De esas acciones de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina surgieron múltiples complicaciones, que comenzaron con el despido de 26 personas antes de la llegada de una cautelar que impedía ese tipo de decisiones, pero también impulsaba multas a la empresa que habían sido elevadas hace horas, derivando incluso en la imputación de delegados y trabajadores.
Sin embargo, parece que los cambios en la legislación laboral que están dados por la reciente votación de la Ley Bases, ya comenzaron a hacer efecto en ámbitos judiciales.
Este mediodía de viernes, hubo novedades con la cautelar que había impuesto el juez laboral José Ignacio Ramonet, le magistrado que había comenzado con un yerro al indicar que debían reincorporarse a 29 trabajadores con condición de delegados, siendo sólo 26 los cesanteados por no presentarse a sus puestos de trabajo y permaneciendo en relación con la empresa los tres delegados en cuestión.
Fueron muchos meses de entredichos en el Juzgado, con la presentación de ofertas para zanjar las diferencias con el pago de indemnizaciones, pero sobre todo para frenar el costo que Ramonet imponía a esta pyme láctea, que hace horas había de pasado de 10 a 50 mil pesos por día, por trabajador. Esto queda sin efecto, a pesar de haber sido expedido hace horas.
El texto conocido hoy destaca que las cautelares son temporales, lo cual se contradice con sus sostenimiento y en este caso incluso afecta la medida a los trabajadores que si se desempeñan en la empresa en la actualidad y forman parte del proceso.
Sobre la base de la eliminación de la violencia y el acoso en ámbitos laborales que impulsa la Organización Internacional del Trabajo, pero también que se esgrimen en el artículo 14 bis de la constitución, con condiciones dignas y equitativas, se avanza en una decisión clave.
“Se suspende la ejecucion de la medida cautelar de reincorporación que se viene llevando a cabo en este incidente, con la consecuente suspensión de las astreintes oportunamente previstas, sin perjuicio de las ya devengadas”.
Lo cierto es que sólo se solicita el pago de la multa acumulada a Haroldo Javier Rodríguez, Fabio David Quiroga, José Andres Pellejero, Juan Manuel Damico, Walter Miguel Corvalán, Juan Carlos Chinesnuck, Walter Alejandro Cerri y Claudio Andrés Anidos.
De todas maneras la suspensión de la cautelar cancela la opción de reincorporación de los trabajadores, obedeciendo a los argumentos planteados por la titularidad de la empresa en cuanto a la falta de confianza sobre estos trabajadores que mantuvieron el bloqueo, además de la situaciones de violencia y amenazas planteadas en su momento, tanto a compañeros de trabajo, como a directivos.
Se desprende entonces de esta definición judicial y tal como lo explicó la abogada Mariana Heim que “hay elementos suficientes consideramos para entender que esto no fue una huelga como derecho constitucional, sino que se enmascaró, que esto fue un bloqueo en el que se cometieron delitos, prácticas no correspondientes con buenos trabajadores y que no pueden ser recontratados.
Cabe recordar que esta medida se comenzó un lunes, con los silos llenos de leche, sin aviso, ni intimación previa, suscribiendo un acta falsa reclamando recategorizaciones para empleados que había señalado el gremio, mientras el Ministerio de Trabajo de la provincia ya se había expedido sobre el correcto encuadramiento”.
El caso de Vidal ahora se torna más técnico, continuando su camino judicial, pero con la convicción de tener en frente a un reclamo armado, forzado, donde los trabajadores fueron utilizados para presionar a la empresa y terminaron siendo despedidos, sin beneficio alguno siquiera para el gremio.
Lácteos Vidal viene dando hace casi dos años una pelea muy grande por sobrevivir, luego de una manifestación violenta y sorpresiva sindical que no hizo más que fortalecer los vínculos internos de trabajadores y empresa, mucho más allá de las aspiraciones del gremio.
Comentarios