Con la caída de la que procesaba postres, yogures y flanes con marca SanCor, se sabía que llegaría esta instancia y fue este martes que la Justicia lo confirmó.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes decretó la quiebra de la empresa Lácteos Conosur S.A., de la ciudad de Suipacha, al constatar el incumplimiento del acuerdo preventivo que había sido homologado con sus acreedores.
De esta manera, se inhabilita así a su presidente, Jorge Luis Borges León, a ejercer por un año cargos de administraciónby se ordena el cierre inmediato del establecimiento industrial.
La declaración judicial llegó tras la presentación de Lácteos Watt’s S.A., uno de los principales acreedores por la falta de pago de parte de la segunda y la totalidad de las cuotas tercera, cuarta y quinta para cancelar la deuda que superaba los 293.857 dólares. El hecho objetivo de incumplimiento se verificó sin posibilidad de respuesta o conducta reparadora por parte de la deudora, lo que tornó ineludible la declaración de quiebra, según lo establece la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522.
Lácteos Conosur S.A., cuya marca era La Suipachense, estuvo vinculada en los últimos años a la firma de los hermanos venezolanos Manuel y Carlos Fernández, con ciertos vínculos con la familia Vicentín, figuras de gobiernos anteriores y con Arsa, ambos casos con igual fin y con días de diferencia. Ambas empresas quebradas, sin conocerse el paradero de los responsables reales y en definitiva son más de 600 los trabajadores afectados, que vienen ya de más de dos años de conflictos, deudas e indefiniciones.
Leer sobre la quiebra de ARSA https://elidaporelcampo.blogspot.com/2025/11/quebro-arsa-y-con-mas-de-400.html
Claro que los escándalos fueron varios, no sólo por la toma de las plantas que hicieron en reclamo los empleados, sino por aquel hecho de la venta en sachet de leche en polvo rehidratada como bebida láctea, algo que en este país no se acepta como producto comercial, teniendo en cuenta la balanza productiva del sector lechero, la capacidad y el cuidado de los consumidores.
El final era sabido para La Suipachense, impactando incluso en proveedores y productores tamberos, que ya venían trabajando en la redirección de negocios.
La sentencia subraya que la firma no ha podido sostener la generación de ingresos, ni el restablecimiento de su producción, continuando en una cesación de pagos desde hacía más de tres meses, con una deuda superior a mil millones de pesos y múltiples cheques rechazados por 8.458 millones de pesos, que pese a las reiteradas intimaciones de la sindicatura, jamás se presentaron medidas de recomposición.
Este abandono que se hizo de la empresa, deja sin trabajo y sin liquidaciones a más de 120 trabajadores, golpeando muy fuerte a la estructura socio-económica de la localidad de Suipacha.
La resolución judicial ordena la anotación de la quiebra en el Registro de Juicios Universales y notifica al Banco Central de la República Argentina, BCRA, para el bloqueo de cuentas, cajas de seguridad y fondos de la sociedad fallida. Se establece además la inhabilitación del presidente y la prohibición de realizar pagos, la clausura y constatación del establecimiento industrial con el inventario de bienes y el registro fotográfico correspondiente, además de la intervención de correspondencia postal y electrónica.
La Sindicatura se hará cargo de la custodia de los bienes, deberá garantizar los servicios esenciales (luz, gas, seguridad) y avanzar con la venta y liquidación del activo. Además, se ordena informar a la Justicia Penal por posibles delitos de administración fraudulenta.
Se fijó como fecha límite para la verificación de créditos el 10 de febrero de 2026. La Sindicatura deberá continuar con el reajuste de créditos y la promoción de las denuncias penales.
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