Algodonera Avellaneda está considerada entre las diez más importantes del país, por su capacidad tecnológica, que además de su crisis propia enfrenta la competencia creciente de las importaciones y los altos costos laborales. En condiciones normales producía entre 900 mil y un millón de kilos mensuales de telas e hilos.
El martes pasado, Vicentin presentó ante el juez Fabián Lorenzini un informe con el detalle de la deuda salarial y un plan de regularización, correspondiendo a 610 y 620 millones de pesos, sin incluir el mes de febrero. El último pago registrado fue en diciembre, con depósitos parciales de 350 a 150 mil pesos.
La situación se agrava por la deuda millonaria que la empresa mantiene con la proveedora de energía.
Según pudo confirmar Bichos de Campo, este viernes se autorizó la venta del inmueble no productivo, que albergaba oficinas y depósitos en la Capital Federal y que no están en uso al momento, a partir de una oferta original de otras dos firmas, Electroluz y Portland, correspondiente a un aproximado del 78% del valor real del inmueble.
Esto sucede luego de la autorización de la empresa concursada, del Juez, del Comité de Acreedores, de la Sindicatura, entre otros, para poder morigerar la deuda y la situación social generada en 350 empleados en la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe; y otros cien dependientes entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Ahora solo resta levantar una cautelar vigente en un plazo de 72 horas para avanzar en la definición del oferente que se quede con el inmueble referido, siendo Portland SA la que por 1,9 millones de dólares acceda a la compra, con un pago de “liquidez inmediata”, según se detalla en el documento judicial.
Desde el sector gremial se quiere exigir esta disponibilidad de fondos para el pago de salarios en los tres días reales que detalla el documento emitidio por el Juzgado de Pimera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista. Lo que no perciben es que este movimiento resuelva la crisis actual en lo inmediato y que sólo sirve como una ilusión para los trabajadores.
La intención es que a partir de esta venta puntual se puedan pagar sueldos atrasados, servicios impagos, retiros voluntarios pendientes y poder retomar el mantenimiento preventivo de las plantas.
Es la idea inicial, a partir de una propuesta presentada el martes, poner en marcha a las desmotadoras de Chaco y Santiago con un sistema de fasón, en un año en el que la cosecha de algodón promete tener buenos rendimientos. Del mismo modo, se intentaría poner en marcha la hilandería, que sólo trabajaría al 40% de su capacidad, de acuerdo a la demanda actual. De todas maneras, esta propuesta debe tener la anuencia de los gremios textil y aceitero, según las posibilidades reales de llevarla a cabo.
Finalmente, el juez Fabián Lorenzini otorgó a la empresa un plazo de 30 días para presentar informes semanales sobre cómo prevé pagar salarios y reanudar la actividad. El vencimiento sería alrededor del 14 de abril y de no cumplirse, podría activarse el mecanismo de cram down, que habilitaría el ingreso de nuevos oferentes para hacerse cargo de la firma de manera completa.
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