Se conoció este martes que el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, con fecha 27 de marzo y publicado este lunes, dio a conocer de manera formal las sentencias de verificación de créditos en el concurso preventivo de la láctea, confirmando lo que había adelantado Bichos de Campo, cuando confirmábamos que el pasivo concursal asciende a unos 185 millones de dólares, según el cálculo propuesto al dólar de febrero de 2025 cuando se inició el concurso.
A partir del procesamiento de 1.519 pedidos de verificación sobre un total de 2.702 acreedores denunciados, el Tribunal reconoció deudas con proveedores, entidades financieras, organismos fiscales, trabajadores y profesionales, aplicando criterios uniformes de morigeración de intereses, reducción de punitorios y rechazo de créditos alcanzados por el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, homologado en 2023.
Entre los acreedores financieros que destaca el Juez está el fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., admitido como quirografario por USD 51,8 millones (que fue el que vinculó a la Cooperativa con Vicentín, en su momento y que derivó en la desvinculación de marcas y plantas a la ya quebrada Alimentos Refrigerados S.A.).
Además, IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., en liquidación en Islas Caimán, reconocido por USD 34,4 millones más gastos, también como ordinario. Este es el que en varios momentos se intentó imponer como condicionante a una subasta de quesos que oficiaban de warrants, que nunca se concretó.
El fideicomiso estatal FONDEP fue verificado con privilegiado especial por más de $2.279 millones, respaldado por prenda sobre la marca SanCor.
En el plano fiscal, el crédito más voluminoso corresponde a ARCA (ex AFIP), con $23.607 millones de capital y $25.235 millones en intereses y honorarios, aunque las multas posteriores al inicio del concurso fueron rechazadas.
Se verificaron además acreencias de agencias tributarias provinciales y municipales, con intereses reducidos a la tasa activa del Banco Nación.
El capítulo laboral concentra la mayor cantidad de acreedores, siendo 1.044 créditos reconocidos por pronto pago (que ya recibieron y otros 16 trabajadores obtuvieron verificación directa, con montos que van desde poco más de un millón hasta $192 millones. En paralelo, se rechazaron reclamos por aportes a la obra social, salvo los de OSPIL, cuya deuda supera los $1.073 millones. También se ajustaron los retiros voluntarios y subsidios según lo acordado con Atilra.
Es a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina a la que se le adeudan $7.736 millones, a su mutual AMPIL $1.340 millones; y la Mutual SanCor Salud por $786 millones más $3.642 millones en derechos de escrituración.
Entre los acreedores comerciales figuran empresas como Tetra Pak ($479 millones), Nación Seguros ($586 millones y USD 555.000) y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Balnearia ($286 millones, por el servicio eléctrico que el año anterior se había cortado). También se reconocieron honorarios profesionales por más de tres millones de dólares.
El juez dispuso medidas excepcionales para sostener la operatoria. Se prorrogó la coadministración judicial hasta el 30 de junio de 2026, ante incumplimientos graves como deuda postconcursal superior a $6.349 millones y ausencia del balance 2025.
Además, se habilitó la apertura de una cuenta bancaria inembargable en el Nuevo Banco de Santa Fe, destinada a proteger el giro operativo frente a embargos individuales.
Los acreedores disponen de plazo hasta el 7 de abril de 2026 para solicitar aclaraciones.
La sindicatura deberá presentar el Informe General del artículo 39 LCQ en los próximos 30 días, paso previo a la negociación de un acuerdo preventivo, que es algo que viene demorado.
Pero en todo este marco legal se cuela un embate sindical que con el comienzo del año frenó la producción para terceros, que era lo que permitía poder hacer pagos semanales de salarios de mayor importancia. Atilra pidió que las empresas que hacían fasón de productos sean “responsables solidarias” en el pago de sueldos y eso generó la caída de los contratos. Se pasó de pagos de 450 mil pesos por semana a cien mil.
Ya la semana pasada el pago que canceló el salario de agosto fue de 150 mil pesos, porque la Cooperativa encontró una manera de retomar vínculos con terceros. Es SanCor la que compra la leche, con las condiciones de pago que venía sosteniendo con plazos más cortos de liquidación, para poder reactivar lentamente sus plantas.
Quesos, manteca es lo que fundamentalmente vuelve a producirse por tandas y según el ingreso de materia prima o equipos con crema. Volvió a haber insumos en las plantas, donde también hay una mínima producción propia, que se descubre en los supermercados a través del queso Tholem, una de las joyas que conserva SanCor y que a pesar de varias negociaciones, en diferentes momentos y ante distintas ofertas, nunca se lograron acuerdos de traspaso.
Los desafíos son enormes, dependen del ordenamiento interno de la Cooperativa, pero también del corte de la influencia negativa de las aspiraciones del gremio sobre la empresa.
La coadministración, que estuvo en el inicio de este año recorriendo plantas y relevando activos, debe servir para readecuar la economía de una firma que muestra rápida reacción para producir, pero que tiene que exhibir algo similar en sus cumplimientos financieros, con todos los acreedores, pero sobre todo con sus activos laborales.
Comentarios