El cuerpo legislativo local se manifestó en contra de la decisión del Presidente de la Nación que afecta a una importante actividad socio-económica local y regional, que venía en franca recuperación.
Bajo el número 316 la Declaración explica que con el cierre de las ventas al exterior de carne, durante un mes se afecta a la cadena de la carne vacuna que genera más de 400 mil puestos de trabajo en el país y la falta de negocios ponen en riesgo al sustento de más de cien mil familias relacionadas a este negocio.
El texto indica “que en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner tomó una decisión similar que tuvo como efecto a mediano plazo la liquidación de 12 millones de cabezas del rodeo argentino, el cierre de frigoríficos, la pérdida de empleo, la pérdida de mercados externos y el aumento de los precios para los consumidores argentinos”. Se agrega que en ese momento “nuestro país se encontraba en el tercer lugar del ránking de exportación y producción”, con un total de 700 mil toneladas exportadas, cayendo luego por debajo de las 200 mil toneladas.
“En 2020 las operaciones de exportación se ubicaron en más de 900 mil toneladas y aportaron más de 2.500 millones de dólares”, en tanto “la recuperación de la actividad sobrevino luego ue el anterior Gobeirno removiera las trabas para exportar”.
Se destaca también que “incumplir los compromisos de contratos de exportación no sólo afecta al sector agropecuario, sino que afecta al país ante los mercados externos, donde se vería seriamente afectada su reputación de ser un exportador confiable”.
Aluden que el 30 de junio vence el período de cumplimiento de los cortes de la Cuota Hilton con beneficios arancelarios, poniendo en riesgo estos beneficios y reduciendo el ingreso de divisas en el país.
Remarcan “que el mercado argentino de consumo de carne vacuna no se encuentra desabastecido”, mientras “que el inconveniente más importante no es el costo de la carne vacuna, sino el bajo poder adquisitio de los sueldos de los trabajadores argentinos, con una moneda altamente devaluada y una alta presión impositiva que genera que el 30 por ciento de su valor está representado por impuestos”.
Con una mirada más concreta sobre la ciudad, se advierte que esta situación “afectará al sistema económico y productivo de una gran economía recional, los productores y los pobladores del interior verán caer su capacidad de compra y los negocios de todo tipo reducen su actividad”.
Se ponen de manifiesto datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina con los que se demuestra un crecimiento del sector desde 2016, “de la mano de un contexto de reglas claras de juego y previsibilidad, a pesar del difícil contexto económico”. En marzo pasado se exportaron 52.400 toneladas de producto, con un aumento interanual del 23,3 por ciento, con cifras históricas, que lograron una facturación de 225,2 millones de dólares, creciendo 6,8 por ciento respecto a marzo de 2020.
En concreto, el Concejo Municipal de Rafaela logra una mirada de defensa productiva de una actividad relevante para la ciudad y la región, pero de alguna manera se pone en el mismo tono de oposición a la medida que manifestara el propio Gobernador a horas de haberse conocido el anuncio.
Este tipo de acciones no hacen más que estructurar un resguardo de las actividades fundamentales de la ciudad, donde la producción ligada al sector agropecuario y agroindustrial, le incomode a quien sea, son la base del progreso histórico rafaelino. El campo y la industria tienen en la ciudad un vínculo insoslayable con el desarrollo, que han hecho de esta la tercera ciudad de la provincia, pero también una referencia socio-económica a nivel nacional.
Cabe destacar que la comunicación se le hizo llegar a Omar Perotti; al intendente, Luis Castellano; al senador nacional, Roberto Mirabella; y a la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone.
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