Por Elida Thiery (Bichos de campo) - Hace muchos años que en este espacio venimos recorriendo la situación de Lácteos Verónica, una empresa en crisis desde hace más de ocho años, con deudas conocidas públicamente que se intentaron sanear muy lentamente, una recuperación en los años de pandemia gracias al comercio exterior que nunca impactó en sus empleados, pero sobre todo, una paralización en abril de 2025 que nunca se pudo superar.
Hubo contratos de producción para terceros que hubieran podido ser la alternativa, entre octubre y enero pasados, pero los incumplimientos y una multiplicación de pasivos generaron un deterioro irremontable.
La división hace un año de la empresa agropecuaria fue el indicio fundamental para entender que no había marcha atrás con un desmembramiento de la láctea que aún no encuentra rumbo.
Todo esto sería parte de una triste historia de la familia Espiñeira si no involucrara a 700 empleados, muchos ya alejados y con la fortuna de otros trabajos u otras tareas, muchos otros esperando que su destino tenga una orientación concreta, pero tantos otros acreedores por servicios e implmentos jamás cubiertos.
Se entiende que Verónica se hundió por la poca pericia en su manejo, a pesar de tener una historia centenaria, porque gobiernos pasaron muchos, sin embargo reacción nunca se tuvo para evitar semejante desastre.
Todo esto estuvo atravesado en el último año por múltiples ofertas para la compra de algunas plantas, por parte de empresas del sector, e incluso de otros segmentos productivos. A todos se les negó la oportunidad de no llegar hasta acá, con muchos miles de millones de pesos en el rojo, entre lo que se cuentan salarios y cargas desde diciembre pasado.
A fin de agosto, Lácteos Verónica recurrió al Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para solicitar la apertura de un Concurso de Acreedores que aún no se concedió, por la falta de claridad en el proceso. No es una empresa que inevitablemente quedó en esa situación, sino que es una que no quiso cambiar su rumbo y a la vez, debe muchas explicaciones.
La semana pasada la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, en una comunicación para afiliados confirmó que la Justicia pide papeles para poder avanzar, e incluso se deja entrever que no hay deuda reclamada del gremio a la empresa, lo cual confirma lo que siempre se sospechó, un sindicato sin quejas, sin movilización y trabajadores solos reclamando por sus puestos de empleo.
Se entremezcló en todo este esquema a una suerte de “apropiación” de la planta de Suardi por parte del gremio, que fue quien anunció hace un mes la reactivación de las instalaciones para el secado de leche en favor de la empresa Copalac SAS. Una firma creada recientemente, que tiene a socios acreedores de la láctea y que pretende así recuperar pérdidas.
Costó la puesta en marcha, sobre todo por la caldera que estuvo abandonada por más de un año, pero ya se está trabajando, con menos del 30% del personal, sin mucha certeza sobre cómo seguir, aunque ya con acuerdos de fasón para otras empresas y por tiempo acotado, tal como lo había comunicado Atilra, endilgándole la gestión al secretario nacional, Héctor Ponce.
Ahí está el vínculo con la firma extranjera, Mexicana de Industrias y Marcas, que acaba de comprar cuatro plantas en el país, pero en este caso sólo pretende leche en polvo.
Por otra parte, asoma el empresario Sergio Armando que tiene en otros sectores también deudas y que en este caso se presenta como titular de Lacterra SA.
Hace varias semanas que ronda su nombre a la planta de Clason, en las cercanías de Totoras. Lo llamativo es que se dice comprador de un inmueble que aún no compró.
Incluso habla de la concreción de este proyecto, sobre la planta que está paralizada hace más de un año y que tiene varias deficiencias estructurales, donde ni siquiera hubo guardias constantes en todos estos meses.
No sólo no se hizo operación económica alguna, sino que todo depende de la incorporación de un socio comercial del rubro lácteo que garantice la inserción en el mercado, así como de la posterior homologación por parte de la Justicia, sobre lo cual Armando le pone un plazo de dos a tres semanas al juez que interviene en el pedido.
Bichos de Campo tomó contacto con él para consultarle estas contradicciones, sin embargo, no fue posible generar el intercambio en las últimas horas, quedando abierta la posibilidad para hacerlo cuando el señor Armando lo desee.
Para la planta de Lehmann no habría ni ofertas, ni cambios, ya que algunos dicen que existe una voluntad de uno de los socios familares de quedársela y revivirla. Pero son trascendidos, poco claros como todo este proceso.
A toda esta novela trágica, se sumó en las últimas horas una versión de la conversación de un trabajador despedido del centro de distribución Boulogne y Gonzalo Espiñeira, donde el empresario dice estar intentando la venta de la empresa durante los últimos dos años, niega versiones periodísticas de venta por partes, e incluso cuenta no haber podido negociar nunca con Atilra la discontinuidad de los turnos de quesería de los fines de semana, que generan en las empresas una erogación extraordinaria, dificil de sostener, siendo los costos de los turnos fuera de lunes a viernes los que llevaron a las pymes a no trabajar durante sábados y domingos hace años.
Es lamentable escuchar que un empresario justifica la falta de pago de salarios por la paralización que él mismo y sus pares generaron en la empresa, sin haber tenido una reacción inmediata para frenar tanto daño, en un contexto muy complejo y que aún está lejos del final.

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