A partir del tardío involucramiento en el tema de la política en Santa Fe, a través de ministros de la administración Ejecutiva y de legisladores, hace unos meses comenzó a entenderse que podría motivarse una solución a esta crisis que tiene más de ocho años de deudas, pero desde abril de 2025 una situación totalmente irregular, con la pérdida de materia prima, la paralización de las tres plantas, una reactivación temporal de septiembre a enero y nuevamente el freno y el silencio no que llegan a un fin.
Hace algunas semanas, en una de las reuniones virtuales promovidas desde la Legislatura santafesina, miembros de la familia Espiñeira habían manifestado la intención de ceder el control de las plantas de Suardi y de Lehmann, conservando sólo para la sociedad actual la de la localidad de Clason. Con esa intención en marcha, se dejó abierta la negociación con lo que serían dos grupos de inversores diferentes. La espera pareció más larga que los días, mientras el proceso avanzaba.
Se dieron charlas con acreedores, acuerdos iniciales y un traspaso que incluía a los trabajadores y debía darse este miércoles. Sin embargo, los Espiñeira demoraron el encuentro clave y a último momento anunciaron que dejaban caer la negociación.
Una muestra más de la mala voluntad de resolver el conflicto, de evitar profundizar el caos social y sobre todo, de arreglar sólo los puntos clave para que no escalen los reclamos, es el caso del levantamiento de un pedido de quiebra, o el acuerdo con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, que no pide nada por los 700 empleados.
Lo que hace el gremio es sólo tender a gestionar reclamos por la deuda salarial a través de los abogados de sus seccionales, que le estarían comunicando a esos clientes el cobro de honorarios que llegarían al 30%, a pesar que ese costo esté a cargo de la empresa deudora.
Atilra mantiene sus métodos intactos, amenazando a quienes quieren tomar acciones legales propias, sobre todo en estos procedimientos laborales abreviados, para cobrar una suma de dinero por salario o indemnización, fácilmente calculables, que consiguen sentencias para el pago de deudas salariales en un plazo corto, que pueden llevar a embargos argumentando derecho alimentario, e incluso podrían avanzar al remate de bienes, si es que Lácteos Verónica sigue sin contestar los traslados.
No existe voluntad de acuerdo, de arreglo, de lo que es un desastre socio-económico en las tres regiones cercanas a las plantas.
A pesar de tener denuncias judiciales por deudas con proveedores, reclamos del mismo tono por parte de productores, no sólo en Santa Fe, sino en otros distritos, Verónica tendría la primera inhibición que le sería informada en las próximas horas, sin embargo, la sensación de impunidad es la que permite que todo fluya hacia la nada.
Sin reclamo sindical y sólo con un grupo de trabajadores pugnando por una respuesta, es la Agencia Recaudación y Control Aduanero la que debería a esta altura avanzar en una denuncia concreta por retención indebida de impuestos, tal como se hizo en otros casos muy mediáticos. Quizá sumar la falta de pago de cuotas alimentarias, más allá de lo que le corresponde a los estados provinciales por la falta de pago de servicios e impuestos.
Existe una sensación de impunidad por parte de los dueños de la empresa que les permite no definir una venta, a pesar de haber acomodado ya la situación de otras empresas familiares, no hacerse cargo de las deudas al no optar por un concurso de acreedores o directamente una quiebra, de no poder afrontar los miles de millones que tienen pendientes de pago y aumentan cada día.
Mientras tanto, la gente sobrevive con changas, con una atención de la salud recortada por parte de la obra social. Las empresas se ponen en riesgo por los agujeros financieros por la falta de pago de insumos o servicios y pareciera que nada tiene consecuencias legales.
Lamentablemente la luz al final del camino que parecía encenderse hace unas semanas, se apagó ayer, acompañada por un silencio que es lo que abunda hace más de un año y que no tiene intenciones de ser revertido.
Es tiempo para la Justicia de ajustarse el cinturón de pantalones que parecen quedarle grandes, de una política que tiene que hacer valer las leyes y reclamar por los trabajadores afectados, de jefes comunales o intendentes que ven pasar el tema; y debería ser una constante ocupación de un gremio que sólo se enfoca en sus propios intereses, sus beneficios.
La gente, hace lo que puede, con una situación financiera personal muy magra, en medio de un contexto económico que no deja de perjudicar y una paralización del sistema que no permite que la reubicación laboral sea posible al ritmo de la demanda.
Puede que pasen varias semanas más hasta que contemos alguna novedad más en este tema, mientras tanto la realidad no hará más que empeorar para todos los afectados, algo que a esta altur parece inevitable.
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