendo la investigación de los magistrados, explicando también que ha habido una “negación sistemática de derechos procesales a la parte demandada”.
Será tiempo ahora de la investigación de la denuncia, la contrastación de pruebas y la definición de aplicar o no sanciones a los magistrados vinculados a la causa.
Esto se da en la previa de lo que serán las elecciones nacionales del gremio lechero, que ya comenzó a preparar la estructura en cada una de las seccionales, pero que también acelera el debate por el reparto de cargos para la siguiente gestión.
Por su parte, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas emitió esta mañana un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con la empresa que es socia de la entidad y a quien acompaña desde el inicio del conflicto, hace ya casi tres años.
Remarca el texto que por “los lazos de poder existentes, se ha visto casi cercenada de su legítimo derecho a defenderse en sede judicial y a la fecha, sigue siendo objeto de injusticias, tal como ocurre con la última resolución judicial”.
Apymel desataca “el hostigamiento permanente de ATILRA contra Lácteos Vidal SA que busca perjudicar a la empresa de todas las formas posibles y también nos consterna como algunos miembros de la Justicia (como ocurre en este caso), se encuentran alejados de la realidad y del derecho, sin que se ponderen las consecuencias directas que algunas sus acciones, tales como las que han jaqueado a Lácteos Vidal SRL y que aún sigue padeciendo”.
La referencia se da en cuanto al Juzgado laboral N°69, con “un sesgo totalmente ideológico, se aparta de los principios procesales del derecho y de las garantías consagradas por nuestra Carta Magna”.
“Nos consterna la conducta del Magistrado interviniente, quien, en virtud del ´imperio´ que inviste, allana procesalmente la consecución e imposición de las pretensiones gremiales, cuya complicidad con el Sindicato de ATILRA, jaquea la continuidad de las empresas pequeñas y medianas del sector lácteo, pero también el sostenimiento de las fuentes de trabajo que en ellas se generan”.
“Nuestra asociada Lácteos Vidal, es embargada por una estrepitosa y millonaria suma, que de manera ´arbitraria´ el Magistrado Juez Doctor José Ignacio Ramonet impone sin respetar el acabado cumplimiento de la ley, de la norma procesal y de las formas, de modo de otorgar la seguridad jurídica, que tal como se verifica, no existe en este caso”, agregando que se deben respetar los principios procesales.
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