La agroexportadora Vicentin espera la
definición de la Corte Suprema de Santa Fe sobre su situación
concursal, iniciada hace cinco años. Una deuda de más de 1.500
millones de dólares y más de 2.600 acreedores le dan el marco a una
actual empresa que sobrevive con lo justo.
Este aniversario de un hecho que conmovió al sector agropecuario, a la provincia de Santa Fe, pero que también escaló hasta el Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, en definitiva sigue dirimiendo su destino en la Justicia.
Aquel estrés financiero que imponía una reestructuración de pagos, que luego pasó a ser una frenética negociación con acreedores por un total estimado en 1.500 millones de dólares.
Pagos pendientes en todo el país a 2.638 acreedores, involucraban a grandes empresas agroexportadoras, pero también a pequeños productores, luego de un juego financiero que tenía a los granos como excusa, al ritmo de diferentes fondos de inversión que trataban de salir indemnes de un caso evidentemente irregular.
El detalle de aquel concurso aceptado el 6 de marzo de 2020 terminaba resultando en 1.895 acreedores por compra de granos, 586 proveedores de bienes y servicios, 37 acreedores financieros, 19 fiscales, aduaneros y de la seguridad social, 98 accionistas y tres sociedades vinculadas a la empresa con créditos pendientes de percepción, por un total de 99.345 millones de pesos, siendo el principal acreedor el Estado Nacional y particularmente el Banco Nación, por un confuso préstamo de 18.182 millones.
La política de entonces trastabilló fuertemente con Vicentín.
Ese fue el primer trapié gigante del Gobierno de Alberto Fernández y también del entonces gobernador Omar Perotti, que se encaminaron a una intervención fallida, demostrando que las fórmulas del pasado ya no tenían lugar en estos tiempos y con masivas manifestaciones esto quedó totalmente expuesto.
El Decreto de intervención de Alberto Fernández, su idea de expropiación a través del paso por el Congreso de la Nación, pero sobre todo el aval de Perotti generaron un conflicto político con la sociedad que era impensado, el cual encontró un límite en las decisiones del juez Fabián Lorenzini desde Reconquista, de intervenir la empresa, de devolverle al directorio el control.
A partir de ahí se generaron idas y vueltas que hoy siguen siendo una realidad.
Lo más complejo está dado por la actualidad de una empresa que trabaja a fasón, a la cual le entregan granos, para agregarles valor y eso se vende en beneficio de quien pone ese capital de trabajo y no se vuelcan regalías a una firma que sigue esperando la definición de su destino.
Para algunos estaría muy cerca la homologación, que llegaría con la confirmación del fallo que en marzo pasado ya generó la Cámara de Apelaciones de Reconquista, donde los principales interesados en cobrar los pendientes son las grandes firmas cerealeras ACA, Bunge y Viterra, entre otras.
De no accederse al acuerdo, la quiebra de Vicentín marcaría un punto histórico a partir del cual el expediente retornaría a Reconquista para ensayar un salvataje, que podría cambiar el sentido actual de Vicentin, o directamente determinar la quiebra.
Con una operación en sus plantas que hoy sólo asegura la supervivencia, el pago de los salarios llega a ser justo, e incluso durante enero la firma enfrentó protestas por la deuda de un bono que todos los aceiteros del país recibieron y la firma no podía pagar.
Si bien se negoció un “procedimiento preventivo de crisis” que no prosperó, existe un agotamiento económico que requiere de definiciones prontas, para no seguir mellando la situación de trabajadores y comunidades después de algo más de cinco años del inicio del conflicto.
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