Por Elida Thiery (Bichos de campo) - En medio del proceso de la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, sin plazos aún par ala licitación de sus plantas y marcas, sumó este martes un nuevo avance con una Resolución del Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, sobre el marco bajo el cual podrán celebrarse contratos de fasón en las plantas de la cooperativa mientras continúa el procedimiento de venta de sus activos.
La decisión del juez Marcelo Gelcich surge a partir de una propuesta presentada por la firma L3N S.A., interesada en desarrollar actividades de producción bajo la modalidad de fasón y en obtener una licencia de uso de marcas de la empresa.
La Resolución aborda las objeciones planteadas por Fidulac S.A., del empresario de medios Gustavo Scaglione, que es otra compañía interesada en el proceso de enajenación de los activos de SanCor que había advertido sobre posibles ventajas competitivas para uno de los oferentes. Mientras ya no cuenta con el apoyo del gremio Atilra, que en las últimas horas advirtió sobre la convocatoria a definir de una manifestación para “apurar” la venta, se genera esta nueva instancia.
En un pronunciamiento de fuerte impacto sobre el desarrollo futuro de la quiebra, el magistrado estableció que la celebración de contratos de fasón en establecimientos comprendidos dentro de la continuación de la explotación constituye un acto de administración ordinaria. En consecuencia, la evaluación, negociación y firma de esos acuerdos quedará en manos del síndico Ignacio Pacheco Huber y de la coadministración judicial, sin necesidad de autorización previa del Tribunal, siempre que no se transfiera la tenencia de las plantas a terceros.
La Resolución ratifica además un criterio que ya aparecía en la sentencia de quiebra de abril de 2026, al señalar que la continuidad de la actividad industrial de SanCor se sostiene precisamente sobre la base de contratos de fasón, modalidad que en los últimos años permitió mantener operativas distintas instalaciones procesando leche de terceros. Cabe destacar que los últimos acuerdos que estaban en marcha fueron interrumpidos por voluntad sindical, habiendo dejado en la nada la productividad de las seis plantas, que sólo se reactivó en las últimas semanas, con productos puntuales que se generan en Devoto y Gálvez. De las ventas de esos productos, aún los 178 empleados que quedan vinculados aún no logran cobrar la totalidad de sus sueldos y hace cuatro meses que no reciben los recibos de sus tareas, además de no percibir las cifras correspondientes a turnos extraordinarios.
Según el fallo, esa actividad constituye el núcleo de la explotación continuada y debe ser administrada con criterios industriales y comerciales por quienes tienen a su cargo la gestión de la empresa concursada.
No obstante, el Juez precisó que existen situaciones que continuarán requiriendo autorización judicial, como ser las licencias de uso de las marcas de SanCor, la puesta en funcionamiento de establecimientos que actualmente no conserven aptitud operativa, los contratos que impliquen transferir a terceros la tenencia de una planta y cualquier acto que exceda la administración ordinaria o genere nuevos pasivos para la masa de acreedores.
Uno de los aspectos centrales de la Resolución es la preocupación por preservar la igualdad entre los interesados en adquirir los activos de la cooperativa. En este sentido, el magistrado dejó expresamente establecido que ningún contrato de fasón podrá otorgar preferencias, privilegios o ventajas en el proceso de enajenación. También dispuso que los acuerdos celebrados y sus condiciones esenciales deberán incorporarse al “data room” al que acceden los potenciales compradores, garantizando transparencia y acceso a la información para todos los participantes.
La decisión también contempla la posibilidad de que otras empresas interesadas formulen propuestas para utilizar capacidad industrial disponible.
El fallo señala que las ofertas que presente Fidulac u otros interesados deberán ser evaluadas con criterios equitativos por la administración de la continuación de la explotación.
Respecto de la propuesta concreta presentada por L3N S.A., entendida como Adecoagro, el Juez todavía no emitió una autorización definitiva. En cambio, ordenó a la coadministración que, en un plazo de diez días, presente un informe integral que detalle la situación de las plantas involucrada (Devoto y Gálvez), la capacidad disponible, las condiciones contractuales ofrecidas, el impacto económico previsto, las características de la eventual licencia de marcas y el tratamiento dado a otras propuestas similares. Ese informe deberá incorporar además la opinión de la sindicatura y del Comité de Control.
La Resolución deja sin efecto el traslado previo que había sido conferido para analizar la propuesta de Adecoagro y establece un procedimiento único para futuras ofertas vinculadas con la explotación de los establecimientos de SanCor.
Así, el Tribunal busca agilizar la toma de decisiones y evitar controversias procesales que puedan retrasar una quiebra que ya transita una etapa decisiva, marcada por la búsqueda de alternativas para sostener la actividad industrial mientras es aguarda por la definición de plazos para la venta de los activos productivos e intangibles de la histórica cooperativa láctea.

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