En el trayecto de años muy complejos, incluso desde la constitución de la empresa, donde intervinieron fondos como BAF Capital, ligados a la empresa Vicentín, pero sobre todo con el desembarco de Manuel y Alfredo Fernández, los empresarios venezolanos que ya tenían la posesión de La Suipachense, a través de la denominación Maralac SA, habiendo desaparecido durante los últimos meses y desencadenándose esta situación que afecta especialmente a unos 400 trabajadores.
El sufrimiento de la gente es la deuda que será impagable.
Son años de incumplimentos, pero el mayor engaño se dio a partir de mayo pasado, cuando desde la empresa se hizo la última promesa de un intento de reactivación, cuando supuestamente se paralizaban las actividades para reordenarse, sin embargo, jamás se retomó el trabajo y mucho menos el cumplimiento de obligaciones, con lo cual se desencadenó este marco actual.
Fue en ese momento donde se intentó una operación que eludió este medio, conociendo los manejos y las intenciones que había detrás.
Pagos de salarios parciales, salteados, en cuotas, demorados, incluso en los últimos meses cuando se pagaba el 25% del sueldo en negro con jornadas completas de trabajo, pero sobre todo tres años y medio sin aportes a la obra social que pusieron en riesgo a la salud de las personas, aunque desde el sindicato jamás se cortaron las prestaciones.
Unas 180 personas en la planta de Arenza y unas 200 en la planta y centro de distribución de Córdoba son las que sufrieron estos años de decidia, muchos cansados se consideraron despedidos, otros decidieron seguir dando pelea y reclamando, haciendo “changas” en otras tareas para sobrevivir y recibiendo ayudas con alimentos por parte de Atilra, estirando una agonía que hoy ya tiene final.
Para algunos, “esta fue una quiebra fraudulenta”, porque son los que siguieron el tema de forma constante los que confirman que el concurso de acreedores nunca se presentó de manera integral y formal. Esto se puede corroborar porque desde Bichos de Campo fue dificil conseguir la documentación respaldatoria de la acción.
Lejos está esta quiebra de una situación sectorial o general, Arsa como varias otras firmas del sector lechero sufren las consecuencias de malas administraciones, derivaciones de fondos, e incluso estafas que no son sólo económicas, sino que tienen que ver con la ética y la responsabilidad a la hora de encarar un negocio e involucrar personas en su desarrollo.
Arsa intentó varias veces confundir su situación, ponderarse lejos de la realidad e incluso en algún momento coquetearon con poder devolver el negocio de frescos a la Cooperativa SanCor, hecho rechazado sobre todo por el deterioro en la calidad de los productos y la irregularidad en la producción.
La medida judicial final se adoptó después del frustrado concurso, al no registrarse ningún interesado en el proceso de salvataje, un mecanismo que permitía a terceros adquirir la empresa para continuar con la actividad.
Aunque hay versiones que indican que había inversores interesados, los titulares de Maralac nunca respondieron a estas alternativas y hace meses que no se conoce su paradero y con ello se incrementa el incumplimiento de cualquier tipo de compromiso relacionado con la empresa.
Falta saber ahora cuál podría ser la consecuencia legal para estar personas, de las cuales no se tiene registro al momento.
"Se declara la quiebra de Alimentos Refrigerados SA", con lo cual se inicia la etapa de liquidación de la compañía que tiene domicilio en Azara 841, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de inmediata ejecución. Se procedió a la inmediata constatación y clausura de todos los establecimientos, incluyendo a las plantas industriales de Arenaza, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba. En la primera de esta ya se retiraron las llaves del establecimiento.
Manteniendo la actuación de la sindicatura "Guillemi & Rosental" el Juzgado ordenó la anotación de la quiebra en diversos registros y dispuso un bloqueo financiero total, con notificación al Banco Central de la República Argentina y al resto de las entidades financieras y proveedores de servicios, con lo cual se cierran todas las cuentas corrientes, plazos fijos, cajas de ahorro y demás herramientas, con el embargo y la transferencia de los saldos existentes a una cuenta del expediente abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. A eso se agrega la orden de bloquear el ingreso de los titulares a las cajas de seguridad de la empresa.
El Juzgado decretó la inhibición general de bienes y ordenó la intercepción de toda su correspondencia por parte del Correo Oficial.
El 11 de diciembre habrá una audiencia presencial donde se presentarán las explicaciones al presidente de la sociedad fallida, Santiago Jesús Segovia Brun. "Para el caso de que se ausente injustificadamente, se autorizará el auxilio de la fuerza pública".
También se dictó la inhabilitación definitiva de la sociedad y una inhabilitación temporal por un año para su administrador, Segovia Brun. Adicionalmente, se dispuso la interdicción de salida del país del director hasta junio de 2026, fecha de presentación del informe general de la sindicatura.
El Juzgado estableció un cronograma para la verificación de créditos, con lo cual los acreedores tienen plazo hasta el 9 de febrero próximo para formular el pedido ante la sindicatura.
El Tribunal comunicó la quiebra al Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5 y le solicitó la transferencia de $ 83.203.988,69 que se encontraban embargados en otra causa, para incorporarlos al expediente de la quiebra.
La sentencia cierra toda posibilidad de continuidad para ARSA, iniciando el camino definitivo de la liquidación de sus activos.
Con este antecedente, se entiende que La Suipachense podría correr la misma suerte, ya que la administra la misma firma, con igual comportamiento irregular, todo con un silencio cómplice durante años de eslabones clave de la cadena, pero también de ámbitos políticos, que hacen a una quietud que antecede el final supuesto.
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